Obispos y gobierno español acuerdo para compensar a víctimas de abusos sexuales cometidos por clero

Los obispos católicos de España y el gobierno español dieron otro paso hacia la compensación de las víctimas de abusos sexuales por parte de miembros del clero que han fallecido o cuyos posibles delitos son demasiado antiguos como para ser procesados el lunes.

Los obispos católicos de España acordaron en enero permitir que el defensor del Pueblo del país tenga la última palabra en la compensación de la Iglesia a esas víctimas. El gobierno y los obispos de España firmaron el lunes documentación que detalla el funcionamiento del nuevo sistema de reparación Iglesia-Estado, que entra en vigor el 15 de abril.

El acuerdo, que prevé una ventana de un año para presentar denuncias, supone una concesión poco habitual por parte de la jerarquía católica. Busca resolver los desacuerdos entre el gobierno de izquierda y las autoridades eclesiásticas sobre las reparaciones, luego que las víctimas criticaran la propuesta original de compensación interna de la Iglesia.

El arzobispo Luis Argüello, presidente de la Conferencia Episcopal Española, indicó que el texto no incluirá cifras sobre la compensación que podrían recibir las víctimas de abusos sexuales.

Aunque las autoridades eclesiásticas de muchos países de Europa occidental han creado planes de compensación para las víctimas de abusos sexuales, ya sea gestionados por la Iglesia o por expertos independientes, el proceso español es inusual por la participación del propio Estado.

El ministro de Justicia, Félix Bolaños, señaló el lunes que el sistema evaluará las reparaciones caso por caso, en función de factores como la gravedad, la edad de la víctima y la reiteración de los abusos.

En los últimos años, la España antes firmemente católica ha empezado a afrontar un legado de décadas de abusos sexuales cometidos por sacerdotes y de encubrimientos por generaciones de obispos y superiores religiosos, principalmente gracias a los primeras reportes del diario El País.

Las Cortes Generales de España encarga al defensor del Pueblo investigar y, en 2023, el defensor del Pueblo entregó un contundente informe de 800 páginas que revisó 487 casos conocidos de abusos sexuales e incluyó una encuesta que calculó que el número de posibles víctimas podría alcanzar cientos de miles.

Los obispos de España rechazaron esa estimación y afirmaron que su propia pesquisa había descubierto 728 abusadores sexuales dentro de la Iglesia desde 1945. Indicaron que la mayoría de los delitos habían ocurrido antes de 1990 y que el 60% de los agresores ya había fallecido.

En virtud del nuevo acuerdo, las víctimas pueden acudir al Ministerio de Justicia de España con su petición inicial. El Ministerio la remitirá al defensor del Pueblo, que la estudiará y propondrá un paquete de compensación que luego evaluará la comisión de la Iglesia.

Si no se puede alcanzar un acuerdo con la Iglesia y la víctima, el caso pasará a una comisión conjunta con representantes de la Iglesia, la oficina del defensor del Pueblo y asociaciones de víctimas. Si esa comisión no logra ponerse de acuerdo, prevalecerá la decisión del defensor del Pueblo, explicó Bolaños en enero.

Bolaños calificó el lunes el acuerdo como una primicia mundial.

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La cobertura de temas religiosos de la Associated Press cuenta con apoyo de The Conversation US, con fondos de la Lilly Endowment Inc. La AP es la única responsable del contenido. ___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.