Mississippi sopesa mantener algunos convictos sin derecho a voto
Un tribunal en Nueva Orleans se disponía a escuchar alegatos el martes sobre si Mississippi puede quitar permanentemente del derecho al voto a personas que han purgado penas por ciertos delitos, incluso algunos crímenes no violentos.
La sentencia de la Corte Federal de Apelaciones del 5to Circuito probablemente determinará si decenas de miles de personas recuperan el derecho al voto. No se prevé que sea inmediata.
Activistas de la justicia penal obtuvieron una gran victoria en agosto cuando un panel de tres de los jueces de la corte fallaron que el retiro permanente del derecho al voto viola la disposición constitucional que prohíbe el castigo “cruel e inusual”. Pero la corte en pleno anuló el fallo semanas después y convocó a la audiencia del martes.
Abogados del estado sostienen que la prohibición de votar es un “reglamento no punitivo” y que, aunque lo fuera, no es cruel e inusual.
Los 17 jueces en actividad escucharán los argumentos junto con dos jueces de tiempo parcial que fueron miembros del panel que falló en agosto.
Bajo la constitución de Mississippi, personas condenadas por 10 delitos, entre ellos soborno, robo e incendio intencional, pierden el derecho al voto. Un procurador estatal anterior amplió la lista a 22 delitos, entre ellos robo de madera y secuestro en auto.
Para recuperar el derecho al voto, las personas condenadas por cualquiera de esos crímenes deben obtener un indulto del gobernador o convencer a los legisladores que aprueben leyes individuales para ellos, las que requieren mayoría de dos tercios. En los últimos años se aprobaron pocas de esas leyes y ninguna en 2023.
“Mississippi es atípico entre los estados al oponerse a una tendencia clara y consecuente en nuestra Nación contra la privación permanente de derechos”, escribió el juez James Dennis en la opinión de agosto, secundada por la jueza Carolyn Dineen King. Ambos fueron nominados por presidentes demócratas: King por Jimmy Carter y Dennis por Bill Clinton.
La jueza disidente en el caso fue Edith Jones, nominada por el republicano Ronald Reagan. Su argumento se basó en un fallo de la Corte Suprema, de que la privación de derechos de los delincuentes corresponde a las legislaturas estatales.