Jueces evalúan si Trump puede usar ley de tiempos de guerra contra el Tren de Aragua
Abogados de inmigración y del gobierno federal se enfrentaron el lunes en torno a la cuestión de si el presidente Donald Trump puede utilizar una ley de tiempos de guerra del siglo XVIII contra la pandilla venezolana Tren de Aragua en un caso que posiblemente termine en manos de la Corte Suprema.
Los abogados discutieron ante un panel de tres jueces de la Corte Federal de Apelaciones del 5º Circuito en Nueva Orleans, el más reciente episodio en una complicada batalla legal después de que Trump invocó la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 contra el Tren de Aragua en marzo pasado.
La ley únicamente se ha empleado durante la Primera y Segunda Guerra Mundial, así como en la Guerra de 1812. El abogado de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU por sus iniciales en inglés), Lee Gelernt, dijo al panel que el uso de la ley por parte de Trump es inapropiado. "Sólo se ha invocado tres veces en guerras muy, muy importantes, y ahora se está invocando en relación con una pandilla", destacó Gelernt.
El asistente del fiscal general adjunto, Drew Ensign, dijo que los tribunales no pueden cuestionar la determinación de un presidente de que Estados Unidos enfrenta una amenaza desde el extranjero y requiere de medidas extraordinarias para protegerse. Señaló que la única vez que el máximo tribunal intervino en lo referente a la ley fue en un caso posterior a la conclusión de los combates de la Segunda Guerra Mundial en Europa, cuando la corte dijo que no podía cuestionar la afirmación del entonces mandatario Harry Truman de que supuestos nazis aún debían permanecer retenidos al amparo de la ley debido a que la guerra continuaba.
"Al presidente se le debe la máxima deferencia" en asuntos de relaciones exteriores y seguridad, expresó Ensign.
La decisión de Trump de invocar la ley ya ha estado dos veces ante el máximo tribunal del país por cuestiones más técnicas. Primero, la Corte Suprema determinó que aquellas personas acusadas de pertenecer al Tren de Aragua merecían de un tiempo "razonable" para impugnar esa designación ante el tribunal, pero que únicamente podían impugnar sus deportaciones en los lugares donde estaban detenidos. Eso eliminó una prohibición a nivel nacional que emitió un juez federal en Washington, quien luego determinó que el gobierno posiblemente cometió desacato al desobedecer sus órdenes y continuar con el traslado de algunos detenidos hacia una prisión de El Salvador en virtud de la Ley de Enemigos Extranjeros.
Posteriormente, después de que la ACLU y sus aliados comenzaron a presentar demandas en todo el país y obtuvieron fallos que prohibían las deportaciones en virtud de la medida, la Corte Suprema intervino por segunda vez. En abril, emitió un fallo en el que impedía que el gobierno deportara a personas desde una parte del norte de Texas en donde aún no había una decisión vigente en contra de las expulsiones.
A medida que jueces de varios tribunales de menor instancia determinaban que la Ley de Enemigos Extranjeros no podía utilizarse contra una pandilla, el máximo tribunal ordenó a la corte de apelaciones del 5º Circuito sopesar el tema y el tiempo que deberían tener los detenidos para impugnar su designación.
El gobierno, que en un principio otorgaba antelación mínima, ahora asegura que la norma debería ser de siete días para presentar una apelación. La ACLU argumentó para que fuera de 30 días, la cantidad de tiempo que se le otorgó a los supuestos nazis detenidos durante la Segunda Guerra Mundial.
El panel que escuchó los argumentos del lunes estuvo integrado por un juez nombrado por Trump, uno por el expresidente George W. Bush y uno por Joe Biden. Cualquiera que sea su fallo, puede ser apelado ante todo el tribunal del 5º circuito, uno de los más conservadores del país, o directamente ante la Corte Suprema.
Trump ha argumentado que el Tren de Aragua actúa a nombre del gobierno de Venezuela. La ley permite su uso para combatir una "invasión" o una "incursión depredadora".
Pero la ACLU argumenta que la conexión entre la pandilla y el gobierno venezolano es tangencial en el mejor de los casos, y que una evaluación de 17 diferentes agencias de inteligencia reveló una coordinación mínima entre el TdA y el gobierno en Caracas.
Gelernt sostuvo que, según los estándares establecidos por el gobierno, la Ley de Enemigos Extranjeros podría haberse utilizado contra la mafia o cualquier otra organización criminal con vínculos tangenciales con otros países que haya operado dentro de Estados Unidos en los últimos 200 años.
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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.