La injerencia política asoma en elecciones judiciales de México por el desconocimiento de candidatos
Los mexicanos elegirán el domingo por primera vez a sus jueces entre cientos de candidatos que apenas conocen. En teoría, ningún partido debía promocionarlos, pero la campaña de las controvertidas elecciones judiciales ha dejado hasta hoy muestras de lo contrario.
El Instituto Nacional Electoral (INE), encargado de la convocatoria, fijó una serie de normas y restricciones para la campaña —que concluyó el miércoles— en un intento de garantizar que haya equidad e imparcialidad en los 881 jueces que saldrán de las urnas el 1 de junio.
Por ejemplo, los aspirantes a jueces no podían recibir apoyo o financiamiento de organizaciones políticas, tampoco contratar espacios de promoción en los medios. Sólo se les permitió imprimir volantes y realizar pequeñas concentraciones, así como campañas a través de las redes sociales con sus propios recursos con unos topes —de unos 11.000 dólares hasta 70.000 dólares— dependiendo del cargo al que aspiran.
Pese a los esfuerzos del INE, analistas consultados por The Associated Press coincidieron en que el proceso quedó marcado desde su origen por la política, ya que las propias elecciones judiciales son fruto de una reforma muy controvertida que impulsó el oficialismo y sus aliados cuando Andrés Manuel López Obrador aún era presidente.
Fue fuertemente cuestionada como una vía que podría politizar la justicia, pese a que el gobierno la defendió precisamente como una forma de combatir la corrupción judicial. López Obrador fue un abierto crítico del ente electoral y, durante su mandato, redujo el presupuesto del INE.
La reforma al sistema de elección de jueces fue, por tanto, una herencia para la presidenta Claudia Sheinbaum para quien la votación del domingo será ahora determinante a la hora de medir su poder de convocatoria. Si bien los partidos políticos no pueden promover a ningún candidato, desde el gobierno se ha insistido a sus seguidores a participar en la votación.
“Será un indicador para ver qué tanto control y tanta fuerza tiene la presidenta en el interior del partido y también qué tanto peso e influencia tienen en los estados”, apuntó el politólogo y consultor político Javier Rosiles Salas.
Perfiles cercanos al oficialismo
Los aspirantes a jueces que llegan avalados por el oficialismo —que salieron de un proceso de preselección — representan más del doble que los respaldados por sus críticos, esto es, por el mismo entorno judicial. Las candidaturas se definieron a través de tres comités, uno del Poder Judicial, otro del Ejecutivo y un tercero del Legislativo.
Los listados de los dos últimos comités estuvieron integrados por personas afines al partido gobernante Morena que dominaron la selección de la mayoría de los aspirantes, afirmó el profesor de Ciencias Políticas y Derecho del Instituto Tecnológico Autónomo de México, el doctor Julio Ríos Figueroa.
Eso llevó a que entre los perfiles que irán en las papeletas figuren jueces y abogados que han mostrado cercanía con anterioridad al partido de gobierno Morena, como María Estela Ríos, que fue consejera jurídica del ex Presidente Andrés Manuel López Obrador; o Paulina García Villegas, hija de la diputada oficialista Olga Sánchez Cordero así como exlegislador local de Morena Eduardo Santillán Pérez. Los tres aspiran a ministros de la Suprema Corte.
Sospechas de una campaña politizada por los partidos
Pero más allá de la influencia inicial en la selección de candidatos, durante la campaña electoral también hubo intervención de algunos partidos como Morena o los opositores Acción Nacional y Movimiento Ciudadano que, según Rosiles Salas, operaron de “manera soterrada” para promover la votación de algunos aspirantes bajo la excusa de explicar a los mexicanos cómo ejercer el voto.
Camuflados como instructivos, en las últimas semanas han aparecido en barrios y en el metro de la capital los llamados “acordeones”, una suerte de folleto plegable que contiene información sobre cómo votar o cuál es el número de candidatos a elegir para cada cargo, pero que dependiendo del caso contiene, además, varios nombres de aspirantes: en unos aparecen listados de personas cercanas al oficialismo y en otros, nombres conocidos entre la oposición.
Asimismo, en paredes se han visto afiches con nombres de 14 candidatos cercanos al gobierno de Sheinbaum y del anterior de López Obrador que compiten para la Suprema Corte, los tribunales electorales o para el de disciplina judicial, indicó a la AP el abogado Carlos Ávila.
En ellos, llama a votar en “beneficio del pueblo” por algunos perfiles como la actual ministra del alto tribunal Lenia Batres, a la que en el mismo afiche identifican como “cercana a las luchas sociales y con fuerte compromiso con los intereses de la nación”, así como a la exconsultora jurídica María Estela Ríos, que está “ligada a luchas obreras desde los años 70. Asesora de sindicatos, movimientos laborales y de AMLO”.
Sin sanciones de la autoridad electoral
Ante estos señalamientos por supuesta influencia de la política en la elección, las autoridades electorales hicieron un recordatorio de las prohibiciones establecidas. Sin embargo, no se han emitido sanciones.
Por su parte, Sheinbaum instó al INE y al Tribunal Electoral a intervenir al mencionar que “por ahí salió una lista de la derecha. ¿Quién sabe quién está haciendo eso?”.
La presidenta del INE, Guadalupe Taddei, hizo un llamado a la población para que “nadie ni nada evite” la deliberación individual de cada votante.
El llamado a votar del gobierno de Sheinbaum
La presidenta mexicana ha sido cuidadosa en sus mensajes para no deslizar ningún apoyo implícito o explícito hacia algún candidato a juez. No obstante, ha reiterado los llamados a votar en sus conferencias matutinas.
“Va a ser una jornada donde millones de personas van a participar para elegir a los integrantes del poder judicial por primera vez en la historia de México”, dijo el martes Sheinbaum dos días antes del cierre de campaña que, según especialistas, ha estado dominada por el desinterés y la desinformación del electorado.
Para combatir el desánimo, toda la maquinaria oficialista —que cuenta con 6 millones de militantes— “se está moviendo a favor de esta elección porque sabe que de otra manera sería un fracaso”, indicó Rosiles Salas.
Apuntó, además, los dirigentes del partido y gobernadores se están organizando para que los miembros militantes de Morena salgan a votar el 1 de junio, a sabiendas de la importancia que tendrá el nivel de participación para medir el respaldo popular a la controvertida reforma judicial.
López Obrador impulsó el proyecto, que después aprobó la mayoría oficialista del Congreso, pese a las protestas de los empleados de los tribunales y las críticas de organizaciones internacionales y los gobiernos de Estados Unidos y Canadá por su preocupación de que los cambios pudieran traer la pérdida de independencia y la politización de la judicatura.
El expresidente mantuvo por años tirantes relaciones con el poder judicial, al que acusó de incurrir en hechos de corrupción y nepotismo.
Tras retirarse de la política López Obrador, la responsabilidad de consolidar la reforma quedó en manos de su sucesora, Sheinbaum. Desde el inicio de su sexenio en octubre pasado orientó los esfuerzos de su gobierno en promover los cambios legales necesarios y lograr la realización lo antes posible de los comicios judiciales.
Riesgo de perder imparcialidad en la justicia
Frente a las preocupaciones que han surgido entorno a la politización del sistema judicial, Sheinbaum se ha mostrado confiada en que la judicatura que surgirá de la votación será la que “responda a la justicia”.
“El poder judicial, pues hay mucha corrupción. Y ahí, pues históricamente se ha atendido al que tiene dinero y al que no tiene dinero, al pobre, ahí no hay justicia”, ha defendido la mandataria.
El profesor Ríos Figueroa —quien participó con otros cinco investigadores de instituciones locales e internacionales en un estudio sobre la reforma judicial titulado “Elección popular de jueces federales en México 2025”—, planteó que el riesgo de politización de la justicia va aparejado con una “erosión democrática”.
El académico sostiene que el poder Ejecutivo en México “está adquiriendo cada vez más funciones, cada vez más capacidades, y se le están quitando cada vez más los frenos y los contrapesos”, como ha pasado, indicó, en otros países como Hungría, Turquía y Estados Unidos.
La “pérdida de la imparcialidad de los juzgadores” favorecerá al partido en el poder pues será “muy difícil que vayan a perder casos que les importen".
Entre los asuntos que deberá dirimir la futura Suprema Corte están, por ejemplo, la prisión preventiva oficiosa, los derechos de las víctimas a una reparación ante la comisión de atención a las víctimas, el cumplimiento de las sentencias internacionales por parte del Ejecutivo y las competencias de la Secretaría de Seguridad federal en funciones de inteligencia e investigación.