Presidente de Guatemala denuncia a juez que intentó anular su partido político y su elección
El presidente guatemalteco, Bernardo Arévalo, denunció el lunes al juez Fredy Orellana, quien en octubre intentó anular su partido político con la intención de que también fueran invalidados los resultados de las elecciones de 2023 por las cuales llegó al poder.
Arévalo había advertido el 26 de octubre que Orellana junto a la fiscal general Consuelo Porras intentaban un golpe de Estado al emitir un fallo solicitado por la fiscalía que anulaba la formación del partido político Semilla, con el que llegó a la presidencia que asumió en enero de 2024.
Orellana fue sancionado por varios gobiernos, incluidos los de países de la Unión Europea y el de Estados Unidos, por socavar la democracia en Guatemala o promover resoluciones judiciales con fines políticos.
El presidente denunció al juez por los delitos de prevaricato, resoluciones violatorias a la Constitución, abuso de autoridad y usurpación de atribuciones ante la Junta Disciplinaria del Organismo Judicial, donde ejerce su judicatura.
El mandatario acotó que Orellana incurrió en faltas graves por intentar variar las formas del debido proceso y porque después de emitir su fallo le pidió al Registro de Ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral (TSE, que registra los partidos políticos) y al Congreso de la República que tomaran nota del mismo, interfiriendo así en otro poder del Estado.
Posteriormente la Corte de Constitucionalidad, por solicitud de dos abogados independientes, revirtió la decisión de Orellana y le advirtió que no emitiera resoluciones que contradijeran las elecciones presidenciales ya declaradas como válidas por el TSE.
En su denuncia, Arévalo pidió que se suspenda provisionalmente de sus labores a Orellana — juez “A” del Juzgado Séptimo Pluripersonal de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente del departamento de Guatemala— y que se lo destituya e inhabilite para ejercer cualquier cargo dentro del Organismo Judicial, así como que se acepte una denuncia penal para que se defina su responsabilidad en los delitos denunciados.
La fiscal Porras ha mantenido una disputa con Arévalo, contra quien ha presentado por lo menos 13 solicitudes de retiro de inmunidad para que sea investigado, lo que de lograrse incluso podría llevar a que perdiera la presidencia.