CPl examina alegatos sobre competencia jurídica de sus órdenes de arresto contra Hamás e Israel
Docenas de países, académicos y grupos de derechos humanos han presentado argumentos jurídicos rechazando o apoyando la facultad de la Corte Penal Internacional de dictar órdenes de detención en su investigación sobre la guerra en Gaza y los atentados perpetrados por Hamás en Israel el 7 de octubre.
Los alegatos presentados esta semana se producen en un momento en que un grupo de jueces examina una petición del fiscal jefe del tribunal para que se dicten órdenes de arresto contra el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, su ministro de Defensa, Yoav Gallant, y los dirigentes de Hamás recientemente ascendidos.
El fiscal del tribunal, Karim Khan, solicitó las órdenes de aprehensión en mayo, acusando a Netanyahu, Gallant y tres dirigentes de Hamás –Yahya Sinwar, Mohammed Deif e Ismail Haniyeh– de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad en la Franja de Gaza e Israel.
Tanto Haniyeh como Deif han muerto desde entonces. Sinwar, máximo responsable de Hamás en Gaza y autor intelectual de los atentados del 7 de octubre, fue nombrado posteriormente nuevo líder del grupo.
Israel rechaza categóricamente la petición de las órdenes de detención para sus dirigentes e insiste en que se atiene al derecho internacional en el devastador conflicto de Gaza desencadenado por los ataques dirigidos por Hamás.
Netanyahu afirmó que la petición de órdenes de arresto es “una completa distorsión de la realidad”.
Es probable que la avalancha de alegatos demore la decisión de un grupo de jueces sobre la emisión de las órdenes de aprehensión y tiene lugar a pesar que en 2021 se dictaminó que el tribunal tiene jurisdicción sobre los territorios ocupados por Israel en la guerra de 1967.
El experto en derecho internacional Owiso Owiso dijo que cree que la cuestión “ya fue determinada con autoridad en 2021 y no debería haber sido retomada”.
“Así que, en realidad, esto no es más que un ejercicio académico en el mejor de los casos, y una enorme pérdida de tiempo y recursos en el peor”, añadió.
La mayoría de los argumentos jurídicos se centran en gran medida en la cuestión de si la facultad del tribunal para dictar órdenes de arresto contra dirigentes israelíes queda anulada por una disposición de los Acuerdos de Oslo de 1993. Como parte del pacto, los palestinos aceptaron no tener jurisdicción penal sobre los ciudadanos israelíes.
Los acuerdos, negociados en secreto en Noruega, pretendían allanar el camino hacia una solución de dos Estados entre Israel y los palestinos. El acuerdo creó la Autoridad Palestina y estableció zonas de autogobierno en los territorios palestinos. Los palestinos quieren Cisjordania, Jerusalén Este y la Franja de Gaza —zonas tomadas por Israel en 1967— para un futuro Estado.
Entre los más de 50 documentos presentados, las opiniones están divididas sobre si, según los términos del acuerdo, los palestinos pueden delegar en el tribunal la facultad de dictar órdenes de aprehensión.
Israel no presentó alegaciones por escrito, pero sí lo hizo su firme aliado, Estados Unidos, argumentando que los Acuerdos de Oslo “preservaron en Israel la jurisdicción exclusiva sobre los actos cometidos por nacionales israelíes. Por tanto, los palestinos no podían haber delegado en la Corte una jurisdicción que nunca tuvieron”.
Pero otros advirtieron a los jueces que no aceptaran esa lectura de los acuerdos.
“La teoría de la ‘delegación’ destrozará la jurisdicción de la Corte en 124 fragmentos, irregularmente conformados por miles de leyes nacionales y acuerdos internacionales”, escribió Adil Haque, profesor de Derecho de la Universidad Rutgers de Newark, Nueva Jersey.
La CPI tiene 124 Estados miembros, incluido el Estado de Palestina. Israel y Estados Unidos no son miembros y no aceptan la jurisdicción.
Los palestinos argumentaron en su escrito que aceptar el argumento “marcará el comienzo de una nueva y regresiva era de orden internacional en que la política y la impunidad prevalecen sobre la justicia y la rendición de cuentas”.
El Reino Unido fue el primer país que solicitó presentar un escrito, pero retiró su petición a finales del mes pasado después que el nuevo primer ministro Keir Starmer tomara posesión de su cargo tras obtener una aplastante victoria electoral sobre el Partido Conservador de Rishi Sunak, cuya administración presentó su solicitud en junio.
Pero la petición del Reino Unido desató una serie de otras solicitudes que ahora se están examinando.
La causa penal en la CPI es independiente de un litigio en curso en la Corte Internacional de Justicia, que también tiene su sede en La Haya. En el caso de la CIJ, Sudáfrica, aliada de los palestinos desde hace mucho tiempo, ha acusado a Israel de genocidio en la guerra de Gaza. Es probable que ese caso tarde años en resolverse.
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Molly Quell contribuyó a este despacho.