Militares mexicanos forman una “frontera vertical”, cometen abusos y violan derechos humanos
La militarización de la política migratoria y las fronteras mexicanas afecta principalmente a los migrantes más vulnerables, los que huyen de la violencia, los desastres climáticos, la pobreza y el autoritarismo
A través de un informe, organizaciones civiles y el relator especial de la ONU sobre los Derechos Humanos de las Personas Migrantes, Felipe González, alertaron sobre el "incremento exponencial" de la militarización contra los migrantes que transitan por México hacia Estados Unidos.
El documento con el título Bajo la bota, también alerta que elementos de la Guardia Nacional y las Fuerzas Armadas han incurrido en agresiones sexuales de manera sistémica contra mujeres migrantes, quienes optan por no denunciar por el riesgo de deportación.
“Las actividades de monitoreo desplegadas por Sin Fronteras IAP han permitido detectar que estos casos no son aislados, sino que, por el contrario, estos actos de violencia, ejercidos por la Guardia Nacional y los agentes del Instituto Nacional de Migración (INM), son cada vez más comunes en los procesos de control y verificación migratoria”, afirma el texto.
Según la investigación, en 2019 se contaban 8.715 integrantes de las Fuerzas Armadas en tareas migratorias en ambas fronteras, mientras que, para el 2022 la cifra aumentó a más de 28.500.
“A los cuerpos castrenses se les ha adjudicado funciones en materia migratoria, en contra de las disposiciones normativas mexicanas, el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho internacional de los refugiados”, dice el informe de la FJEDD (Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho).
El reporte asegura que el gobierno mexicano ha creado un “muro militar contra la migración” al tiempo que Estados Unidos ha “externalizado su frontera”.
“De 32 delegaciones estatales del INM, 19 estaban, hasta finales de 2021, bajo el cargo de personal con formación especializada en tareas militares, labores penitenciarias y seguridad pública, de acuerdo con información pública”, indica el estudio.
González celebró el reciente fallo de la SCJN (Suprema Corte de Justicia de la Nación) que declaró inconstitucionales las revisiones migratorias por atentar contra el libre tránsito y derivan en prácticas discriminatorias.
El INM (Instituto Nacional de Migración) ha detenido a 77.000 personas en el primer trimestre del año, casi el doble que en el mismo periodo de 2021, en el que se reportaron 41.000 migrantes detenidos.
El fallo se dio luego de un amparo promovido por un grupo de mexicanos, de una comunidad indígena, que fue detenido en 2015 cuando viajaba al norte del país a bordo de un autobús. Al no cargar con documentos que acreditaran su nacionalidad fueron llevados a una estación migratoria en donde además fueron sometidos a diferentes maltratos para que admitieran ser de Guatemala.
“Tenemos que cuidarnos, siempre volvemos con luz del día a la casa o al campamento. Vamos por avenidas grandes, nunca por calles pequeñas, porque se puede esperar que puedan atacarnos los policías y los militares. ¿Cómo confiar si nos tratan en la calle como si fuéramos prostitutas?”, declaró una migrante haitiana solicitante de asilo.