Republicanos y demócratas se preparan para batallas jurídicas sobre resultados electorales de 2024

El republicano Donald Trump, que todavía se niega a aceptar que perdió las elecciones de Estados Unidos en 2020 ante el demócrata Joe Biden, dice que quiere una victoria presidencial el 5 de noviembre que sea tan abrumadora que los resultados sean “demasiado grandes para manipularlos”.

“Queremos una victoria aplastante”, enfatizó recientemente a sus partidarios en Georgia. “No podemos permitir que pase nada”.

Sin importar los márgenes de diferencia, los republicanos y los demócratas se preparan para una batalla potencialmente larga sobre los resultados una vez que se conozcan. Decenas de demandas que podrían preparar el escenario para impugnaciones después de que los votos sean contados ya han sido presentadas en tribunales de todo el país. La mayoría han sido incoadas por republicanos y sus aliados. Muchos de los casos involucran impugnaciones a la votación por correo, papeletas de electores en el extranjero y alegatos de que personas que no son ciudadanos estadounidenses emiten votos.

Trump, que enfrenta cargos penales federales por sus empeños para revertir su derrota de 2020, se ha negado repetidamente a declarar inequívocamente que aceptará los resultados de este año.

Por su parte, los demócratas advierten que los negacionistas electorales instalados en puestos clave relacionados con la votación en todo el país podrían rehusarse a certificar resultados legítimos y generar litigios.

“En 2020, los negacionistas electorales improvisaron. ... Ahora ese mismo impulso negacionista electoral está mucho más organizado, es mucho más estratégico y está mucho mejor financiado”, dijo a periodistas en una conferencia telefónica Michael Waldman, presidente del Brennan Center for Justice, una organización sin fines de lucro de la Facultad de Derecho de la Universidad de Nueva York. “Al mismo tiempo, el sistema electoral está mucho mejor preparado, creemos, para manejar algo como esto”.

Si bien las batallas partidistas sobre las reglas de votación han estado presentes en las campañas presidenciales desde hace mucho tiempo, los litigios electorales se han disparado en los últimos años. Con el dinero que se destina a las batallas jurídicas y la proliferación de grupos externos involucrados en litigios electorales, es poco probable que las disputas disminuyan en el corto plazo.

“No se trata sólo de los partidos; son organizaciones externas, y están recaudando fondos con base en cómo pueden proteger la democracia, cómo pueden proteger la integridad de las elecciones, sea lo que sea eso”, expresó Derek Muller, experto en derecho electoral y profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Notre Dame. “Tienen donantes adinerados que respaldan estos litigios. Así que no parece haber ninguna distensión a la vista”.

Cuando faltan poco más de dos semanas para el día de las elecciones, se han presentado unos 180 casos sobre votación y elecciones en lo que va del año, según el abogado demócrata Marc Elias, quien fundó el grupo de seguimiento de litigios electorales Democracy Docket.

Ello ocurre cuatro años después de que Trump y sus aliados inundaran los tribunales con demandas en las que afirmaban que hubo fraude, las cuales fueron rechazadas rotundamente por jueces que habían sido nominados para el tribunal por presidentes de Estados Unidos de los dos principales partidos políticos.

La tasa de litigios electorales casi se ha triplicado desde 2000, cuando la Corte Suprema —en una votación de 5 a 4— resolvió definitivamente que el republicano George W. Bush había ganado las elecciones sobre el demócrata Al Gore, escribió en 2022 Rick Hasen, experto en derecho electoral que ahora está en la Facultad de Derecho de la Universidad de California en Los Ángeles.

El papel del tribunal superior en esa contienda generó un enorme interés en el derecho electoral e impulsó un aumento en los litigios, el cual se aceleró en 2020 debido a los cambios en las reglas de votación durante la pandemia de COVID-19.

Las modificaciones en las reglas de financiamiento de campañas hace una década han permitido a los donantes dar a los partidos enormes sumas de dinero específicamente para peleas jurídicas. En la actualidad, con los litigios electorales no siempre se pretende ganar en los tribunales, sino también enviar un mensaje político para estimular a los donantes.

“Se ha vuelto parte de la campaña el mostrar lo que tienes en los tribunales”, dijo Rebecca Green, profesora de la Facultad de Derecho William & Mary y experta en derecho electoral. “Se ha vuelto común que las campañas litiguen como una manera de atraer encabezados noticiosos, de hacer llegar un mensaje”.

Las mentiras de Trump sobre la derrota en las elecciones de 2020 han sido acogidas por muchos en su propio partido.

Pero en 2020, aunque él comenzó con un grupo extenso de abogados sofisticados, la mayoría de ellos desertó de la iniciativa mientras Trump seguía haciendo afirmaciones infundadas de que se había cometido un fraude electoral, incluso cuando su propio gobierno insistía en que las elecciones habían sido confiables y que no había un fraude generalizado.

Esta primavera, el Comité Nacional Republicano lanzó lo que dijo era un programa de integridad electoral “sin precedentes”, con planes de tener 100.000 voluntarios y abogados en estados clave que no tienen una tendencia política definida con el fin de que formen parte de un “compromiso para garantizar la transparencia y la imparcialidad en las elecciones de 2024”.

“La iniciativa del presidente Trump por la integridad electoral está dedicada a proteger cada voto legal, mitigar las amenazas al proceso de votación, y garantizar la confiabilidad de las elecciones. Aunque los demócratas continúan con su interferencia electoral contra el presidente Trump y el pueblo estadounidense, nuestra operación está confrontando sus planes y preparándose para noviembre”, dijo Claire Zunk, directora de comunicaciones de integridad electoral del Comité Nacional Republicano. Indicó que están preparados para litigar.

Parece improbable que algunos de los casos que se encuentran actualmente en los tribunales sean resueltos antes del 5 de noviembre, pero podría volver a haber reclamaciones después de que se cuenten los votos para impugnar los resultados en los tribunales, dijo Jess Marsden, abogada del grupo Protect Democracy —una organización apartidista sin fines de lucro para controlar los ataques autoritarios a la democracia estadounidense— y directora de su programa para garantizar elecciones libres e imparciales.

Las batallas judiciales más importantes podrían ser sobre reglas para certificar el voto. Hay un proceso de revisión nuevo, y más rápido, para las disputas de certificación según las actualizaciones a la Ley de Reforma del Conteo Electoral aprobada por el Congreso en 2022. Al igual que los casos de rezonificación de distritos, las disputas de certificación pueden presentarse ante un tribunal de tres jueces en el estado donde se originaron y rápidamente se puede apelar sobre ellas ante la Corte Suprema.

“Sí sospecho que podrían ser utilizadas por candidatos perdedores como un intento desesperado o, en algunos casos, peor aún, como una forma de intentar conseguir que los tribunales cambien el resultado de las elecciones”, manifestó Wendy Weiser, vicepresidenta para la democracia en el Brennan Center. “Dicho esto, también es una salvaguarda en caso de que haya habido algunas artimañas relacionadas con la certificación”.

La semana pasada, un juez en Georgia declaró que siete reglas electorales nuevas aprobadas recientemente por la Junta Electoral del Estado son “ilegales, inconstitucionales y nulas”. Eso incluye una que requería que el número de papeletas se contara a mano después del cierre de las urnas. Otra exigía que funcionarios del condado realizaran una “averiguación razonable” antes de certificar los resultados, pero no especifica qué significa eso.

Los republicanos han recurrido al tribunal más alto del estado para apelar la decisión del juez que invalida las reglas.

Michael Whatley, presidente del Comité Nacional Republicano, dijo que ese fallo era “lo peor del activismo judicial”.

“Al revocar las reglas de sentido común de la Junta Electoral del Estado de Georgia, aprobadas para salvaguardar las elecciones en Georgia, el juez se puso del lado de los demócratas en sus ataques a la transparencia, la rendición de cuentas y la integridad de nuestras elecciones”, dijo Whatley en una declaración. “No permitiremos que esto se quede así”.

No existe una manera legítima de que un condado o un estado se rehúsen a certificar resultados electorales, pero eso no significa que no lo intentarán, declaró Weiser a periodistas el miércoles. Incluso si son infructuosos, esos empeños pueden estimular teorías conspirativas y “contribuir al caos y a los retrasos”, agregó.

“Si hay diversos empeños simultáneos para negarse a certificar, y una enorme oleada de demandas simultáneas cuando el margen de diferencia es muy estrecho, eso le dificultará más las cosas a los funcionarios electorales”, agregó Weiser.

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Las periodistas de The Associated Press Kate Brumback, en Atlanta, y Christine Fernando en Chicago contribuyeron a este despacho.