España y separatistas catalanes disputan fallo de la UE

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea emitió un fallo el martes que permite a España intentar nuevamente obtener la extradición de un político separatista catalán que reside en Bruselas.

Pero la corte introdujo una serie de advertencia que dificultan saber cuáles serán los próximos pasos en una historia legal y diplomático que ya lleva cinco años y no da señales de finalizar en un futuro previsible.

España ha intentado sin éxito que Bélgica entregue a Lluis Puig, un exmiembro del gobierno catalán, desde que él y el expresidente regional Carles Puigdemont huyeron de Barcelona con otros seguidores luego de su intento ilegal de lograr la secesión de la región catalana de España en 2017.

Las cortes belgas coincidieron con Puig que el Tribunal Supremo español, que pidió la extradición, carece de jurisdicción y que una corte de Cataluña debería tomar el caso, y que además no tendría un juicio justo.

Pero la corte europea con sede en Luxemburgo, en un fallo solicitado por el Tribunal Supremo español para clarificar la situación, dijo que un país de la UE solo debe negarse a ejecutar una orden de arresto europea emitido por otro Estado miembro bajo circunstancias "excepcionales".

Eso significa, dijo la corte, que un juez debería determinar si la persona a extraditar correría el riesgo de no recibir un juicio justo debido a “deficiencias sistémicas o generalizadas en la operación del sistema judicial del Estado Miembro emisor” o “deficiencias que afectan la protección judicial de un grupo de personas objetivamente identificable a la que pertenece la persona interesada”.

La corte dijo también que España podría emitir una nueva orden de arresto para Puig.

Lo que no está claro es la situación de Puig y si el precedente que deja afectaría a Puigdemont.

Puig festejó la sentencia de Bruselas y dijo que “continuaremos nuestra lucha”.

Su abogado Gonzalo Boye, que también es el de Puigdemont, ha dicho reiteradamente que su defensa se basa en la denuncia de que la justicia española está sesgada en contra del separatismo catalán.

Pero la vocera del gobierno español, Isabel Rodríguez, dijo que el fallo respalda la posición del Tribunal Supremo español y reduce las opciones para Puig y Puigdemont.

“La decisión parece traducir en que se va facilitar que el señor Puigdemont puede rendir cuentas ante la justicia española”, afirmó.