Más de la mitad de estadounidenses se oponen a anular Roe vs. Wade, dice encuesta
Los republicanos están haciendo presión por prohibiciones cada vez más restrictivas sobre el aborto y los anticonceptivos, a pesar de la desaprobación pública
Una nueva encuesta de CBS encontró que más de la mitad de los estadounidenses se oponen a la anulación de Roe vs. Wade, lo cual sugiere que el borrador del fallo filtrado de la Corte Suprema que apunta a desechar el histórico fallo socavaría los deseos de la mayoría de los ciudadanos.
Según la encuesta de CBS, el 64 por ciento de los estadounidenses quiere que la Corte Suprema mantenga intacto el fallo de Roe vs. Wade. Solo 36 por ciento dijo que quiere que se revoque la ley.
La semana pasada, Politico informó sobre un borrador del fallo filtrado que dejaba entrever que la Suprema Corte pretendía revocar la ley a fines de este año. Cinco de los nueve jueces de la Corte Suprema coincidieron con el fallo autorizado por el juez Samuel Alito.
Tres de los jueces que estuvieron de acuerdo, los jueces Bret Kavanaugh, Amy Coney Barrett y Neil Gorsuch, dijeron al Congreso que defenderían Roe vs. Wade como precedente durante sus audiencias de confirmación, lo que provocó señalamientos del público y algunos legisladores de que los jueces mintieron bajo juramento.
La noticia de la probable anulación de Roe vs. Wade desencadenó protestas en todo el país, incluidas las protestas que aún se llevan a cabo frente a la casa de Kavanaugh.
Joe Biden dijo que lucharía para asegurarse de que Roe vs. Wade no sea anulada, pero hay poco que puede hacer en este momento. Los senadores demócratas Krysten Sinema y Joe Manchin ya han manifestado su negativa a apoyar la eliminación del obstruccionismo, que sería necesario para que los demócratas obliguen a que el fallo sea codificado en ley.
Casi la mitad de los estados de EE.UU. tienen leyes de activación para prohibir la mayoría, si no todos, los abortos tan pronto como se revoque Roe vs. Wade. Los planes de los legisladores republicanos de usar el fallo como un trampolín para impulsar una prohibición federal del aborto frustran aún más a los defensores del derecho a decidir y a las mujeres de todo el país.
Varios estados ya cuentan con leyes de aborto restrictivas, y otros han decidido recientemente promulgar las suyas propias. El mes pasado, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, promulgó un proyecto de ley que prohíbe el aborto luego de las 15 semanas de embarazo. La ley se basa en una ley similar de Mississippi, que es la base del caso de la Corte Suprema que probablemente signifique el fin de Roe vs. Wade.
La legislatura de Oklahoma también aprobó un proyecto ley que prohíbe los abortos después de las seis semanas de embarazo, basados en una ley similar de Texas. La ley de Texas también permite denunciar a cualquiera que realice, busque o “ayude e incite” a un aborto, ofreciendo una recompensa de US$10.000 por un procesamiento exitoso.
Estados como Missouri están tratando de encontrar la forma de penalizar a las personas que salgan del estado para buscar abortos en áreas liberales donde se respeta el derecho al aborto.
Aunque aún no se ha convertido en ley, varios legisladores republicanos actuales y futuros también están tratando de impulsar leyes aún más severas para obligar todavía más a las mujeres a ser madres. La senadora de Tennesee Marsha Blackburn calificó Griswod vs. Connecticut (que garantiza el acceso legal al control de la natalidad) como “jurídicamente poco sólida”, planteando que debería ser impugnada y enviada a la Suprema Corte.
Blake Masters, quien se postula para un escaño en el Senado por Arizona, también dijo recientemente que apoya la prohibición de los anticonceptivos, incluyendo los condones. Algunos republicanos de Idaho han manifestado similarmente su interés en prohibir los DIU y las píldoras del Plan B.
Otros estados, como California y Colorado, se han comprometido a garantizar que el derecho al aborto siempre estará intacto dentro de sus fronteras, aunque no está claro qué significaría eso si los republicanos aprueban con éxito una prohibición nacional del aborto tras las elecciones intermedias de 2022.