Myanmar indulta a más de 2.100 presos políticos
El consejo militar que gobierna Myanmar anuncia el indulto de más de 2.100 presos políticos como gesto humanitario
El consejo militar que gobierna Myanmar dijo el miércoles que liberaría más de 2.100 presos políticos como gesto humanitario. Otros miles de personas siguen encarcelados, en general por cargos asociados a protestas no violentas o críticas al régimen militar, que comenzó cuando el ejército arrebató el poder en febrero de 2021 al gobierno electo de Aung San Suu Kyi.
El general Min Aung Hlaing, líder del consejo militar, indultó a 2.153 presos en el día más señalado del año para los budistas, que conmemora el nacimiento, la iluminación y la muerte de Buda, según indicó la televisora estatal MRTV.
Las liberaciones comenzaron el miércoles, aunque algunas podrían tomar unos días en ejecutarse. La identidad de los presos indultados no estaba disponible en un primer momento, pero no incluiría a Suu Kyi, que cumple una pena de 33 años por más de una docena de cargos que sus seguidores consideran inventados por el ejército.
Según un anuncio oficial en medios estatales, todos los presos indultados el miércoles habían sido condenados según una parte del código penal birmano que ilegaliza difundir comentarios que crean inestabilidad o temor en el público, así como propagar noticias falsas, y que conlleva una pena de hasta tres años de prisión.
Los términos del indulto advierten que si los liberados vuelven a incumplir esa ley, tendrán que cumplir lo que quedaba de su sentencia original además de la que reciban por su nuevo delito.
Los indultos masivos son habituales en feriados señalados en Myanmar. La última liberación de este calibre se produjo en julio de 2021, cuando 2.296 presos pudieron salir de prisión.
En noviembre del año pasado fueron liberados varios presos políticos, como un académico australiano, un cineasta japonés, un exdiplomático británico y un estadounidense, dentro de una amnistía que también afectó a ciudadanos locales detenidos por protestar contra el golpe militar.
La Asociación de Ayuda a los Presos Políticos indicó el martes que 17.897 personas detenidas desde el golpe militar siguen encarceladas. El grupo mantiene un conteo detallado de detenciones y bajas asociadas a la represión del gobierno militar.
Los indultos parecían ser esfuerzos del estricto gobierno militar por suavizar su imagen de gran infractor de los derechos humanos.
El ex secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, instó la semana pasada a los militares birmanos a tomar la iniciativa para buscar una salida a la violente crisis política del país, lo que incluiría liberar a presos políticos, tras una reunión inesperada con Min Aung Hlaing.
Un comunicado tras el encuentro indicó que Ban “respaldó las peticiones de la comunidad internacional sobre que el ejército de Myanmar libere de inmediato a todos los presos detenidos de forma arbitraria, un diálogo constructivo y máxima moderación de todas las partes”.
La amnistía también se produjo al día siguiente de Min Aung Hlaing recibiera la visita del ministro de Exteriores de China, un país que ha prestado un apoyo crucial al régimen desde que tomó el poder.
MRTV señaló el martes que Qin Gang se había reunido en la capital, Naipyidó, con Min Aung Hlaing y otros miembros destacados y habló sobre relaciones bilaterales, la situación política en Myanmar y condiciones necesarias para su estabilidad y desarrollo.
China tiene intereses económicos y geopolíticos estratégicos en Myanmar, su vecino sureño, y es uno de los pocos países grandes que ha mantenido una buena relación con el gobierno militar, repudiado por muchos países occidentales por su golpe y su brutal represión de las voces discordantes.
Myanmar está en una situación inestable desde que el ejército se hizo con el poder. El golpe provocó protestas pacíficas reprimidas con dureza por las fuerzas de seguridad. Desde entonces, la violencia ha escalado con la aparición de una resistencia armada en varios puntos del país y los esfuerzos militares por sofocarla.
Para el martes, 3.452 civiles habían muerto a manos de las fuerzas de seguridad desde el golpe militar, según la Asociación de Ayuda a los Presos Políticos.