Luisiana: propuesta de ley sobre el aborto acusaría a mujeres de homicidio
La propuesta legislativa se une a los esfuerzos republicanos a nivel estatal para eliminar el acceso y criminalizar la atención
Un comité legislativo estatal en Luisiana presentó un proyecto de ley que tipificaría el aborto como homicidio, y se podría acusar a la persona embarazada o a las personas que ayuden con el aborto.
El proyecto de ley, propuesto por el representante estatal republicano Danny McCormick, fue promovido por el Comité de Justicia Penal de la Cámara de Representantes del estado con una votación de 7 a 2 el 4 de mayo, a pesar de que al menos un legislador que apoyó el proyecto de ley enfatizó que probablemente sea inconstitucional.
El Proyecto de ley 813 ahora se dirige a la Cámara de Representantes del estado para una votación completa.
La presentación del proyecto de ley surge después de una opinión filtrada de la mayoría conservadora de la Corte Suprema de EE.UU., que parece dispuesta a revocar las protecciones constitucionales para la atención del aborto afirmadas por los fallos en Roe vs Wade y Planned Parenthood vs Casey, poniendo fin a las protecciones de atención médica para millones de estadounidenses.
El aborto sigue siendo legal en todos los estados, aunque los legisladores republicanos de los EE.UU. han presentado docenas de medidas contra el aborto en 2022 para restringir el acceso o eliminarlo por completo. Varios estados han atacado a los proveedores de servicios de aborto con delitos graves, aunque dicha legislación ha eximido a las personas que buscan practicarse un aborto.
Luisiana se encuentra entre al menos 16 estados con las llamadas leyes con cláusulas “gatillo” que ilegalizarían la atención del aborto y forzarían el cierre de las tres clínicas restantes del estado si anulan Roe vs Wade en la Corte Suprema.
Las restricciones actuales sobre la atención del aborto en el estado incluyen una ecografía obligatoria y asesoramiento dirigido por el estado antes de un procedimiento, así como un periodo de espera de 24 horas antes de que se pueda realizar un procedimiento. Los abortos para pacientes con planes de seguro médico a través del intercambio de la Ley del Cuidado de Salud a Bajo Precio del estado no tienen cobertura, y los pacientes no pueden obtener recetas para abortos con medicamentos a través de citas de telemedicina.
La ley estatal con cláusulas “gatillo” prohibiría de inmediato a los proveedores realizar un aborto o proporcionar medicamentos para el aborto en todos los casos, siempre que el médico haga “esfuerzos médicos razonables” para salvar la vida de la madre y el feto.
La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles de Luisiana dijo que la propuesta legislativa estatal es “descaradamente inconstitucional”.
Durante la audiencia del miércoles, se advirtió a los legisladores que el proyecto de ley también penalizaría las fertilizaciones in vitro y algunos métodos anticonceptivos.
Más temprano el miércoles, el fiscal general republicano del estado, Jeff Landry, dijo que las mujeres que buscan abortar en el estado deberían “empacar y mudarse a California”.
El gobernador demócrata de Luisiana, John Bel Edwards, el único gobernador demócrata en contra del aborto en los EE.UU., se ha negado a discutir públicamente la opinión filtrada de la Corte Suprema.
Un portavoz del gobernador le dijo a The Independent que su “postura provida ha sido clara y consistente desde que fue elegido por primera vez a la legislatura de Luisiana en 2008”— pero —“no va a emitir una declaración sobre el borrador de decisión que no se ha emitido formalmente” y no suele comentar sobre los proyectos que no han llegado a su escritorio.
La medida (que se denominará “Ley de Abolición del Aborto en Luisiana de 2022”) reconoce “la santidad de la vida humana inocente, creada a imagen de Dios, que debe ser igualmente protegida desde la fertilización hasta la muerte natural”; “reconocería plenamente la personalidad humana de un niño por nacer en todas las etapas de desarrollo antes del nacimiento desde el momento de la fertilización”, y “garantizaría el derecho a la vida y la igual protección de las leyes para todos los niños por nacer desde el momento de la fertilización protegiéndolos con las mismas leyes que protegen a otros seres humanos”.
El texto del proyecto de ley intenta reemplazar y “tratar como nulos... todos y cada uno de los estatutos, reglamentos, tratados, órdenes y fallos judiciales federales que privarían a un niño por nacer del derecho a la vida o prohibirían la protección igualitaria de tal derecho”.