El Tribunal Supremo en el Reino Unido aplaza la decisión sobre la extradición de Assange
La defensa de Assange, a quien se acusa de difundir documentos clasificados, denuncia una “persecución política”
Julian Assange no será extraditado a Estados Unidos en forma inmediata para enfrentarse a cargos de espionaje, ya que el Tribunal Superior del Reino Unido decidió aplazar su decisión sobre el recurso del caso.
Se temía que se extraditara al exhacker australiano a EE. UU. en cuestión de días si fracasara un último intento legal de apelación. Actualmente, está detenido en una prisión de alta seguridad en Inglaterra.
Su defensa afirma que el ciudadano australiano de 52 años podría enfrentarse a una pena de hasta 175 años de prisión si fuera condenado por la publicación de cientos de miles de documentos filtrados relacionados con las guerras de Afganistán e Irak. Sus abogados argumentan que el proceso en su contra es político.
En su veredicto de enero de 2021, la entonces jueza de distrito Vanessa Baraitser afirmó que Assange no debía ser enviado a Estados Unidos. Si bien falló en su contra en todas las demás cuestiones, la jueza alegó que la extradición pondría en peligro su vida y advirtió el riesgo de suicidio.
Sin embargo, ese mismo año, las autoridades estadounidenses lograron allanar el camino hacia la extradición al anular dicho bloque ante el Tribunal Supremo.
En un esfuerzo por impedir la extradición, los abogados de Assange solicitaron impugnar el fallo de la jueza Baraitser durante una audiencia de dos días celebrada en febrero.
Alegaron que el proceso en su contra tenía “motivaciones políticas”. Según la lógica de esta denuncia, sería ilegal extraditarlo a Estados Unidos en virtud de la legislación británica. El abogado Mark Summers declaró al tribunal: “Es un claro ejemplo de la persecución de un individuo por parte de un estado debido a la expresión de una opinión política”.
Los jueces anunciaron el martes que el cofundador de WikiLeaks no será extraditado por ahora y ofrecieron a EE. UU. y a la Secretaría de Estado tres semanas más para dar al tribunal una serie de garantías sobre los derechos de Assange.
Dame Victoria Sharp y el juez Johnson desestimaron la mayoría de los argumentos jurídicos presentados por los abogados de Assange. No obstante, afirmaron que, a menos que Estados Unidos diera las garantías que exigen, él podría presentar un recurso.
Los jueces señalaron que las autoridades estadounidenses tenían tres semanas para dar dichas garantías, y que la decisión final se tomaría a finales de mayo.
En un fallo de 66 páginas, Dame Victoria Sharp expresó: “Antes de tomar una decisión definitiva sobre la solicitud de un recurso, daremos a la parte demandada la oportunidad de ofrecer una serie de garantías.
Si no se dan las garantías, autorizaremos la solicitud del recurso sin más audiencia.
Si se dan garantías, entonces otorgaremos a las partes la oportunidad de hacer más presentaciones antes de tomar una decisión final sobre la solicitud para apelar”.
Las autoridades estadounidenses deben asegurar que no se le discriminen a Assange en el juicio (incluida a la hora de establecer la condena) por razón de su nacionalidad, que se le concedan las mismas garantías procesales que un estadounidense (según se consta en la Primera Enmienda) y que no se le imponga la pena de muerte.
Los jueces rechazaron las alegaciones del abogado de Assange de que se le persigue por sus opiniones políticas y de que no tendría un juicio justo.
Sin embargo, afirmaron que se le podría conceder permiso para apelar en virtud del artículo 10 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, relativo a la libertad de expresión, si se le tratara como a un ciudadano extranjero en un tribunal estadounidense. Por ende, los jueces pidieron garantías de que tendrá derecho a ampararse en las protecciones de la Primera Enmienda del país.
También advirtieron de que, sin garantías adecuadas por parte de Estados Unidos, a Assange se le podría otorgar el derecho a apelar contra su extradición, dado que podría enfrentarse a cargos que conllevan la pena de muerte.
Tras el fallo, la esposa de Assange, Stella, declaró: “Los tribunales han dado luz verde para legitimar la persecución política por parte de Estados Unidos. Me parece asombroso.
Se trata de un caso de persecución. Es un aviso para todos ustedes de que, si desenmascaran a los intereses que impulsan la guerra, irán a por ustedes, los meterán en la cárcel e intentarán matarlos.
La administración Biden no debe dar garantías. Al contrario, debería abandonar este vergonzoso caso que nunca debería haberse presentado”.
El cofundador de WikiLeaks obtuvo permiso para salir de prisión para asistir a la vista de dos días el mes pasado, pero estuvo ausente de las audiencias judiciales por razones médicas.
Cientos de simpatizantes se concentraron fuera del Tribunal Supremo en Londres. Coreaban: “Libertad, libertad para Julian Assange”. También gritaban: “No a la extradición”.
Los abogados Summers y Edward Fitzgerald, en representación de Assange, argumentan en el expediente jurídico que EE. UU. estaba tratando de reprimir a individuos dispuestos a sacar a la luz la mala conducta de los funcionarios estadounidenses durante la “guerra contra el terrorismo”. “El Sr. Assange era un blanco”, afirmaron.
Sin embargo, los abogados de Estados Unidos declararon que Assange puso vidas en peligro inminente al publicar los nombres de quienes ayudaron al país en documentos clasificados. Argumentaron que contribuyó a “una de las mayores filtraciones de información clasificada en la historia de Estados Unidos”.
“Se trataba de documentos que revelaban al mundo los nombres no tachados de fuentes que habían proporcionado información a EE. UU.”, declaró Clair Dobbin KC ante el tribunal. Agregó que no fue el caso, en cambio, del New York Times y otros medios de comunicación que también publicaron información revelada por WikiLeaks pero que mantuvieron en secreto la identidad de dichas fuentes.
La esposa Assange ha advertido que se trata de una decisión de vida o muerte para su marido. Ha alertado sobre el deterioro de su estado de salud en la cárcel, donde pasa 22 horas al día en confinamiento.
El ciudadano australiano está en prisión desde que fue expulsado de la embajada ecuatoriana en 2019.
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Traducción de Anna McDonnell