AP Explica: la democracia de Guatemala se pone a prueba con elecciones en corte y fiscalía

Este año Guatemala volverá a poner a prueba su frágil institucionalidad democrática con elecciones en instituciones clave del Poder Judicial como la Corte de Constitucionalidad y la Fiscalía General, fuertemente cuestionadas.

La Corte de Constitucionalidad (CC), el más alto tribunal, decide en los ámbitos jurídicos, administrativos e incluso en las acciones que tiene permitidas o prohibidas el presidente Bernardo Arévalo.

En una entrevista con The Associated Press el mes pasado, Arévalo se refirió a estos comicios como “importantes y críticos para la democracia”.

“Nos estamos jugando el desarrollo democrático del país, la posibilidad de contar con instituciones democráticas en donde se vaya construyendo una cultura de respeto al Estado de Derecho”, dijo entonces el mandatario.

Otra elección de gran interés es la del próximo fiscal general. La gestión de la actual procuradora Consuelo Porras, sancionada por Estados Unidos y la Unión Europea por socavar la democracia del país centroamericano, ha sido duramente criticada por perseguir a exfuncionarios judiciales y periodistas que denunciaron la corrupción.

Bajo su liderazgo la fiscalía arremetió contra el partido político que llevó a la presidencia a Arévalo, intentando con ello que no llegara a tomar posesión como presidente. Porras, que en mayo termina su mandato, busca incorporarse como magistrada en la CC.

¿Qué instituciones judiciales renuevan liderazgo?

Se renuevan los 10 magistrados —titulares y suplentes— de la CC, el titular de la Fiscalía General, cinco jueces titulares y cinco suplentes del Tribunal Supremo Electoral (TSE), el jefe de la Contraloría General de Cuentas y el rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC).

Pero los cambios que más han despertado interés y preocupación de los organismos internacionales son los que se producirán en la CC y la Fiscalía General.

La Organización de los Estados Americanos (OEA) creó una Misión Especial para el Fortalecimiento de las Instituciones Democráticas en Guatemala que acompaña las elecciones, mientras la Unión Europea también envió un grupo de observación. Ambas han pedido transparencia en los comicios y candidatos idóneos.

Para el abogado especialista en derechos humanos Rafael Maldonado lo que está en juego en estas elecciones es “la consolidación del acceso a la justicia”.

Por su parte, el politólogo Renzo Rosal remarcó la importancia de fiscalizar las elecciones porque “ponen a prueba la democracia”.

“Es el perfecto laboratorio para ver cómo las instituciones están orientadas a mayor cooptación, control y pérdida de independencia, lo que tiene efecto directo en la ciudadanía”, dijo Rosal.

¿Qué es la Corte de Constitucionalidad?

Es el tribunal de última instancia y sus decisiones son inapelables. No tiene un mecanismo de control.

Según la Constitución, los candidatos a integrar la CC deben ser representantes del presidente, de la Corte Suprema de Justicia, del Congreso, de la USAC y electos por el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala. Casi el total de los magistrados actuales aspira a reelegirse.

El jueves el Colegio de Abogados abrió sus comicios para elegir un representante titular y un suplente entre dos duplas de candidatos que en una primera elección fueron los más votados. Serán los primeros en ser elegidos para el tribunal.

La USAC también está en camino de elegir a sus representantes. Casi la mitad de sus 44 integrantes ha concluido su período, pero se resiste al cambio de consejeros, lo que ya ha sido impugnado en las cortes. Porras busca ser electa por ese cuerpo.

El abogado Maldonado destacó la importancia de la elección de los integrantes de la CC porque “al final todos los procesos van como última instancia a ellos y son ellos los que deciden el rumbo de las cosas”.

Agregó que “los últimos cinco años ha habido una Corte de Constitucionalidad con integración de personajes oscuros que han frenado cualquier avance que pueda haber en Guatemala”.

La CC ha sido cuestionada por varios de sus fallos.

En abril de 2024 confirmó la libertad del expresidente Otto Pérez Molina (2012-2015), condenado por corrupción en dos procesos distintos, uno de ellos por defraudación aduanera.

La corte también avaló las acciones del juez Fredy Orellana, sancionado por Estados Unidos, cuando canceló al Movimiento Semilla, el partido político que llevó a la presidencia a Arévalo en 2023, a pesar de que la Ley Electoral le otorga esa facultad sólo al TSE.

A su vez la CC anuló el presupuesto de la nación propuesto por el Ministerio de Finanzas para este año y avalado por el Congreso, bloqueando un aumento de recursos para que el Ejecutivo cumpliera con compromisos.

La Fiscalía General

El Ministerio Público tiene el monopolio de la investigación y persecución penal.

La Constitución delega en el presidente la autoridad para elegir al fiscal general cada cuatro años de una terna de seis candidatos propuesta por una comisión de postulación que integra el presidente de la Corte Suprema, los decanos de las facultades de Derecho de las universidades del país, el presidente de la Junta Directiva del Colegio de Abogados y el presidente del tribunal de honor de dicho colegio.

La actual fiscal Porras cumplirá en mayo ocho años en el cargo. Primero fue electa por el expresidente Jimmy Morales (2016-2020) en 2018 y reelecta en 2022 por el expresidente Alejandro Giammattei (2020-2024). Durante su gestión fue señalada de no investigar a ambos exmandatarios, acusados en varios casos de corrupción.

Porras ha mantenido una disputa pública con el presidente Arévalo, mientras la fiscalía ha pedido más de 10 veces el retiro de inmunidad del mandatario. Arévalo también ha denunciado a Porras por actos de corrupción, pero casi todas las denuncias han sido rechazadas o no han tenido eco en los organismos judiciales.

Rosal recordó que pese al endurecimiento de las penas que estableció una nueva ley de terrorismo, cuando la Fiscalía General persigue a las maras o pandillas "lo hace de una forma acomodada; captura a los mareros y no presenta pruebas suficientes contra ellos”.

Sin embargo, agregó, cuando se trata de defensores de derechos humanos y líderes indígenas “entonces sí es más duro”.