La Guardia Nacional se prepara para su despliegue en caso de disturbios en Estados Unidos

Este año ha traído un aluvión de emergencias en todo el país que han requerido de la Guardia Nacional: la pandemia del coronavirus, huracanes, incendios forestales y una ola de protestas callejeras.

Ahora esas tropas se están preparando en caso de que sean necesarias una vez más, esta vez para posibles disturbios violentos tras las elecciones.

Las comunidades se están preparando para protestar independientemente del resultado de las elecciones. Si las manifestaciones se vuelven violentas y abruman a la policía local, es casi seguro que los gobernadores llamarán a la Guardia Nacional de sus estados.

Según la ley federal, es la Guardia, no el ejército en servicio activo, la que puede hacer cumplir el orden en suelo nacional.

Ya ha sucedido decenas de veces este año en ciudades de todo el país. Los estados ya están en alerta por violencia.

El lunes, el gobernador de Massachusetts, Charlie Baker, ordenó a 1.000 miembros de la Guardia Nacional a estar en espera en caso de turbulencias después del día de la elección.

Y en Oregón, la gobernadora Kate Brown declaró el estado de emergencia para el área de Portland, citando preocupación por la posible violencia en torno a las elecciones.

Según los planes, la Policía del Estado de Oregon y el alguacil del condado de Multnomah se harán cargo de la gestión de la seguridad pública en la ciudad y Brown dijo que ha ordenado a la Guardia Nacional que tenga miembros entrenados en control de multitudes para que estén en espera.

"Sabemos que hay algunas personas que podrían usar las protestas pacíficas de la noche de las elecciones para promover la violencia y la destrucción de propiedades", dijo Brown el lunes. "Ese comportamiento no es aceptable".

Cientos de tropas de la Guardia Nacional ya han sido convocadas en funciones no policiales para ayudar a los estados donde las filas de los trabajadores electorales se han agotado por la pandemia de coronavirus.

Esas tropas están realizando tareas de ciberseguridad y elecciones de rutina, como abrir boletas por correo.

Hasta la semana pasada, 10 estados habían activado a la Guardia Nacional para ayudar con las tareas electorales, y se espera que 14 más activen tropas esta semana.

Tanto Nueva Jersey como Wisconsin han convocado a cientos de ciudadanos soldados y aviadores para trabajar en las elecciones.

En ambos estados, las tropas que ayudan visten ropa de civil para que los votantes no se alarmen al ver uniformes de camuflaje en las urnas. “Crea una sensación de normalidad”, dijo el mayor Joe Trovato, portavoz de la Guardia Nacional de Wisconsin. “No estamos tratando de alarmar a nadie; solo estamos tratando de apoyar las elecciones".

Pero en un año que es todo menos normal, con el electorado marcadamente polarizado, el presidente advirtiendo a los partidarios de una elección robada y la venta de armas por las nubes, los estados se están preparando para la violencia que puede abrumar a las fuerzas del orden local y traer tropas militares uniformadas a la calles.

Los expertos legales dicen que la elección puede complicar la respuesta porque el presidente tiene amplia discreción para eludir las restricciones legales al declarar una insurrección, lo que le permitiría no solo tomar el control de las tropas de la Guardia Nacional estatal, sino también desplegar el Ejército o la Infantería de Marina.

Si el presidente decide que los disturbios llegan al nivel de la insurrección, hay poco que el Congreso o los tribunales puedan hacer para detenerlo, dicen los expertos legales.

"La ley está escrita de manera tan amplia que el presidente puede decidir qué es una insurrección y no hay mucho que las autoridades locales ni nadie más pueda hacer para detenerla", dijo Rachel VanLandingham, teniente coronel retirada de la Fuerza Aérea que ahora enseña leyes de seguridad nacional en Southwestern Law School en Los Ángeles.

El presidente Donald Trump no ha indicado que desplegará tropas después de las elecciones. Si lo hiciera, los eruditos legales e historiadores dijeron que sería muy inusual.

Pero hace solo unos meses, el presidente señaló que estaba dispuesto a utilizar la Ley de Insurrección para enviar tropas federales en medio de protestas generalizadas por la actuación policial abusiva.

“Si una ciudad o estado se niega a tomar las medidas necesarias para defender la vida y la propiedad de sus residentes, desplegaré al ejército de los Estados Unidos y rápidamente les resolveré el problema”, dijo en junio.

Pero al mismo tiempo que Trump amenazó con desplegar tropas en servicio activo, el secretario de Defensa Mark Esper y el general Mark Milley, presidente del Estado Mayor Conjunto, se opusieron a tal medida para controlar la ola de protestas en las ciudades estadounidenses, incluida Washington, al menos en ese momento.

Esper dijo en una conferencia de prensa en el Pentágono que el despliegue de fuerzas en servicio activo en una función de aplicación de la ley nacional "solo debe usarse como una cuestión de último recurso y solo en las situaciones más urgentes y terribles".

Una ley federal conocida como la Ley Posse Comitatus prohíbe a las tropas federales involucrarse en la aplicación de la ley nacional, dejando ese papel a las fuerzas estatales de la Guardia Nacional.

“Los Padres Fundadores tenían miedo de que un ejército interfiriera en la nueva república, por lo que colocaron la autoridad para hacer cumplir la ley en los estados”, dijo VanLandingham.

Los gobernadores dependieron durante mucho tiempo de las milicias estatales cuando las autoridades locales se vieron abrumadas. Esas milicias en 1903 se organizaron como la Guardia Nacional, pero aún permanecen bajo el control de los gobernadores a menos que estén federalizadas por una emergencia nacional.

Los gobernadores han movilizado a las fuerzas de la Guardia con frecuencia en los últimos meses para responder a las protestas por la violencia policial, así como a los huracanes e incendios forestales.

En junio, durante el apogeo de las protestas, se desplegaron alrededor de 86.000 efectivos de la Guardia en misiones nacionales. Algunos gobernadores han puesto tropas en espera esta semana para las elecciones, incluido el gobernador Greg Abbott de Texas, de quien el San Antonio Express News informó que había enviado 1.000 soldados de la Guardia a las principales ciudades en previsión de la violencia.

Si bien la ley federal prohíbe el uso de tropas federales, el presidente puede levantar esa restricción en virtud de la Ley de Insurrección, que permite al presidente enviar fuerzas armadas si decide que las autoridades locales no están haciendo cumplir las leyes de los Estados Unidos.

Esto ha sucedido en medio de huelgas laborales y conflictos con los nativos americanos y para hacer cumplir la segregación escolar.

La última vez que se utilizó el acto fue en 1992, cuando estallaron disturbios en Los Ángeles después de que cuatro policías blancos fueran absueltos de la golpiza de Rodney King, un automovilista negro.

La Ley de Insurrección podría complicar la respuesta a los disturbios civiles, dijo VanLandingham, porque los alcaldes y gobernadores no tienen voz en lo que se clasifica como insurrección, por lo que se podrían enviar tropas incluso si las autoridades locales no creen que sean necesarias.

Las tropas federales no se han utilizado para protegerse contra la violencia electoral desde los años posteriores a la Guerra Civil, cuando el Ejército estaba estacionado en el sur para sofocar al Ku Klux Klan y proteger a los votantes negros, dijo Joshua Kastenberg, teniente coronel retirado de la Fuerza Aérea y juez militar que enseña derecho militar en la Facultad de Derecho de la Universidad de Nuevo México.

“Históricamente, los presidentes se han mostrado muy reacios a llamar al Ejército. Han usado la autoridad de manera breve y responsable”, dijo, pero advirtió que casi no hay controles sobre el poder del presidente para enviar tropas.

Las impugnaciones en los tribunales son tan lentas que a menudo se deciden mucho después de que se ejecuta una orden ejecutiva, dijo, y el Congreso no tiene capacidad para impugnar lo que la Casa Blanca considera una insurrección.

“Un presidente podría emitir una ridícula proclamación de insurrección o violar la Ley Posse Comitatus y la gente tendría muy pocos recursos”, dijo.