Expertos de Naciones Unidas vinculan a fiscal general de Guatemala a presuntas adopciones ilegales

Un panel de expertos de las Naciones Unidas expresó el lunes estar alarmado por información sobre acusaciones contra la actual fiscal general de Guatemala, María Consuelo Porras, en relación con presuntas adopciones ilegales en una casa hogar donde ella fue directora.

Los hechos se habrían registrado durante el conflicto armado en Guatemala entre 1960 y 1996.

La declaración fue anunciada cuando Porras está por concluir su gestión como fiscal general y participaba como candidata a ocupar otro puesto público, como magistrada designada por la Universidad de San Carlos de Guatemala. La Universidad, empero, descartó a Porras y nombró a Julia Rivera y José Luis Aguirre como magistrados titular y suplente.

“Todas las personas contra las cuales existan alegaciones creíbles de conductas incompatibles con los estándares de derechos humanos, especialmente aquellas que han tenido autoridad para tomar decisiones relacionadas con la criminalización o violaciones de derechos humanos, no deben ser preseleccionadas ni nombradas hasta que se realice una investigación pronta, independiente y exhaustiva de esas alegaciones”, indicó el panel de expertos en un comunicado.

Según los expertos, al menos 80 niños indígenas “habrían sido sometidos a adopciones ilegales internacionales tras haber sido institucionalizados en el Hogar Temporal Elisa Martínez”, una casa hogar de la que Porras fue su directora y administradora, fungiendo como “tutora legal” de los niños desde el 21 de enero hasta el 30 de agosto de 1982.

“Nos preocupa especialmente que no se haya realizado una investigación pronta, exhaustiva, independiente e imparcial sobre la presunta implicación de algunas autoridades estatales en estos procesos y que las madres afectadas por estas adopciones ilegales aparentemente no hayan recibido ni el reconocimiento ni las reparaciones adecuadas”, señaló el panel.

The Associated Press solicitó a la fiscalía una opinión sobre los señalamientos en contra de Porras sin que hasta el momento haya una respuesta. También se pidió un comentario al gobierno guatemalteco pero tampoco respondió de inmediato.

Los expertos también pidieron investigaciones independientes sobre estas acusaciones.

Durante la guerra en Guatemala miles de niños fueron dados en adopción, especialmente a familias estadunidenses. El Estado no le dio seguimiento a la situación de esos niños durante años, ni supo sobre sus destinos.

En 2024, por primera vez, el presidente Bernardo Arévalo pidió disculpas a un hombre, en nombre del Estado, por haber sido adoptado de forma irregular cuando era niño, luego de que él y su hermano le fueran quitados a su madre por supuestamente abandonarlos, para luego entregarlos a familias estadounidenses.

Entre 1977 y 2008, en Guatemala, se realizaron adopciones, especialmente para familias estadounidenses, algunas de ellas señaladas de haber sido hechas en forma anómala, en la que intervinieron redes de oficiales de gobierno y abogados coludidos para entregar niños, robados, comprados y quitados a sus padres sin un proceso regulado establecido.

En 2007, el Congreso guatemalteco aprobó una ley de adopciones para regular el trámite.

Porras ha sido sancionada por Estados Unidos, la Unión Europea y decenas de otros países acusándola de socavar la democracia del país centroamericano y obstaculizar la lucha anticorrupción por perseguir y criminalizar a exoperadores de justicia y periodistas anticorrupción.

Los expertos independientes y grupos de trabajo forman parte de lo que se conoce como los procedimientos especiales del Consejo de Derechos Humanos y desempeñan sus funciones a título personal.