AP EXPLICA: Situación en Myanmar a 2 años del golpe militar

Dos años después de que generales de Myanmar derrocaron al gobierno electo de Aung San Suu Kyi, miles de personas han perdido la vida en el conflicto civil y muchas más se han visto obligadas a abandonar sus hogares en una grave crisis humanitaria.

La economía de Myanmar, que alguna vez fue una de las de crecimiento más acelerado en el sureste asiático, ahora se ubica debajo de donde se encontraba antes de que el golpe militar del 1 de febrero de 2021 agravara los problemas del país generados por la pandemia de COVID-19.

Diez años antes, Myanmar había logrado dejar atrás décadas de gobierno militar, realizando una transición gradual hacia un gobierno civil, abriendo su economía a una mayor inversión extranjera y espíritu emprendedor, además de relajar la censura a los medios de comunicación.

Se afianzó una cultura moderna de consumo, lo que dio pie a glamorosos centros comerciales en Rangún, la ciudad más grande del país, y el uso de Facebook y los teléfonos celulares se volvió parte de la nueva normalidad. Tras el golpe militar, miles de personas salieron a las calles a escenificar protestas pacíficas, las cuales fueron reprimidas con violencia letal.

¿QUÉ OCURRIÓ EL 1 DE FEBRERO DE 2021?

El ejército arrestó a Suu Kyi y a altos funcionarios del partido gobernante Liga Nacional para la Democracia, que obtuvo una contundente victoria para un segundo periodo de gobierno en los comicios generales de noviembre de 2020. Los militares dijeron que actuaron debido a que había habido un fraude electoral a gran escala, pero observadores electorales independientes no encontraron ninguna irregularidad significativa. Ahora el gobierno está en manos del general Min Aung Hlaing, mejor conocido por su papel en la represión de protestas prodemocráticas en 2007.

El derrocamiento del gobierno civil derivó en manifestaciones generalizadas y resistencia civil. Con el paso de las semanas, las fuerzas de seguridad aplastaron con violencia los despliegues de oposición. Hasta el momento, casi 3.000 civiles han sido asesinados y decenas de miles se han visto obligados a dejar sus hogares debido a los combates entre las fuerzas de seguridad y los civiles que se han levantado en armas, en ocasiones aliándose con grupos étnicos armados que han luchado contra la autoridad durante décadas en un intento por ser autónomos.

La toma del poder por parte del ejército se granjeó el repudio internacional. Muchos países le han dado la espalda al gobierno militar e impuesto sanciones, suspendiendo ciertos flujos financieros. Pero naciones vecinas deel sureste asiático y el aliado más influyente de Myanmar, China, se han abstenido de tales acciones.

¿DÓNDE ESTÁ AUNG SAN SUU KYI?

La ganadora del premio Nobel de la Paz, de 77 años, era considerada la jefa de gobierno con el título de consejera de Estado cuando el ejército la arrestó y la destituyó. En diciembre, un tribunal la sentenció a siete años de cárcel por cargos de corrupción en el más reciente de una serie de casos penales con tintes políticos en su contra, dejándola con un total de 33 años por cumplir tras las rejas.

Simpatizantes de Suu Kyi y analistas independientes aseguran que los numerosos cargos en contra suya y de sus aliados fueron un intento de los militares por legitimar el golpe de Estado, a la vez que la eliminaban del panorama político de cara a los comicios que el ejercito prometió llevar a cabo a finales de este año.

Suu Ky, hija del mártir de la independencia de Myanmar, general Aung San, fue presa política bajo arresto domiciliario durante casi 15 años entre 1989 y 2010. Se encuentra detenida en un ala recién inaugurada de la prisión de la capital, Naipyidó, cerca del tribunal en el que se llevó a cabo su juicio.

¿CÓMO ES LA VIDA BAJO EL GOBIERNO MILITAR?

Dos años después de que el ejército se hizo del poder, la vida en Rangún y otras grandes ciudades ha ido retomando la normalidad poco a poco, pero los combates en buena parte de las zonas rurales han dejado al país sumido en un conflicto civil.

Activistas por los derechos humanos dicen que el ejército y las fuerzas de seguridad han llevado a cabo arrestos arbitrarios, actos de tortura y otros abusos para reprimir a la disidencia. Grupos de monitoreo de los derechos humanos dijeron el martes que las fuerzas armadas de Myanmar están recurriendo cada vez con mayor frecuencia a ataques aéreos con resultados letales para tratar de aplastar a la resistencia armada.

Aunque las fuerzas armadas son responsables del uso de violencia a gran escala a lo largo y ancho del país, milicianos de oposición han llevado a cabo explosiones y asesinatos de oficiales militares y sus simpatizantes. Min Aung Hlaing acusó el martes a los opositores del gobierno militar de tratar de tomar el poder por “medios forzosos ilícitos”.

El Banco Mundial pronostica que el país crecerá un magro 3% este año, con algo de solidez en los sectores de la agricultura y en industrias como la de fabricación de vestimenta. Pero sigue por debajo de donde se ubicaba en 2019, antes de la llegada de la pandemia y del golpe militar.

El regreso de las fuerzas armadas al poder ha frenado una década de reformas y ha dejado al 40% de la población en situación de pobreza.

A pesar de controles cambiarios de divisas más estrictos y la incertidumbre en torno a las reglas y regulaciones bajo el gobierno militar, algunas empresas están encontrando formas de operar mediante el uso de pagos informales y canales comerciales. La reapertura de las rutas comerciales de Myanmar con China ha sido de ayuda.

Pero los riesgos también han ido en aumento debido a los problemas en la seguridad derivados del conflicto civil.

¿QUÉ SIGUE?

El camino para salir de la crisis sigue sin estar claro. El gobierno militar promulgó una ley sobre el registro de partidos políticos que le dificultará a los grupos de oposición presentar un desafío de importancia a los candidatos respaldados por el ejército en las elecciones generales programadas para finales de este año.

Los críticos ya han dicho que los comicios que las fuerzas armadas planean organizar no serán ni libres ni imparciales debido a que no hay prensa independiente y la mayoría de los dirigentes de la Liga Nacional para la Democracia han sido detenidos.

El partido ha declarado que no aceptará ni reconocerá el resultado de las elecciones, de las que ha dicho son una “farsa” y una treta del ejército para obtener legitimidad política y reconocimiento internacional. El Gobierno de Unidad Nacional también rechaza los comicios. Éste fue creado por legisladores electos que no pudieron ocupar sus cargos luego de que el ejército tomó el poder, y funge como un gobierno nacional clandestino.

Unidades de la Fuerza de Defensa del Pueblo, el brazo armado del movimiento prodemocrático, han intentado perturbar los preparativos electorales mediante ataques a personal del gobierno militar que realiza un sondeo en la población, el cual podría ser utilizado para armar un padrón electoral.