Juicio político contra Trump: cinco actores clave a seguir mientras se desarrolla el enjuiciamiento

El escenario parece estar mayormente listo para el segundo juicio político de Donald Trump, programado para comenzar en serio el 9 de febrero.

Los nueve gerentes de juicio político de la Cámara Demócrata han presentado su caso contra el expresidente en un escrito previo al juicio, y el equipo legal de Trump ha presentado un memorando propio en defensa de sus acciones en torno a la insurrección del 6 de enero en el Capitolio de Estados Unidos.

Si bien los senadores que escucharán el caso parecen estar cristalizando principalmente a lo largo de las líneas del partido en sus posiciones para condenar o absolver a Trump, hay medio grado menos certeza sobre el resultado del segundo juicio político que el primero.

Esa incertidumbre surge de los líderes republicanos del Senado que inicialmente indicaron el mes pasado que estaban considerando seriamente condenar a Trump como un medio para exorcizar su influencia del partido.

A medida que se desarrolla el juicio político, aquí están las personas a las que hay que observar para evaluar cómo va:

Donde vaya el líder de la minoría republicana, muchos de sus colegas lo seguirán.

McConnell, según todos los informes, ha estado disgustado con Trump por su papel de fomentar la furia entre la base electoral del partido republicano que llevó a la insurrección en el Capitolio.

Los dos no han hablado desde diciembre.

"La mafia fue alimentada con mentiras", dijo McConnell en el Senado el 19 de enero sobre los alborotadores pro-Trump que profanaron los pasillos de la legislatura apenas 13 días antes.

“Fueron provocados por el presidente y otras personas poderosas, y trataron de usar el miedo y la violencia para detener un proceso específico de la primera rama del gobierno federal que no les gustó”.

Desde entonces, McConnell ha indicado su gran interés en escuchar a los gerentes de juicio político de la Cámara enjuiciar su caso contra el expresidente. Esto, si bien es incongruente con su voto del 26 de enero para desestimar el juicio por inconstitucional, demuestra lo furioso que está por verse atrapado en el caos junto con otros legisladores el 6 de enero.

“Voy a escuchar los argumentos. Creo que eso es lo que deberíamos hacer. Eso es lo que dije antes de que comenzara. Esa sigue siendo mi opinión. La cuestión sobre la que ya hemos votado es una cuestión constitucional interesante. Creo que deberíamos escuchar a los abogados discutir la cuestión”, dijo McConnell el 1 de febrero.

El republicano de Dakota del Sur, el principal adjunto de McConnell, ya ha indicado que no apoyará la condena de Trump por motivos de procedimiento.

Eso lo coloca en el mismo campo que los 35 republicanos del Senado (hasta ahora) que han recurrido al argumento de que la Constitución no permite que el Senado lleve a cabo un juicio para un funcionario federal que ya no está en el cargo.

Es una posición legal endeble, la mayoría de los académicos constitucionales de todo el espectro ideológico están de acuerdo, pero una a la que tienen derecho ya que cada senador actúa como su propio juez y jurado en un juicio político.

El memorando previo al juicio de los demócratas de la Cámara de Representantes del 2 de febrero destaca las obvias lagunas para la justicia que permite una lectura de la Constitución que prohíbe los juicios posteriores al servicio.

“La Constitución no permite a los funcionarios eludir la responsabilidad de cometer delitos imputables al dimitir cuando son capturados, o al esperar hasta el final de su mandato para abusar del poder, o al ocultar la mala conducta hasta que concluye su servicio”, argumentan los encargados de la acusación.

Además, señalan, el lenguaje de la Constitución establece claramente en el Artículo I, Sección 3, Cláusula 6: “El Senado tendrá el poder exclusivo de juzgar todos los juicios políticos”.

Los académicos legales, incluidos los exjueces federales designados por los presidentes republicanos, han escrito extensamente sobre cómo esa frase proporciona legitimidad para este juicio y otros.

Thune no ha tenido reparos en criticar el comportamiento de Trump y sus mentiras sobre el fraude electoral que llevó al asalto al Capitolio el 6 de enero. Esa franqueza lo ha puesto en problemas en su hogar en Dakota del Sur, donde los leales a Trump quieren ver a alguien en las primarias en su próximo ciclo electoral.

Será interesante ver si Thune continuará condenando las acciones del presidente discutidas durante el juicio político o si se acercará más al argumento de tuercas y tornillos de que todo el ejercicio es inconstitucional.

Toomey, un republicano de Pensilvania en su primer mandato, y Portman, que cumple su segundo mandato en Ohio, se jubilarán después de 2022 en lugar de buscar la reelección.

Eso los coloca en la posición única de poder votar en el juicio político de Trump sin temor a represalias políticas, ya que ambos dejarán el cargo público en dos años de todos modos.

Toomey fue uno de los cinco republicanos que votaron en contra de una moción del senador republicano Rand Paul para desestimar el juicio inminente con el pretexto de que sólo los presidentes en ejercicio pueden ser juzgados.

“En mi opinión, el texto y contexto de la Constitución, el significado del término 'juicio político' para los fundadores, y los precedentes más relevantes indican que es constitucionalmente permisible que el Senado considere el juicio político al presidente Trump”, dijo en una declaración posterior a esa votación oponiéndose a su propio partido.

Toomey ha expresado su denuncia contra Trump, llegando incluso a pedirle que dimita tras los disturbios en el Capitolio.

Sus comentarios inmediatamente después de la insurrección parecen sugerir que se inclina hacia la convicción, aunque no ha dado la mano públicamente.

"Creo que el presidente se ha descalificado a sí mismo para volver a desempeñar el cargo", dijo Toomey. "No creo que sea elegible de ninguna manera".

Portman, un legislador empedernido, votó a favor de la moción republicana para desestimar el juicio, a diferencia de Toomey. Sin embargo, dejó en claro que ese voto no debe interpretarse como un respaldo a la absolución de Trump.

"He dejado muy claro que el expresidente Trump tiene cierta responsabilidad por lo que sucedió el 6 de enero y sus acciones", dijo Portman en un comunicado el 26 de enero.

"A medida que avanza el juicio, escucharé las pruebas presentadas por ambas partes y luego emitiré un juicio basado en la Constitución y lo que creo que es lo mejor para el país".

El gerente principal de juicio político, considerado entre sus colegas uno de los miembros más serios y simpáticos del Congreso, es una figura en gran parte comprensiva.

Raskin, un demócrata de Maryland por segundo mandato, estaba de duelo por la muerte por suicidio de su hijo de 25 años, Tommy, cuando los alborotadores irrumpieron en el Capitolio el 6 de enero.

Su respuesta en el momento al caos aparece en la declaración de hechos de los demócratas en su informe previo al juicio.

Mientras los alborotadores entraban en estampida por el edificio, Raskin “pidió a su jefe de gabinete que protegiera a su hija y su yerno que los visitaban 'con su vida', lo que hizo al hacer guardia en la puerta agarrando una plancha de fuego mientras su familia se escondía debajo de una mesa”, escriben los gerentes.

Raskin y los otros ocho gerentes de juicio político presentarán un llamamiento emocional para su caso además del legal, ya que el motín ha dejado a cientos de personas en Capitol Hill traumatizadas, desde legisladores, personal y oficiales de policía hasta periodistas y trabajadores de mantenimiento.

Espere que intercalen sus argumentos legales a favor de la condena de Trump con detalles desgarradores sobre el día mortal en Washington.

A la cabeza del equipo de defensa de Trump está el abogado de Pensilvania Bruce Castor, conocido anteriormente por negarse a enjuiciar a Bill Cosby y luego demandar a uno de sus acusadores.

Castor no ha sido un miembro activo del círculo íntimo del presidente a lo largo de los años, pero fue presentado a Trump a través de su primo, Steve Castor, un exabogado republicano del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes durante sus primeras audiencias de juicio político en 2019.

Castor ha prometido no repetir como loros las afirmaciones del presidente de que los resultados de las elecciones de 2020 fueron fraudulentos, pero su informe previo al juicio de 14 páginas del 2 de febrero sugiere que podría perderse en ese territorio.

El escrito del expresidente describe sus dos líneas de defensa: primero, que Trump simplemente estaba ejerciendo sus derechos de la Primera Enmienda al cuestionar los resultados de las elecciones de 2020, y segundo, que la Constitución no permite que los expresidentes se enfrenten a un juicio político.

Es un esfuerzo superficial para socavar el caso de los fiscales, sugirió Dale Carpenter, profesor de derecho constitucional en la Universidad Metodista del Sur.

“Ningún tribunal federal siquiera va a considerar argumentos sobre si una condena es permisible o está justificada. Sólo el 'tribunal de acusación' compuesto por los propios senadores decidirá este asunto. Por tanto, la respuesta del expresidente es una defensa política, más que legal. Cuenta con el hecho de que pocos republicanos se atreverán a votar para condenarlo, independientemente de los méritos ”, dijo Carpenter.