Trump propone quitar exención fiscal a escuelas que proporcionen ayuda estudiantil basada en la raza

El gobierno del presidente Donald Trump propone una nueva norma que retiraría a las escuelas y universidades privadas su condición de exentas de impuestos si brindan ayuda específica a estudiantes en función de su raza, una importante escalada en la campaña de la Casa Blanca para erradicar los programas de diversidad dirigidos a estudiantes negros, hispanos y de otras minorías.
El Departamento del Tesoro propuso el cambio el jueves, en una nueva regulación que, de aprobarse de forma definitiva, entraría en vigor después de mayo de 2027. La norma busca, en términos generales, poner fin a cualquier política o programa que ayude a estudiantes por su raza, y señala específicamente que esos beneficios en admisiones, becas e instalaciones “serían incompatibles” con la norma.
Se trata del intento más reciente del gobierno de Trump por presionar a escuelas y universidades para que eliminen las políticas de diversidad, equidad e inclusión (DEI) que se habían vuelto comunes antes de que el republicano regresara a la Casa Blanca con la promesa de ponerles fin. Funcionarios del gobierno han recurrido a leyes de la era de los derechos civiles para desmantelar esas políticas, afirmando que discriminan a estudiantes blancos y asiático-estadounidenses.
Decenas de universidades han cerrado o rebautizado sus oficinas de DEI y han puesto fin a becas y clubes diseñados para estudiantes pertenecientes a minorías, bajo la presión de la Casa Blanca. En un comunicado en el que anunció la propuesta, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, sugirió que incluso las políticas que ya no estén bajo el rótulo de DEI podrían ser objeto de medidas.
“Que las escuelas rebauticen preferencias basadas en la raza como equitativas, inclusivas o que mejoran la diversidad no cambia su naturaleza discriminatoria”, afirmó Bessent.
El Departamento del Tesoro y la oficina de rentas internas (IRS, por sus siglas en inglés) calculan que hasta 18.000 escuelas privadas, universidades y otras instituciones educativas podrían verse afectadas por la propuesta.
Las universidades privadas de Estados Unidos han estado exentas de muchos impuestos durante más de un siglo porque aportan un bien público. Ese beneficio ahorra millones de dólares cada año a muchas instituciones universitarias.
Trump ha visto la exención fiscal como una palanca en su campaña de presión contra universidades a las que describe como focos de la “cultura woke”. Amenazó con retirar el beneficio a la Universidad de Harvard el año pasado durante su disputa con la institución, que es la más antigua del país. En respuesta, funcionarios de Harvard señalaron que no existía base legal para hacerlo y sostuvieron que ello obligaría a recortar la ayuda financiera y la investigación médica crucial.
Es sumamente raro que el gobierno federal vaya contra la condición de exención fiscal de una universidad, pero existe un precedente notable. La Universidad Bob Jones, una pequeña escuela cristiana en Carolina del Sur, perdió el beneficio en la década de 1970 por prohibir las citas y el matrimonio interracial en el campus. La Corte Suprema confirmó la decisión del IRS de negarle a la escuela su exención. Posteriormente, la institución puso fin a la prohibición y recuperó la exención de impuestos en 2017.
Las leyes prohíben que el IRS apunte contra individuos y organizaciones por razones ideológicas, y a los funcionarios federales no se les permite dirigir investigaciones de ese organismo.
Para mantener la condición de organización sin fines de lucro, que permite que las donaciones sean deducibles de impuestos, las organizaciones deben cumplir las normas del IRS sobre cabildeo, actividad en campañas políticas y requisitos de informes anuales, además de otras obligaciones.
El gobierno de Trump describe la nueva propuesta como un paso para restaurar el mérito en los sistemas educativos del país.
En otros hechos, el Departamento de Justicia ha abierto investigaciones sobre varias facultades de medicina a las que acusa de favorecer a estudiantes negros e hispanos en las admisiones. Funcionarios de Trump sostienen que cualquier favoritismo de ese tipo viola el Título IV de la Ley de Derechos Civiles de 1964, una ley federal que prohíbe la discriminación en la educación y que fue creada para combatir la segregación y sus efectos.
Frank J. Bisignano, director ejecutivo del IRS, indicó en un comunicado que las escuelas privadas que promuevan prácticas discriminatorias dejarán de estar exentas de impuestos.
“Las regulaciones propuestas hoy ponen a las instituciones sobre aviso, y las escuelas que continúen incurriendo en discriminación racial deben esperar perder ese estatus”, afirmó.
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La periodista de educación de The Associated Press Annie Ma contribuyó a este informe.
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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.





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