Bélgica: Las políticas de hogares de ancianos violaron los derechos humanos de sus residentes

Amnistía Internacional dijo que las autoridades belgas “abandonaron” a miles de ancianos que murieron en residencias de ancianos durante la pandemia de coronavirus tras una investigación publicada el lunes que atravesaba una serie de deficiencias descritas por el grupo como “violaciones de derechos humanos."

Bélgica, uno de los países más afectados de Europa, ha informado de más de 531,000 casos confirmados de virus y más de 14,000 muertes relacionadas con el coronavirus. Durante la primera ola de la pandemia la primavera pasada, el país de 11.5 millones de personas registró la mayoría de sus muertes relacionadas con COVID-19 en hogares de ancianos.

Entre marzo y octubre, Amnistía Internacional dijo que "un asombroso" 61,3% de todas las muertes por COVID-19 en Bélgica tuvieron lugar en residencias. El grupo dijo que las autoridades no fueron lo suficientemente rápidas en la implementación de medidas para proteger a los residentes y al personal de las residencias durante este período, por lo tanto, no protegen sus derechos humanos.

Amnistía Internacional dijo que una de las razones por las que tantas personas murieron en los hogares es porque los residentes infectados por el virus mortal no fueron trasladados a hospitales para recibir tratamiento.

“Los resultados de nuestra investigación nos permiten afirmar que (las residencias) y sus residentes fueron abandonados por nuestras autoridades hasta que esta tragedia fue denunciada públicamente y pasó lo peor de la primera fase de la pandemia”, dijo Philippe Hensmans, director de Amnistía Internacional Bélgica.

Cuando el virus golpeó duramente a Europa en marzo, Bélgica fue tomada con la guardia baja y sin estar preparada, enfrentando una escasez crítica de equipo de protección personal. A medida que aumentaban las infecciones en todo el país, los hogares de ancianos se vieron rápidamente abrumados por el ritmo frenético de la contaminación, ya que las autoridades locales incluso solicitaron el apoyo de las fuerzas armadas belgas para abordar la preocupante situación.

Bélgica tuvo una de las tasas de mortalidad más altas del mundo durante la primera ola. Pero mientras el personal de los hogares de ancianos estaba abrumado, los hospitales del país resistieron la crisis ya que sus unidades de cuidados intensivos nunca alcanzaron su capacidad de 2,000 camas. Vincent Fredericq, secretario general de la federación de residencias de ancianos Femarbel, dijo a Amnistía Internacional que muchos residentes que necesitaban asistencia médica se habían quedado atrás.

“Todos quedaron impactados por las imágenes de los hospitales italianos y españoles”, dijo. “Estas situaciones tuvieron un gran impacto en nuestros tomadores de decisiones federales, quienes dijeron desde el principio que era absolutamente necesario evitar sobrecargar los cuidados intensivos. Los hogares de ancianos han sido relegados a una segunda línea y los residentes y el personal han sido las víctimas”.

Amnistía Internacional basó su investigación en testimonios de residentes y miembros del personal de residencias de ancianos, empleados de organizaciones no gubernamentales que defienden los derechos de los residentes y directores de residencias de ancianos. El grupo también habló con familias de personas mayores que actualmente viven en hogares o fallecieron durante la pandemia. La mayoría de las personas entrevistadas pidieron permanecer en el anonimato para poder hablar libremente.

Citando cifras publicadas por Médicos sin Fronteras, el grupo dijo que solo el 57% de los casos graves en hogares de ancianos fueron transferidos a hospitales debido a una "interpretación dañina de las pautas de clasificación".

"Algunas personas mayores probablemente hayan muerto prematuramente como resultado", dijo Amnistía Internacional. “Pasaron meses antes de que una circular declarara explícitamente que el traslado al hospital aún era posible, si estaba de acuerdo con los intereses y deseos del paciente, independientemente de su edad."

Maggie De Block, la exministra de salud belga que estuvo a cargo durante los primeros meses de la pandemia, refutó las acusaciones del mes pasado de que se negó el acceso a los hospitales a los residentes de hogares de ancianos.

“Nunca ha habido un mensaje ni del gobierno federal ni de mis colegas regionales diciendo que no debemos hospitalizar a las personas que lo necesiten, o que podemos rechazar a las personas mayores o discapacitadas”, dijo a la prensa local RTBF.

La oficina del primer ministro no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios de The Associated Press.

Más de la mitad de los proveedores de atención interrogados durante la investigación del grupo dijeron que no recibieron capacitación sobre cómo usar el equipo de protección y no estaban lo suficientemente informados sobre el virus. Amnistía Internacional dijo que las pruebas sistemáticas de los empleados no se introdujeron antes de agosto, con solo una prueba por mes.

“Cada vez que un asistente social entraba en mi habitación para ayudarme a lavarme, tenía miedo. Me preguntaba si COVID vendría con ella”, dijo a Amnistía Internacional una residente de un hogar de ancianos identificado como Henriette.

El grupo también señaló que las medidas restrictivas que limitan las visitas familiares tienen repercusiones negativas en la salud de muchos residentes. Algunos familiares dijeron a Amnistía Internacional que cuando se les permitió regresar, se dieron cuenta de que se había descuidado a sus seres queridos porque el personal estaba abrumado.

“Fue muy difícil para mi esposo comer solo. Con el paso del tiempo, perdió peso ”, dijo la esposa de un residente. "Cuando le pregunté al personal al respecto, un asistente social me dijo: 'No podemos alimentar a todos todos los días".

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