México: A 10 años de masacre de 72 migrantes en Tamaulipas, piden justicia

Una de las mayores masacres de migrantes que México ha enfrentado

Maria Verza
martes 25 agosto 2020 18:56
Presidente de México Andrés Manuel López Obrador
Presidente de México Andrés Manuel López Obrador

A diez años de una de las mayores masacres de migrantes en México —el asesinato de 72 personas en San Fernando, en el noreste del país— este crimen sigue impune y tanto las familias de las víctimas como la oficina de Naciones Unidas para los derechos humanos han pedido más esfuerzos a las autoridades para poder hacer justicia, esclarecer la verdad e identificar correctamente a las victimas.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos indicó en un comunicado el lunes que, tras reunirse con representantes de las víctimas, las autoridades federales se comprometieron a agilizar todos estos trabajos, así como el estado de Tamaulipas a dar a conocer datos sobre crímenes que involucren a migrantes, ya que muchos desaparecen en este estado fronterizo con Texas.

Horas antes, el presidente Andrés Manuel López Obrador, anunció que el gobierno aceptará que la ONU intervenga en las investigaciones sobre desapariciones forzadas o violaciones a los derechos humanos como la de San Fernando, algo que hasta ahora no podía hacer.

“Fue una masacre”, reconoció López Obrador. “Tenemos que seguir con la investigación, ahora no se protege a nadie, no hay impunidad”.

El 24 de agosto de 2010 la Marina mexicana informó del hallazgo de 72 cadáveres en un rancho de San Fernando, en Tamaulipas. En la matanza, que conmocionó a México, no sólo participaron miembros del cártel de Los Zetas, también hay policías bajo investigación. No hay ningún sentenciado.

Los representantes de las víctimas han denunciado desde hace años numerosas irregularidades y negligencias tanto en las indagaciones como en la identificación de los cuerpos, en su mayoría de migrantes centroamericanos.

Por eso el lunes, algunos de los familiares participaron en una audiencia virtual con autoridades mexicanas para exigirles que permitan exhumar los cuerpos cuyas identificaciones generan dudas, indicó la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, la ONG que les representa, a través de su cuenta oficial de Twitter.

La Oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos pidió a todos los países implicados que redoblen esfuerzos para llegar a la verdad e instó a a las autoridades a poner en marcha canales de coordinación transnacionales “para la búsqueda de migrantes desaparecidos y para facilitar la identificación de restos y la entrega digna a las familias”.

Por su parte, el colectivo de derechos humanos estadounidense WOLA denunció que el que no haya condenados por la masacre demuestra una falta de justicia generalizada en crímenes contra migrantes, en los que muchas veces hay funcionarios implicados.

Documentos oficiales mexicanos describen cómo una decena de personas en vehículos marcados con una “Z” interceptaron en agosto de 2010 en el noreste del país a dos camiones cargados de migrantes a quienes les preguntaron si querían “trabajar para la guerra”. En aquellos momentos el entonces presidente Felipe Calderón (2006-2012) había declarado la guerra a los carteles y éstos también luchaban entre sí. Solo uno aceptó. A todos los demás les vendaron los ojos, les ataron las manos y tumbados en el suelo los ejecutaron. Un ecuatoriano que sobrevivió logró huir del lugar y alertó a la Marina.

López Obrador sostuvo el lunes que en México ya no ocurren masacres como esa gracias a las medidas de contención migratoria que su gobierno ha puesto en marcha. Sin embargo, esa política de mano dura contra los migrantes ha sido denunciada por las organizaciones civiles.

El mandatario aprovechó el aniversario de la masacre para anunciar que el gobierno iba a mandar al Senado de forma inmediata un documento para que “en temas de desaparición forzada, en todo lo que es violación de derechos humanos, pueda intervenir sin ninguna limitación la ONU” y aunque no dio más detalles podría tratarse de la autorización de México para que el Comité de Desapariciones Forzadas de la ONU visite el país, una larga exigencia de distintas ONGs que podría ayudar a esclarecer desapariciones y crímenes contra migrantes como el de los 72.

La fiscalía mexicana firmó en agosto de 2013 un convenio con varias organizaciones civiles para identificar y buscar la causa de la muerte de 314 presuntos migrantes (entre ellos los 72 y otros de crímenes posteriores) pero todavía quedan identificaciones pendientes una vez que se paralizó la Comisión Forense, organismo creado con tal efecto. Sin embargo, el gobierno se comprometió el lunes a reactivar estas labores.

El drama de los migrantes desaparecidos fue abordado el domingo por el papa Francisco, quien se solidarizó con las familias de los 72 masacrados en San Fernando hace una década. “El Señor pedirá cuentas por todos los migrantes caídos en los viajes de la esperanza, han sido victimas de la cultura del descarte”, dijo.

AP