La normativa italiana sobre grupos benéficos aparta a los barcos de rescate del Mediterráneo

El año ha comenzado despacio para un barco de rescate que suele recorrer el Mediterráneo en busca de migrantes y refugiados en problemas. El Ocean Viking ha sido detenido y su tripulación está acusada de desviarse del rumbo designado, dentro de una campaña de Italia contra los grupos benéficos que operan esos barcos.

Era la segunda vez en otros tantos meses que las autoridades italianas detenían el barco de 69 metros (225 pies) de eslora, gestionado por el grupo europeo SOS Mediterranée, amparándose en un decreto emitido hace un año por el gobierno italiano que regula las organizaciones benéficas de rescate marítimo.

El gobierno de liderazgo ultraconservador de la primera ministra, Giorgia Meloni, aprobó un decreto dentro de sus esfuerzos de frenar el flujo de migrantes y solicitantes de asilo que intentan llegar a Europa. Ahora, las autoridades marítimas italianas asignan barcos de rescate privados a puertos en el centro y el norte de Italia, a cientos de millas y varios días de negación de donde pueden encontrar a embarcaciones en problemas.

Las autoridades también prohíben que los barcos de ayuda hagan varias operaciones de rescate sin autorización.

El gobierno dice que la medida pretende reducir la presión migratoria sobre el sur de Italia y regular las misiones marítimas que, afirma, no hacen más animar a más migrantes a intentar las peligrosas travesías desde el norte de África.

Por ahora, entre 13 y 14 barcos de rescate de grupos benéficos han sido retenidos por diversas infracciones. Los grupos humanitarios niegan que sus actividades sean un incentivo y afirman que el procedimiento italiano deja sus barcos fuera de servicio durante días y expone a migrantes vulnerables a los caprichos del Mediterráneo.

El SOS Mediterranée está acusado de desviarse de su ruta asignada a un puerto en Bari, una ciudad en la costa italiana del Adriático, a donde se dirigió el buque tras rescatar a 244 personas en el mar. El Ocean Viking se salió del rumbo el 27 de diciembre para responder a un aviso de una aeronave civil sobre un barco en problemas a unas 15 millas náuticas de distancia.

Retomó su rumbo original a Bari cuando se corrigieron las coordinadas, lo situaba al barco demasiado lejos e hizo que las autoridades italianas descartaran al Ocean Viking para la misión.

“Estamos acusados de no seguir las órdenes de la guardia costera italiana, y la única culpa que tenemos es haber seguido la ley del mar”, dijo Alessandro Porro, rescatista veterano y presidente de las operaciones de SOS Mediterranée en Italia.

Tras llegar a Bari como estaba previsto el 30 de diciembre, la tripulación recibió una orden de detención de 20 días para el barco y una multa de 3.300 euros (3.600 dólares). La orden de detención expira el viernes, y SOS Mediterranée espera salir de nuevo lo antes posible, si el tiempo lo permite.

“Sabemos que esta es una táctica para intentar detener nuestra operación, más que algo válido en cierto modo", dijo Mary Finn, otra rescatista del Ocean Viking. “Y me resulta doloroso sentir que la humanidad no está de nuestro lado o que las autoridades no están de nuestro lado, porque cuando haces este trabajo es muy evidente que lo que estamos haciendo es lo correcto”.

Sara Kelany, coordinadora de política migratoria para el partido Hermanos de Italia de Meloni, se mostró de acuerdo en que salvar vidas es una prioridad. Pero dijo que la presencia de los barcos benéficos en el Mediterráneo debe ser limitada y estar muy regulada.

Kelany alegó que muchos de los grupos que organizan misiones humanitarias al Mediterráneo también tienen un objetivo político declarado de cambiar la política migratoria de la Unión Europea.

“En esencia, quieren ser actores políticos sobre la dinámica de la inmigración”, dijo en una entrevista. “La inmigración es una competencia nacional y no podemos permitir que las organizaciones privadas influyan en nuestra política migratoria con sus políticas”.

Más del 60% de las 260.000 personas que llegaron a Europa el año pasado a través del Mediterráneo desde el Norte de África arribaron primero a Italia, según estadísticas italianas y de Naciones Unidas.

Entre tanto, más de 3.000 personas se ahogaron en el mar cuando intentaban hacer el viaje en 2023, según la Organización Internacional para las Migraciones, que estima que más de 28.800 personas en total han muerto o desaparecido en el Mediterráneo desde 2014.

No está claro qué efecto, en su caso, ha tenido la normativa italiana sobre los grupos de rescate marítimo o en el número de migrantes llegados a Europa o desaparecidos en el mar. Los barcos humanitarios sólo rescataron en torno al 8% de los solicitantes de asilo que llegan a Italia, en comparación con el récord del 41% en 2017. La mayoría llegaron en sus propias embarcaciones o fueron recogidos por guardacostas italianos.

Tras asumir el cargo a finales de 2022, el gobierno de Meloni prometió frenar las llegadas. En lugar de eso, las cifras aumentaron de forma drástica, con más de 157.000 en 2023 en comparación con las 105.000 personas el año anterior. En un día de septiembre llegaron más de 7.000 migrantes a la isla de Lampedusa.

Meloni ha fomentado los acuerdos diseñados para evitar que la gente zarpe hacia Europa y también presentó un plan de desarrollo para África dirigido a dar más oportunidades económicas a los ciudadanos para que no estén desesperados por marcharse.

No se han publicado los detalles del plan, que lleva el nombre de Enrico Mattei, expresidente de la compañía petrolera italiana ENI, que tiene intereses estratégicos en varios países norteafricanos.

Aparte de eso, Meloni viajó a Túnez en junio cuando la presidenta de la comisión europea, el ejecutivo de la Unión Europea, firmó un acuerdo con el gobierno tunecino que prometía ayuda económica a cambio de ayudar a prevenir las salidas.

Más recientemente, Meloni alcanzó un acuerdo bilateral con Albania para establecer dos centros en los países balcánicos para procesar las solicitudes de asilo de migrantes rescatados por la Armada italiana, guardacostas y barcos de la policía de fronteras.

La Corte Constitucional de Albania suspendió el acuerdo pendiente de revisión, aunque el primer ministro , Edi Rama, dijo que esperaba que saliera adelante.