Lasso: juicio político, "intento de asesinato a reputación"

El presidente ecuatoriano, Guillermo Lasso, rechazó el jueves el juicio político al que será sometido por la Asamblea Nacional, tras el aval de la Corte Constitucional a que sea tramitado en la Asamblea por un presunto delito de peculado. Reiteró su inocencia ante la acusación de beneficiarse de fondos públicos y acusó a los legisladores interpelantes de buscar el poder de manera desesperada.

En un mensaje en cadena por radio y televisión, expresó “soy inocente, en mi vida personal, profesional y pública, siempre he actuado con recta intención”. Atribuyó la interpelación en sede parlamentaria promovida por la oposición a un invento de algunos asambleístas sin respeto al debido proceso y obteniendo documentos de manera ilícita.

“Esto se llama intento de asesinato de la reputación”, pronunció el mandatario sobre el juicio político en su contra, en un contexto nacional en el que la inseguridad ciudadana es la principal preocupación de los ecuatorianos.

Según Lasso, la intención de sus opositores “es clara” ya que “señalan en su escrito que su intención real es reprochar al presidente por su gestión”. Descalificó el proceso al decir que “huele muy mal” y que no hay pruebas, pero se definió como “un demócrata" y por eso, aseguró que respetará “la decisión de la Corte Constitucional, aunque no la comparto”.

La noche del miércoles la Corte Constitucional avaló un pedido de juicio político contra el mandatario, planteado por una mayoría de oposición de la Asamblea, con lo que el proceso ahora pasa a la sede parlamentaria en donde debe seguir un trámite de presentación de argumentos y sumar mayoría en votación en un plazo de hasta 45 días para que el mandatario sea o no destituido del cargo.

Recordó que el “presumible peculado” del que es acusado se refiere a un contrato de Flopec, la naviera petrolera estatal, firmado en 2018 y con alcance a 2020. “No era presidente en esas fechas”, apuntó sobre un asunto del que dijo “ni siquiera existe una investigación en Fiscalía de ese tema”. Le indigna, por tanto, el ataque a su reputación por parte de "un grupo de perversos y mafiosos" que se inventan "chismes y mentiras".

Añadió que el juicio “es una lucha que vamos a ganar”, pero no aclaró si irá a la Asamblea a enfrentar ese proceso.

Poco antes de la cadena de Lasso, el presidente del Legislativo, Virgilio Saquicela, dijo en un mensaje entregado a los periodistas que el juicio político se constituye en la mayor expresión del ejercicio de la facultad de fiscalización y control político del Poder Legislativo. Y destacó que el dictamen de admisibilidad parcial suscrito por la Corte Constitucional confirma que la Asamblea ha actuado enmarcada en las normas constitucionales y legales.

La oposición buscaba enjuiciar políticamente al presidente Lasso por concusión y por peculado, pero la Corte Constitucional solo admitió la segunda causal. Lasso dijo que lamentaba “las presiones e incluso amenazas que la Corte Constitucional recibió de determinados sectores de la política” antes de tomar su decisión.

El presidente parlamentario añadió que advirtió que será el Pleno el que resolverá sobre el juicio político “con responsabilidad y en estricta observancia a la constitución y la ley”.

Los asambleístas de oposición responsabilizan al mandatario por el funcionamiento de una estructura de corrupción que se habría apropiado de fondos públicos a través de contratos de la empresa pública Flota Petrolera Ecuatoriana con la compañía Amazonas Tanker.

De acuerdo con un examen de la Contraloría, esos contratos, suscritos antes de que Lasso llegue a la presidencia, eran perjudiciales para las arcas fiscales, a pesar de lo cual el coordinador de las empresas públicas renovó un contrato de prestación de servicios con el presunto beneplácito de Lasso, quien tampoco se opuso al despido de un funcionario que había recomendado terminar esos contratos.

Eso pasó, se excuso Lasso el jueves en su mensaje televisado, “mucho tiempo antes de que yo asuma la presidencia de la República” y apunto que “ese contrato solo tiene recomendaciones técnicas de Contraloría, no indicios de responsabilidad penal”.

Antes de conseguir el visto bueno de la Corte Constitucional, el pedido de juicio político pasó por una comisión legislativa que revisó una investigación policial de supuestos nexos entre el cuñado del mandatario, Danilo Carrera, con funcionarios públicos presuntamente relacionados a redes de corrupción y de narcotráfico.

El caso por el que Lasso será llevado a juicio político se conoció mediante publicaciones del portal digital La Posta, que reveló una investigación de la policía entre junio de 2022 y enero de 2023, que fue archivada por recomendación judicial y de la Fiscalía ante la falta de elementos contundentes.

Para destituir al mandatario, se requiere una mayoría de votos de 92 respecto de los 137 asambleístas. Según las bancadas de oposición, hay una cierta posibilidad por el número de legisladores que están en contra del mandatario.

Lasso ya enfrentó un primer intento de destitución presidencial el año pasado, pero la iniciativa no cosechó los votos suficientes. Fue en junio, cuando llevaba en el cargo un año. No se llegó a completar los 92 votos necesarios para aprobar el juicio político a Lasso tras el paro indígena que derivó en violentas protestas durante casi tres semanas en el que se exigía una reducción del precio de los combustibles.

El presidente Lasso, cuyo mandato terminaría en 2025, tiene a disposición una fórmula para evitar su enjuiciamiento político. Podría activar una figura constitucional de disolución del Legislativo, llamada muerte cruzada, sin mayor trámite. Eso le permitiría gobernar por decreto durante unos seis meses, antes de tener que convocar elecciones.

En ese lapso podría postular a la reelección del cargo, una opción que hasta ahora no ha planteado oficialmente y que tiene como antecedente la reciente derrota en las urnas en febrero de una consulta popular enfocada en la seguridad.