En España hay electricidad de sobra, pero falta red para conectarla

En el universo de la película de ciencia ficción Dune, quien controla la única fuente de la vital sustancia, conocida como “especia”, gobierna el imperio. Esto no se debe a que sea el único recurso importante. Pero sin él, no funciona nada: ni la navegación interestelar ni el comercio entre planetas. En la película, la “especia” no es el objetivo final, pero sí el elemento que hace posible todo lo demás.

En la transición energética ocurre algo parecido. El debate público normalmente pone el foco en los paneles solares, los aerogeneradores y los coches eléctricos. Sin embargo, el verdadero recurso crítico es mucho menos visible: la capacidad de la red eléctrica. En España, la noticia que acapara titulares es que se están batiendo récords de generación renovable. Pero se omite que este hito está empezando a padecer los problemas de una limitación de la que pocos hablan: según los datos publicados por el operador del sistema eléctrico, aproximadamente, el 75 % de los nodos de la red de transporte ya no admiten nueva demanda eléctrica.

¿Y esto qué quiere decir? No falta electricidad: lo que empieza a escasear es la infraestructura que permite conectarla.

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La red de transporte es la estructura básica del sistema eléctrico. Se encarga de conectar las zonas de generación de energía con los grandes centros de consumo. Es decir, alimenta ciudades, industrias y todo tipo de servicios. Para conseguirlo, está formada por más de 45 000 kilómetros de líneas de alta tensión que trabajan, principalmente, a 220 y 400 kilovoltios.

Desde el punto de vista de la generación, el sistema eléctrico español tiene más de 129 gigavatios de potencia instalada (dato publicado por red eléctrica el 31 de diciembre de 2024). Y de esta cantidad, el 66 % corresponde la energía renovable. La capacidad de generación, por tanto, no es el principal límite del sistema.

El desafío aparece en otro punto: la capacidad de conexión a la red. Las redes eléctricas tienen límites físicos asociados a la capacidad de las líneas, los transformadores y los criterios de seguridad que garantizan la estabilidad del sistema. Cuando esos límites se alcanzan en un nodo, no es posible conectar nuevas instalaciones sin reforzar previamente la infraestructura existente.

El funcionamiento del sistema eléctrico se basa en un mecanismo administrativo conocido como acceso y conexión. Cualquier instalación que quiera conectarse a la red (para generar electricidad o para consumir grandes cantidades de energía) debe solicitar un permiso en un punto concreto del sistema. Si existe capacidad disponible en ese nodo, el operador del sistema puede conceder el acceso. Ese permiso reserva capacidad en la red mientras el proyecto avanza en sus distintas fases administrativas y de construcción.

De esta forma, se garantiza que el funcionamiento del sistema eléctrico sea seguro y estable. Sin embargo, también implica que la capacidad disponible puede quedar comprometida durante varios años mientras los proyectos se desarrollan. Actualmente, existen decenas de gigavatios de potencia con permisos de acceso concedidos, asociados a proyectos industriales, energéticos o tecnológicos que todavía no se han construido.

Si estos proyectos no alcanzan determinados hitos administrativos dentro de los plazos establecidos por la regulación, los permisos caducan y la capacidad reservada vuelve a liberarse. Por lo que, en los próximos años, cuando venzan muchos de esos plazos asociados a permisos concedidos desde 2020, parte de esta capacidad podría volver a estar disponible.

La cuestión no es trivial. Adquiere especial relevancia en el contexto europeo. Las políticas climáticas impulsan la sustitución progresiva de combustibles fósiles por electricidad en sectores como el transporte, la climatización de edificios o numerosos procesos industriales. Obviamente, este cambio aumenta la demanda eléctrica a medio y largo plazo.

Al mismo tiempo, están surgiendo nuevas actividades intensivas en consumo eléctrico, como los centros de datos o la producción de hidrógeno renovable. Estas requieren grandes cantidades de energía y acceso estable a la red. Y no es algo que ocurra en “un lugar muy muy lejano”, como en los cuentos infantiles: España aspira a atraer parte de estas inversiones gracias a su abundancia de recursos renovables y a la posibilidad de producir electricidad con bajas emisiones.

¿Y podemos atraerlos y mantenerlos solo con renovables en cualquier lugar geográfico del país? No. Para que estos proyectos se materialicen es imprescindible que exista capacidad de conexión en la red eléctrica. Si esa capacidad no está disponible en determinados territorios, las inversiones pueden retrasarse o desplazarse hacia otras regiones con infraestructuras más accesibles. Esto supone que la red eléctrica se está convirtiendo en un factor cada vez más relevante en la competitividad industrial.

La congestión de redes eléctricas no es un fenómeno exclusivo de España. En numerosos países están apareciendo problemas similares. Por ejemplo, en Estados Unidos, la cola de proyectos energéticos que esperan conexión a la red supera ampliamente la capacidad eléctrica actualmente instalada.

En Europa, la expansión de las energías renovables y la electrificación de la economía están obligando a replantear sistemas eléctricos diseñados en gran medida para el modelo energético del siglo XX. Durante décadas, el sistema eléctrico se organizó alrededor de un número relativamente reducido de grandes centrales térmicas o nucleares. La electricidad se generaba en unos pocos puntos y se distribuía hacia los centros de consumo. Ahora, las energías renovables han cambiado esa lógica. Los parques eólicos y solares se instalan donde existen recursos naturales adecuados, lo que produce un sistema mucho más distribuido y con flujos eléctricos más variables.

Las redes existentes no siempre están dimensionadas para este nuevo patrón de generación y consumo. Así, en España, el desarrollo de la red de transporte se planifica mediante ciclos regulatorios plurianuales. El Plan de Desarrollo de la Red de Transporte de Electricidad 2021-2026 contempla inversiones superiores a 7 000 millones de euros destinadas a reforzar la infraestructura eléctrica, integrar energías renovables y mejorar la seguridad del sistema. Estas actuaciones incluyen nuevas líneas de alta tensión, ampliaciones de subestaciones y refuerzos de las interconexiones internacionales con Francia y Portugal.

Sin embargo, el desarrollo de infraestructuras eléctricas es un proceso complejo. Requiere planificación a largo plazo, autorizaciones administrativas y, en muchos casos, la construcción de infraestructuras lineales que atraviesan grandes extensiones de territorio. Esto significa que ampliar la red eléctrica suele llevar años.

Para el común de los mortales, sin conocimientos profundos del funcionamiento de la red, la transición energética suele imaginarse como un despliegue de tecnologías visibles: parques solares, aerogeneradores o vehículos eléctricos. Pero detrás de esa transformación existe una infraestructura mucho menos visible que es imprescindible para que todo el sistema funcione.

Si volvemos al símil con el universo presentado en la película de Dune, donde la especia sostiene todo el sistema político y económico, la capacidad de la red eléctrica puede convertirse en el recurso crítico que determine la velocidad real de la transición energética. Porque en una economía cada vez más electrificada, producir electricidad limpia es solo una parte del desafío. La otra consiste en construir las infraestructuras necesarias para que esa electricidad pueda llegar allí donde se necesita.