Adjudican demanda de fraude contra Trump al juez que había condenado al expresidente por desacato

La demanda de la fiscal general de Nueva York, que acusa a Donald Trump y su compañía de fraude fue adjudicada a un juez de la corte estatal que falló en varias ocasiones en contra del expresidente en disputas de citaciones relacionadas. Anteriormente, lo declaró en desacato, lo multó con US$110.000 y lo obligó a sentarse a hacer una declaración.

Los abogados de Trump se oponen a la participación continua del juez de Manhattan Arthur Engoron y acusaron a la oficina de la fiscal general Letitia James de intentar “escoger al juez” porque, en el papeleo que buscaba la asignación de un juez, se destacó el conocimiento de Engoron del caso y se vincularon la demanda y las disputas de citación como asuntos “relacionados”.

En una carta enviada el jueves al juez administrativo de la corte, la abogada de Trump, Alina Habba, argumentó que la demanda debería asignarse a la División Comercial de la corte, que se estableció para manejar litigios corporativos complejos.

La oficina de James, que presentó la demanda la semana pasada, busca llevar el caso a juicio a finales del próximo año, antes de las primeras primarias de las elecciones presidenciales de 2024. En una respuesta, dijo que el caso debería permanecer con Engoron en parte debido al “nivel de familiaridad” que ha desarrollado en el manejo de los problemas de descubrimiento y citación en la investigación subyacente.

“Dado el hecho de que esta acción implica acusaciones de un plan en curso y una conspiración para obtener millones de dólares a través de actividades fraudulentas, y que los acusados han tratado de retrasar en varias ocasiones la conclusión de (la investigación de James), es imperativo que este caso proceda rápidamente”, escribió Wallace.

Un portavoz de la corte señaló que Engoron no tenía comentarios.

La demanda de James alega que Trump y la Trump Organization inflaron su patrimonio neto en miles de millones de dólares y engañaron a bancos y otros durante años sobre el valor de activos preciados como campos de golf, hoteles y su propiedad en Mar-a-Lago. Ella busca US$250 millones y una prohibición permanente de que Trump haga negocios en el estado.

Los tres hijos mayores de Trump, Donald Jr., Ivanka y Eric Trump, también fueron nombrados como acusados, junto con dos ejecutivos que llevan mucho tiempo en la compañía. Un abogado de Donald Trump Jr. y Eric Trump envió una carta el jueves al juez administrativo para respaldar la solicitud de Habba para trasladar el caso a la División Comercial de la corte.

Engoron, un demócrata, ha estado involucrado en casos relacionados con Trump desde 2020, cuando fue asignado para intervenir en las disputas entre los abogados de Trump y la oficina de James sobre las solicitudes de evidencia y la dirección de su investigación.

Trump, un republicano que ha estado sentando las bases para una posible campaña de regreso a la presidencia, alegó sesgo después de que varios de los fallos de Engoron fueron en su contra, y dijo en un comunicado: “No puedo obtener una audiencia justa en Nueva York debido al odio hacia mí de los jueces y el poder judicial. No es posible”.

En febrero, Engoron hizo cumplir una citación para que Trump y dos de sus hijos, Ivanka y Donald Jr., prestaran testimonio bajo juramento. Testificaron en agosto después de que un tribunal estatal de apelaciones rechazara los intentos de revocar el fallo. Trump invocó su protección de la Quinta Enmienda contra la autoincriminación más de 400 veces.

En abril, Engoron declaró al expresidente en desacato al tribunal y lo multó por tardar en responder a una citación que lo obligaba a entregar ciertos documentos. Engoron levantó el fallo de desacato en junio después de que Trump pagara la multa de US$110.000 y cumpliera otras exigencias.

Engoron también emitió fallos que ordenan a la Trump Organization y a su tasadora, Cushman & Wakefield, que entreguen pruebas. Además, exigen que otro hijo, Eric Trump, testifique en una declaración.

Trump denunció la demanda de James como “otra cacería de brujas” y señaló que las divulgaciones financieras de su empresa advertían a los bancos que no confiaran en la información proporcionada.

Habba mencionó que las acusaciones en la demanda “no tienen mérito”.

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