Gran Bretaña: Comisión dice que ley migratoria violaría obligaciones de derechos humanos
Una comisión de legisladores británicos dice que el Reino Unido infringirá sus compromisos internacionales de derechos humanos si avanza con los planes del gobierno de detener y deportar a las personas que cruzan el canal de la Mancha en pequeñas barcazas
Una comisión de legisladores británicos dijo el domingo que el Reino Unido infringirá sus compromisos internacionales de derechos humanos si avanza con los planes del gobierno de detener y deportar a las personas que cruzan el canal de la Mancha en pequeñas barcazas.
La Comisión Conjunta de Derechos Humanos del Parlamento señaló que la Ley de Migración Ilegal “infringe una serie de obligaciones internacionales de derechos humanos del Reino Unido y amenaza con infringir otras”.
La legisladora del Partido Nacional escocés Johanna Cherry, quien preside la comisión, dijo que la ley quitaría a la mayoría de los refugiados y víctimas de la esclavitud moderna la posibilidad de buscar asilo en Gran Bretaña.
“Al tratar a las víctimas de la esclavitud moderna como ‘migrantes ilegales’ sujetos a detención y deportación, esta ley infringiría nuestras obligaciones legales con dichas víctimas y amenzaría con aumentar la trata de personas vulnerables”, comentó.
La comisión exhortó al gobierno a hacer reformas radicales a la ley, incluida la exención de las víctimas de trata y la reducción del poder del gobierno para detener a personas por tiempo indefinido. Es poco probable que el gobierno, que ha prometido “detener los barcos”, acate las recomendaciones.
La ley prohíbe que cualquier persona que llegue al Reino Unido por medios no autorizados solicite asilo, y obliga a funcionarios a detener y luego deportar a refugiados y migrantes “a su país natal o a un país tercero que sea seguro” como Ruanda. Una vez deportados, se les prohibiría para siempre volver a entrar al Reino Unido.
El gobierno conservador de Gran Bretaña señaló que la ley disuadirá a decenas de miles de personas de hacer los viajes peligrosos por el canal y acabará con el modelo de negocio de las pandillas delictivas tras los viajes. Los críticos, incluida la agencia de refugiados de Naciones Unidas, han calificado la ley de poco ética e inviable.