Iowa y ciudadanos naturalizados resuelven demanda de 2024 sobre elegibilidad para votar

El principal funcionario electoral de Iowa y un grupo de ciudadanos naturalizados llegaron a un acuerdo el miércoles en una demanda federal, lo cual impedirá que el estado dependa exclusivamente de los registros de licencias de conducir para obtener datos de si se es ciudadano o no durante los tres meses previos a unas elecciones.

Los ciudadanos estadounidenses por naturalización demandaron al secretario de Estado de Iowa, Paul Pate, a finales de octubre de 2024, alegando que vulneró su derecho al voto cuando les ordenó a los trabajadores electorales impugnar las papeletas de unos 2.000 votantes empadronados, en un intento por evitar el sufragio de personas que los funcionarios determinaron que podrían no ser ciudadanos.

Una revisión de los padrones electorales de Iowa el año pasado halló que una fracción de esa cifra —35 personas que no son ciudadanos de Estados Unidos— figuraba entre más de 1,6 millones de votantes de Iowa que emitieron su voto en las elecciones de 2024, y hubo 277 personas que no son ciudadanos y estaban registradas para votar de un total de casi 2,3 millones. El que personas que no son ciudadanos estadounidenses voten en elecciones es ilegal, pero no hay evidencia de que ocurra en grandes cantidades.

La oficina de Pate había comparado los padrones electorales del estado con una lista de personas que se autodeclararon no ciudadanas ante el Departamento de Transporte de Iowa. Luego envió la lista a los funcionarios electorales de los condados dos semanas antes de las elecciones, pero no intentó contactar directamente a los votantes.

El republicano Pate indicó en ese momento que los datos de transporte eran la mejor fuente disponible de información sobre si se es ciudadano o no, ya que la oficina no tenía acceso a los registros federales de inmigración en el gobierno del presidente Joe Biden.

En virtud de un acuerdo con el Departamento de Seguridad Nacional en el gobierno del presidente Donald Trump, ahora Iowa puede realizar búsquedas de miles de votantes usando nombres, fechas de nacimiento y números de Seguro Social a través del programa federal Systematic Alien Verification for Entitlements (Verificación Sistemática de Extranjeros para Beneficios - SAVE, por sus siglas en inglés).

Esa fue una de las razones por las que Pate había argumentado ante un juez federal que la demanda debía ser desestimada, al señalar que la lista de votantes de 2024 fue retirada y que, por lo tanto, las reclamaciones carecían de objeto. Según el acuerdo, esa lista tampoco puede utilizarse para futuras impugnaciones relacionadas con las papeletas, ni para labores de mantenimiento de los padrones electorales.

A cambio, los ciudadanos naturalizados aceptaron retirar sus reclamaciones. El acuerdo, firmado por ambas partes, se presentó ante el tribunal el miércoles, pero aún falta que un juez federal lo acepte.

Rita Bettis Austen, directora jurídica de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) de Iowa, consideró que el acuerdo es una victoria.

“La abrumadora mayoría de los votantes colocados erróneamente en esta lista, incluidos todos nuestros clientes, son ciudadanos naturalizados de Estados Unidos que tienen derecho a votar", manifestó en un comunicado. "Tenemos la esperanza de que el acuerdo de hoy proteja a los habitantes de Iowa para que esto no vuelva a ocurrir en futuras elecciones”.

Pero Pate y la fiscal general republicana de Iowa, Brenna Bird, consideraron que el resultado es una victoria, y señalaron que ahora están utilizando bases de datos federales para verificar los padrones electorales del estado.

Según documentos judiciales, la oficina del secretario de Estado utilizó el programa SAVE en su revisión el año pasado. El programa existe desde hace décadas y es operado por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS, por sus siglas en inglés), una dependencia del Departamento de Seguridad Nacional.

Ha sido modernizado de manera significativa en el gobierno de Trump, lo que llevó a grupos defensores del derecho al voto a demandar al gobierno por preocupaciones de que votantes elegibles pudieran ser eliminados ilegalmente de los padrones electorales.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa