Al Ejército, todo el poder; avanza la militarización de México

El 6 de febrero de 2012, el ahora presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), se comprometió a regresar a sus cuarteles al Ejército en solo seis meses. Hizo esa promesa si ganaba la elección presidencial en julio de ese año. Perdió. Casi seis años después y en vísperas de los comicios electorales de 2018, AMLO expresó lo mismo durante un evento en la ciudad de Saltillo, en Coahuila: “Mi compromiso es regresar a las Fuerzas Armadas a los cuarteles y retirarlos de las calles”. Ese año, López Obrador se instaló en la silla presidencial pero no cumplió su promesa. Falló.

En agosto de 2018 y ya como presidente electo, AMLO sostuvo una charla con Francisco Vidal Soberón y Salvador Cienfuegos, titulares de la Marina Armada de México y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), durante el gobierno del entonces presidente Enrique Peña Nieto (2012-2018). En aquella charla, ambos funcionarios públicos brindaron un diagnóstico de seguridad del país y el presidente se limitó a decir que “sería muy irresponsable” sacar al Ejército de las calles debido a que “las policías locales no estaban funcionando”. Lo cierto es que, a partir de ese momento, López Obrador incrementaría la presencia militar en casi todos los rubros y áreas de su gobierno y lo haría a través de un plan sexenal y temporal.

A pesar de que AMLO reiteró que el Ejército “es una institución que debemos cuidar todos”, decidió apresurar la creación de la Guardia Nacional a solo unos meses de arribar al Poder Ejecutivo, el 26 de marzo de 2019. Y, en un sorpresivo cambio de discurso, desapareció la Policía Federal argumentando que “no logró consolidarse porque se descuidó, le faltó disciplina, le faltó profesionalismo y sobre todo moral”.

Hasta 2019, la extinta Policía Federal de México era la institución encargada de garantizar la paz en el país; sin embargo, durante el sexenio de Felipe Calderón (2006-2012) –uno de los principales opositores políticos de AMLO– estuvo plagada de irregularidades y presuntos actos de corrupción, nepotismo y falta de transparencia. El entonces secretario de Seguridad Pública del país y uno de los responsables de esta dependencia, Genaro García Luna, fue detenido en ese mismo año en Estados Unidos por acusaciones de conspiración, realizar declaraciones falsas y aceptar sobornos del Cártel de Sinaloa, entonces liderado por el narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán.

Valiéndose de un discurso anticorrupción y enfocado en salvaguardar la soberanía nacional, AMLO reforzó la asignación de las tareas públicas a manos de las Fuerzas Armadas, entre ellas, la construcción de escuelas y hospitales; remodelación de aeropuertos y tramos carreteros; mantenimiento de vías férreas; e, inclusive, la edificación de sucursales del Banco del Bienestar y bases de la Guardia Nacional. Y no solo eso. Actualmente, el Ejército también combate el robo de combustibles, mejor conocido como “huachicol”; resguarda, distribuye y aplica vacunas contra el covid-19; vigila y distribuye libros de texto gratuitos para las escuelas públicas; entrega fertilizantes a los campesinos; e, incluso, vendió “cachitos” de la Lotería Nacional, cuando el presidente intentó rifar el avión presidencial, que no se lo ganó nadie ni tampoco ha podido ser vendido a alguno de los interesados.

AMLO ha defendido sus ideales y, cada que tiene oportunidad, asegura que “el Ejército también es pueblo, pero uniformado”; mientras el país se sumerge en una clara y preocupante militarización, según expertos. Aunque el mandatario rechaza una y otra vez el adjetivo en su gestión, lo cierto es que el Ejército no solo tiene atribuciones de gran rango, sino que de aprobarse el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2022, las fuerzas militares serían acreedoras el próximo año de 166.900 millones de pesos –más de 8.345 millones de dólares–, lo que representa un incremento del 80% a lo destinado en 2018, de acuerdo con organismos no gubernamentales en el país.

Algunos analistas aseguran que la militarización de México podría leerse desde tres ópticas. La primera es la legitimidad, ya que aseguran que el Ejército al ser una de las instituciones mejor evaluadas, brinda valía a los proyectos del presidente; además de que, históricamente, el Ejército ha atendido a los desprotegidos y casi 9 de cada 10 mexicanos confían en las fuerzas castrenses.

La segunda es la centralización de la política de seguridad, pues expertos sugieren que, al ser el comandante supremo de las Fuerzas Armadas, López Obrador puede tomar el mando de este rubro y enfocarse en reducir la violencia generada por la delincuencia organizada, uno de los grandes compromisos que realizó durante su campaña presidencial. Cabe mencionar que el primer mandatario puede y ha priorizado los objetivos de seguridad a su conveniencia y de forma unilateral. Uno de estos eventos fue el denominado “Culiacanazo”, el 17 de octubre de 2019, cuando elementos del Ejército realizaron un plan para capturar a Ovidio Guzmán López, alias “El Ratón”, uno de los hijos de “El Chapo” Guzmán, vinculado presuntamente a la organización delictiva que lideraba su padre. A las pocas horas de efectuarse el operativo y luego de que supuestos narcotraficantes sitiaran la ciudad de Culiacán, en Sinaloa, López Obrador ordenó la liberación de Guzmán López. “Yo tomé la decisión. ¿Por qué? No quisimos arriesgar al pueblo. No queremos violencia”, dijo días después de que la ciudad viviera uno de los enfrentamientos más violentos y mediáticos de su historia.

Y la tercera es por simbolismo, debido a que la mayor parte de la fuerza militar está integrada por campesinos y ciudadanos de clases sociales bajas. Estar ‘codo a codo’ con el “pueblo uniformado”, genera la percepción de que AMLO está más cerca de los valores que han sido heredados de la Revolución mexicana, tal y como se considera a esta fuerza del orden, en su carácter nacional y popular.

Estudiosos también han asegurado que, tanto la estabilidad como la imagen del Ejército, podrían deteriorarse si los resultados de AMLO en materia de seguridad no son suficientes para la ciudadanía. Por ello, alertan sobre una disminución de legitimidad y un debilitamiento de la institución por aceptar responsabilidades para las que no está preparada.

En diversos foros, el presidente de México ha citado la Ley Orgánica del Ejército y ha tratado de justificar el uso de las Fuerzas Armadas en la mayor parte de las áreas de desarrollo del país, asegurando que la presencia de dicha institución “debe coadyuvar al progreso de la nación”. A menudo, López Obrador recurre a la retórica para tergiversar algunas de las acciones de su gobierno. Tal es el caso del denominado “decretazo”, que obliga a todas las agencias federales a que aprueben de forma automática cualquier obra pública de su gobierno. La medida ha desatado una ola de críticas y posturas encontradas, pues la consideran “autoritaria” y hasta “inconstitucional”.

AMLO ha aseverado que el “decretazo” es un ordenamiento que “pretende agilizar trámites” para la construcción de obras públicas; sin embargo, parece más un atisbo controlador que presume un intento por ocultar información más que de rendir cuentas. Y, frente a este panorama, aparecen nuevamente las fuerzas militares, pues son las encargadas de la mayor parte de la obras públicas del país. En el último año del sexenio de Enrique Peña Nieto, la Marina y la Sedena tuvieron un presupuesto conjunto de 75.290 millones de pesos –más de 3.764 millones de dólares–, el cual ascendió a 148.033 millones de pesos en 2021 –más de 7.401 millones de dólares–.

El presidente ha sido claro y quiere que las Fuerzas Armadas se encarguen de la obra insignia de su gobierno, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, ubicado en la Base Aérea de Santa Lucía. El mandatario también pretende que los militares hagan la conexión con el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, ubicado a 51 kilometros, un trayecto de más de 1 hora y 30 minutos en automóvil. El costo total del proyecto sería de cerca de 75.000 millones de pesos, más de 3.726 millones de dólares. Casi la mitad de esos fondos fueron aprobados en este 2021.

Otros proyectos de gran calado fueron asignados a la Sedena. Se trata de los tramos 1, 6 y 7 del Tren Maya y el Aeropuerto de Tulum, en el estado de Quintana Roo; así como la administración de los puertos aéreos en Chetumal y Palenque, en Chiapas. Asimismo, esta dependencia está a cargo de la remodelación de al menos 32 hospitales, más de 2.000 sucursales del Banco del Bienestar y el Parque Ecológico en el Lago de Texcoco, el cual estará ubicado en el mismo terreno que estaba proyectada la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM), propuesto por el expresidente Peña Nieto y cancelado por el mandatario actual debido a la “corrupción imperante”.

La lista sigue y es larga. Entre 2019 y hasta este 2021, el Ejército debe dotar al Gobierno de México de 215 millones de árboles frutales y maderables para el programa “Sembrando Vida”, el cual consiste en otorgar apoyos para la reconstrucción del tejido social en las zonas agrícolas que más lo necesitan. La labor a cargo de la Sedena cuenta con un presupuesto de 906 millones de pesos, más de 45 millones de dólares. Y para el programa “Jóvenes Construyendo el Futuro”, el cual vincula a jóvenes de entre 18 y 29 años de edad que no estudian ni trabajan con empresas o negocios, la Sedena tuvo que implementar 33 centros de capacitación para ingresar a la población joven de México al campo laboral.

Y, aunque pareciera que las labores del Ejército se basan solo en temas de seguridad, educación y/o empleo en México, no es así. En octubre de 2019, una aeronave de la Fuerza Aérea Mexicana repatrió las cenizas del cantante José José de Miami a la Ciudad de México. El costo de esta operación estuvo valuado en 1,2 millones de pesos, unos 60.000 dólares. Asimismo, se emplearon aeronaves de las fuerzas militares para rescatar al expresidente de Bolivia, Evo Morales, luego de que la Organización de Estados Americanos (OEA) asegurara que existían irregularidades en la reelección del mandatario de ese país.

Pero, quizás la función más controversial de las fuerzas militares en México, es la de frenar el flujo migratorio de Centroamérica a Estados Unidos. Dicha labor, ejecutada por la Guardia Nacional, ha puesto la mira de otros países en México, sobre todo de organismos no gubernamentales debido a las claras violaciones a los derechos humanos de los migrantes indocumentados. En 2020, al menos 8.058 efectivos fueron destinados a vigilar y controlar la frontera sur de México; se instalaron 30 puestos militares, 347 puntos de control migratorio y fueron rescatadas más de 1.200 personas en diferentes rutas.

El involucramiento de las fuerzas castrenses en la vida pública del país es cada vez mayor. Algunos aseguran que, al dotar de tantas tareas al Ejército, es probable que en un futuro el secretario de la Defensa Nacional, el secretario de la Marina, el titular de la Guardia Nacional e, inclusive, un militar de alto rango pueda aspirar al máximo cargo público del país. Los ciudadanos temen que México esté tan lejos de la democracia representativa y tan cerca de la militarización.