Grecia realizará más inspecciones a negocios de playas ante proliferación de camastros de alquiler

El ministro de Finanzas de Grecia, Costis Hadzidakis, prometió el miércoles aumentar las inspecciones de bares y otros negocios de playa que rentan camastros y sombrillas junto al mar, luego de recibir quejas de que las personas que acuden a las playas y no quieren pagar no encuentran un sitio donde sentarse en la arena.

Hadzidakis emitió un comunicado en el que señaló que no se tolerarán infracciones a la ley. “He dado instrucciones... para que se aumenten las inspecciones”, dijo.

Las playas privadas son ilegales en Grecia, donde la Constitución estipula que todas las zonas costeras son propiedad del Estado con acceso público garantizado.

Sin embargo, el fuerte incremento de visitantes al país ha disparado la demanda de playas que ofrecen camastros, sitios para descansar, bebidas, botanas y, con demasiada frecuencia, música a todo volumen.

Las autoridades locales arrendan secciones limitadas de playas a empresarios que llevan los servicios durante los meses de verano, y en algunos casos cobran a los turistas más de 100 euros (109 dólares) por una sombrilla y un par de camastros.

En muchas islas griegas, ahora es difícil encontrar una playa sin los servicios en plena temporada turística de verano.

Grupos de protesta de algunas de las islas turísticas más populares del mar Egeo, como Paros, Naxos y Serifos, señalaron que algunos empresarios suelen sobrepasar con creces el alcance de sus contratos de alquiler, ocupando playas enteras con sus servicios y, en ocasiones, prohibiendo a los visitantes que no pagan instalarse en su territorio.

Los medios de comunicación griegos han bautizado las protestas como “la revuelta de las toallas de playa”, en referencia a los artículos que los bañistas llevaban consigo para sentarse antes de que se extendieran las sillas de alquiler.

El fiscal general de Grecia ordenó una investigación esta semana a raíz de las quejas.

El Ministerio de Hacienda declaró que tres empresas activas en dos playas de Paros habían incumplido sus contratos de arrendamiento y se les ordenaría que se marcharan.