Historial de abuso de una unidad policial mexicana involucrada en la masacre de migrantes

Cuando la policía estatal en el norte de México presuntamente mató a tiros a 19 personas, incluidos al menos 14 migrantes guatemaltecos a fines de enero cerca de la frontera con Texas, fue una tragedia que los críticos dicen que las autoridades habían advertido que podría llegar.

En 2019, los fiscales acusaron que la misma unidad policial del estado de Tamaulipas, que entonces operaba con un nombre diferente, sacó a ocho personas de sus hogares en la ciudad fronteriza de Nuevo Laredo, las posó en ropa y vehículos para hacerlas parecer criminales y les disparó a muerte.

Ahora, una decena de oficiales del Grupo de Operaciones Especiales de 150 miembros, conocido por sus siglas en español como GOPES, fueron retenidos para ser juzgados por los cargos de que mataron a tiros al menos a 14 migrantes guatemaltecos y dos mexicanos en un camino rural en el municipio fronterizo de Camargo. Luego, los cuerpos fueron incendiados, quemándose tanto que tres cadáveres aún esperan ser identificados.

Las autoridades advirtieron ampliamente sobre los problemas en la unidad que se creó el año pasado a partir de los restos del grupo de fuerzas especiales acusado de los asesinatos de 2019 y otras atrocidades. Un legislador federal incluso presentó una resolución no vinculante en el Congreso de México a principios de enero para protestar contra las palizas y robos de la unidad.

Recientemente, en noviembre, una asociación empresarial de Tamaulipas acusó a los agentes de la unidad GOPES de irrumpir en la casa de un miembro y robar dinero en efectivo, otras pertenencias y electrodomésticos. El grupo dijo que la víctima incluso tomó fotos remotas a través de las cámaras de seguridad de su casa que mostraban a agentes uniformados con armas en la espalda robando su casa.

La queja fue ignorada y nunca se hizo nada para controlar a la unidad.

“Si en ese entonces hubieran hecho algo, si se hubiera prestado alguna atención, quizás hoy no estaríamos de luto por la muerte de 19 personas”, dijo Marco Antonio Mariño, vicepresidente de la Federación de Cámaras Empresariales de Tamaulipas.

Tamaulipas ha visto a cárteles rivales de la droga librar la guerra territorial más larga, sangrienta y mejor equipada en la historia de México durante más de una década. Bandas de hombres armados con nombres como "La tropa del infierno" circulan regularmente en camiones blindados caseros.

Los cárteles captaron a tantas fuerzas policiales municipales en Tamaulipas que el estado decidió disolverlas todas y confiar más en policías estatales mejor capacitados. Y la retirada de los marines mexicanos por parte del gobierno federal, que alguna vez proporcionaron gran parte del poder de fuego pesado para la aplicación de la ley en el estado, alentó al estado a crear unidades de élite como GOPES.

Tan temible es la reputación de la unidad que el gobierno de Estados Unidos, que capacitó a algunos de sus miembros individuales, ha tratado de distanciarse de la fuerza, a la que se refiere tanto por sus iniciales anteriores, CAIET, como por su nombre actual, GOPES.

La Embajada de Estados Unidos en la Ciudad de México dijo que tres de los 12 oficiales acusados de la masacre de migrantes "recibieron habilidades básicas y/o capacitación de supervisor de primera línea" a través de un programa del Departamento de Estado antes de ser asignados a la unidad especial. "La capacitación de estas personas se llevó a cabo en 2016 y 2017 y cumplieron plenamente con la investigación de antecedentes de Leahy (derechos humanos)", dijo la embajada.

CAIET es el acrónimo en español del Centro de Análisis, Información y Estudios de Tamaulipas, un nombre extrañamente académico para lo que era esencialmente una fuerza policial de reacción rápida al estilo SWAT. Al igual que GOPES, a menudo operaba con carros blindados y máscaras.

En 2019, los cuerpos de las ocho personas arrastradas desde sus hogares en Nuevo Laredo fueron encontrados posteriormente con heridas de bala en la cabeza, vestidos con ropa de camuflaje estilo militar con chalecos antibalas con las iniciales Cártel de Noreste, con armas a los lados. Los fiscales finalmente concluyeron que los agentes del CAIET colocaron las armas y el equipo del cártel sobre las víctimas antes de ejecutarlas.

Raymundo Ramos, el activista de derechos humanos que investigó y expuso la masacre de Nuevo Laredo, señala que, a pesar de esos hallazgos, solo dos de los 40 miembros de la unidad CAIET involucrados en los asesinatos están bajo custodia y enfrentan cargos. Otros tres oficiales aceptaron testificar a cambio de que se retiraran sus cargos, y dos oficiales son fugitivos.

Las autoridades no disolvieron la unidad CAIET. Simplemente le cambiaron el nombre a GOPES.

“Esta es una práctica recurrente entre los gobiernos (estatales), que simplemente cambian sus nombres para limpiar la imagen de sus fuerzas policiales”, dijo Ramos.

Los fiscales no han discutido públicamente ningún motivo por el cual los oficiales de GOPES supuestamente decidieron masacrar a los migrantes, y las audiencias judiciales en el caso hasta ahora no han estado abiertas al público.

Los migrantes iban acompañados de varios mexicanos que aparentemente estaban sirviendo como “protección” armada para el “envío” de migrantes que se contrabandeaba a la frontera de Estados Unidos. El cartel del Golfo obtiene gran parte de su dinero cobrando a los traficantes de migrantes una tarifa de protección por pasar por su territorio. También gana dinero secuestrando a migrantes no acompañados, torturándolos hasta que revelan los números de teléfono de familiares en Estados Unidos y los retiene para pedir rescate.

Entre las teorías está que los agentes de GOPES abrieron fuego contra pandilleros armados a bordo del vehículo de los migrantes: se encontraron tres rifles de asalto en la camioneta quemada. Los disparos mataron a los guardias y los oficiales luego mataron a los migrantes que buscaban ocultar su error.

Los fiscales estatales dicen que el hecho de que no se encontraron casquillos de bala en el lugar de la masacre significa que la policía los detuvo para cubrir sus huellas.

Ramos dijo que eso encaja con las tácticas de la unidad. “Normalmente, no dejan testigos. Eso es parte de su entrenamiento”, dijo.

En la masacre de 2019 en Nuevo Laredo, la unidad policial sí dejó cuatro testigos en las casas de donde fueron arrastradas las víctimas, aparentemente solo porque los cuatro eran niñas adolescentes o madres con hijos.

El problema no se limita a los asesinatos, dijo Óscar Hernández, antropólogo del Colegio de la Frontera Norte.

“No es noticia que algunas unidades policiales se involucren en este tipo de cosas, no solo la violencia, que es la más visible, sino otras cosas como la complicidad y la corrupción”, dijo Hernández.

Mariño, el líder empresarial, enfatiza que algunas unidades de la policía estatal han vuelto a hacer seguro el uso de las carreteras en Tamaulipas, donde los conductores y pasajeros de autobuses fueron una vez secuestrados de manera rutinaria y nunca se supo de ellos.

La unidad GOPES no es el primer problema de Tamaulipas con fuerzas policiales abusivas.

En 2014, una unidad policial conocida como “Grupo Hércules”, que actuó como una especie de guardaespaldas paramilitar del alcalde de la ciudad fronteriza de Matamoros, y marines mexicanos secuestraron y asesinaron a cuatro personas, entre ellas tres hermanos estadounidenses.

Erica, Alex y José Ángel Alvarado Rivera de Progreso, Texas, desaparecieron en octubre de 2014 mientras visitaban a su padre en Control, un pequeño pueblo de México cerca de Matamoros, que está al otro lado de la frontera con Brownsville, Texas. También fue trasladado un conocido, el ciudadano mexicano José Guadalupe Castañeda Benítez. Sus cuerpos fueron encontrados con disparos en la cabeza más de dos semanas después.

Otras facetas de la masacre de este año siguen sin explicarse. Por ejemplo, Ramos dijo que algunos de los oficiales detenidos en el caso dijeron que mataron a los migrantes, pero no quemaron los cuerpos.

Un documento informativo de la Administración de Control de Drogas de EE. UU. sugiere que el cártel del noreste rival estaba activo en el área a fines de enero, buscando matar a una figura importante del cártel del Golfo, cuando sucedieron con los migrantes. Algunas personas creen que los pistoleros del cártel del noreste podrían haber estado involucrados en la masacre, o al menos haber incendiado la camioneta y los cuerpos después de que fueron asesinados, para dañar las operaciones del cártel del Golfo.

Un punto en el que todos están de acuerdo: los cuerpos estaban tan quemados que, en el curso normal de los acontecimientos, es posible que nunca hubieran sido identificados y que hubieran sido enterrados y olvidados como los probables participantes en otro tiroteo entre cárteles.

Pero desconocido para la unidad de GOPES, la camioneta era parte de un convoy más grande de vehículos que transportaban migrantes, incluido un traficante de migrantes guatemalteco que conocía a todas las víctimas. Avisó a sus familias de la masacre en casa y los familiares hicieron pública la noticia.

“Si no hubiera sido por él, podrían estar todos enterrados ahora, como más presuntos delincuentes”, dijo Ramos.

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Stevenson informó desde la Ciudad de México.