Pentágono detiene plan “absurdo” para dar vacunas contra el COVID-19 a prisioneros de Guantánamo
El plan de vacunas causó indignación entre los republicanos
El Pentágono ha detenido un plan para ofrecer la vacuna COVID-19 a los prisioneros en el centro de detención de la Bahía de Guantánamo, un grupo que incluye al planificador del 11 de septiembre Khalid Sheikh Mohammed, luego de una protesta entre los principales republicanos y neoyorquinos que experimentaron el ataque.
"Estamos pausando el plan para seguir adelante, mientras revisamos los protocolos de protección de la fuerza", escribió el secretario adjunto de Defensa para Asuntos Públicos, John Kirby, en un tuit el sábado. "Seguimos comprometidos con nuestras obligaciones de mantener a nuestras tropas a salvo".
El 27 de enero, los militares firmaron una orden para vacunar a los 40 reclusos restantes de la base de forma voluntaria, informaron el New York Post y el New York Times, en parte porque la falta de vacunación estaba frenando el ritmo ya glacial de los juicios militares de los detenidos en la prisión.
Las noticias de que los terroristas acusados estaban recibiendo la vacuna antes de que muchos estadounidenses indignaron a republicanos prominentes como el líder de la minoría de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy.
"El presidente Biden nos dijo que tendría un plan para derrotar al virus el día 1", escribió en Twitter el sábado. "Nunca nos dijo que sería para dar la vacuna a los terroristas antes que la mayoría de los estadounidenses".
La medida también molestó a algunos de los que estaban en el terreno en Nueva York el día del ataque de 2001 a las Torres Gemelas.
"La ridiculez de lo que obtenemos de nuestro gobierno", dijo al New York Post Tom Von Essen, comisionado de bomberos de Nueva York durante el 11 de septiembre. "Llevarán la vacuna a esos maleantes de la Bahía de Guantánamo antes de que todos los residentes de los Estados Unidos de América la reciban, es el teatro de lo absurdo".
Los militares comenzaron a vacunar a los 6 mil habitantes de la base a principios de mes, incluidos los mil 500 efectivos asignados al centro de detención. Se desconoce cuántos en Guantánamo, detenidos o no, han contratado a COVID-19, después de que el Pentágono prohibiera en marzo a los comandantes informar públicamente nuevos casos por motivos de seguridad. La administración Trump se negó anteriormente a comentar sobre si los prisioneros estaban recibiendo la inyección de coronavirus.
La vacunación fue un obstáculo importante antes de la lectura de cargos del 22 de febrero para tres presos acusados de conspirar en ataques terroristas mortales en Indonesia en 2002 y 2003, que habría sido la primera lectura de cargos desde 2014.
El gobierno de Barack Obama intentó cerrar la instalación de $445 millones al año, pero el Congreso le impidió trasladar a los prisioneros al territorio continental de los Estados Unidos para enfrentar un juicio en un tribunal federal, por lo que recurrió a revisar los casos de los que se consideraban innecesarios para la detención y liberándolos.
Durante los años de Trump, el presidente fundamentalmente detuvo estas revisiones y la oficina responsable de reasentarlas cerró.
La instalación alguna vez tuvo alrededor de 700 personas en su punto máximo, pero ahora se ha reducido a 40 detenidos, incluidos los que fueron autorizados para su liberación pero languidecen dentro de la instalación de todos modos.
Los demás, incluidos los conspiradores del 11 de septiembre, que aún esperan juicios, enfrentan un proceso que a menudo se ha movido extremadamente lento, gracias a años de apelaciones, jueces que cambian constantemente, esfuerzos para excluir pruebas obtenidas mediante tortura e incursiones de autoridades federales, incluidas las dispositivos de escucha en salas de reuniones abogado-cliente e informantes del FBI dentro de los equipos de defensa. Algunos han permanecido en las instalaciones más tiempo del que habrían estado en prisión si fueran declarados culpables de terrorismo.
El secretario de Defensa de la administración Biden, Lloyd Austin, ha dicho que cumplirá las promesas del expresidente Obama de cerrar la controvertida instalación, que según los críticos viola el derecho internacional contra la tortura y la detención indefinida.
Los brotes de coronavirus han sido comunes dentro de las cárceles.