Primer ministro de Lituania, Gintautas Paluckas, renuncia tras investigaciones y protestas
El primer ministro de Lituania, Gintautas Paluckas, renunció el jueves a su cargo tras investigaciones sobre sus negocios que provocaron protestas en la capital, Vilna, pidiendo su dimisión.
El presidente del país báltico, Gitanas Nausėda, anunció la renuncia de Paluckas a la prensa el jueves por la mañana. Un vocero de Paluckas no respondió por el momento a una solicitud de comentarios.
Paluckas, recién elegido líder de los socialdemócratas de centroizquierda, asumió el puesto a finales del año pasado tras la formación de una coalición de tres partidos luego de las elecciones parlamentarias de octubre. Se espera que todo su gobierno renuncie también, lo que podría dejar al país sin un ejecutivo efectivo semanas antes de que Rusia realice ejercicios militares conjuntos con la vecina Bielorrusia.
Es poco probable que la política exterior lituana cambie a raíz de la reorganización del gobierno. Nausėda, quien fue elegido en unos comicios independientes, es el rostro de la nación en el escenario global y ha sido uno de los más firmes defensores de Ucrania en su lucha contra la invasión rusa.
Paluckas ha sido objeto recientemente de investigaciones periodísticas sobre sus negocios y finanzas. En julio, varios medios publicaron pesquisas acerca de sus actividades empresariales pasadas y presentes, y supuestas irregularidades, incluidas algunas de hace más de una década. Las agencias anticorrupción y policiales del país abrieron posteriormente sus propias investigaciones.
En un golpe devastador para su reputación, la prensa reveló que Paluckas nunca pagó una parte significativa de una multa de 16.500 euros (19.039 dólares) en relación con un caso penal de 2012 conocido como el “escándalo del veneno para ratas”.
Paluckas fue condenado por gestionar de forma incorrecta el proceso de licitación para los servicios de exterminio de ratas de Vilna mientras se desempeñaba como jefe de la administración municipal de la capital. En 2012, los jueces del Tribunal Supremo del país dictaminaron que abusó de su posición oficial al otorgar ilegalmente privilegios a la empresa que ofreció el precio más alto en la licitación.
También fue sentenciado a dos años de prisión, pero la pena fue suspendida por un año y nunca llegó a entrar en la cárcel.
El líder del partido socialdemócrata negó cualquier irregularidad en sus negocios y calificó las críticas como parte de un “ataque coordinado” de sus rivales políticos.
Renunció al puesto antes de que la oposición pudiera iniciar formalmente un proceso para su destitución. Se espera que las nuevas conversaciones para formar una nueva coalición y gobierno comiencen en breve.
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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.