Restaurantes en crisis piden ayuda a legisladores ante aumento de deportaciones de trabajadores
En los últimos meses, sectores como la restauración, la agricultura y la hostelería han expresado preocupaciones similares
Los restaurantes del conservador estado de Texas están impulsando un llamado poco habitual a favor de una reforma migratoria, en medio de la campaña de deportaciones del Gobierno de Donald Trump, que está sacudiendo al sector en todo el país.
El mes pasado, empresas y asociaciones del rubro alimentario crearon Seat the Table, una coalición que busca facilitar permisos de trabajo para empleados inmigrantes en la industria de alimentos y agricultura.
“Creo que la gran mayoría de los estadounidenses reconoce que hay un amplio grupo de inmigrantes indocumentados que, literalmente, han mantenido la comida en nuestras mesas”, dijo Kelsey Erickson Streufert, directora de asuntos públicos de la Asociación de Restaurantes de Texas, a The New York Times. “Si expulsamos a esas personas, todos vamos a sentir el impacto en forma de precios más altos”.
Tanto los empresarios gastronómicos y como los sindicatos coinciden en que la política migratoria actual ha generado temor en todo el sector. Algunas empresas perdieron trabajadores por deportaciones, mientras que incluso empleados con estatus legal evitan acudir a sus puestos por miedo a ser detenidos.
“Hemos organizado turnos para vigilar nuestros locales día y noche”, contó de forma anónima el dueño de un restaurante a SevenFifty Daily, al referirse a la situación de su equipo en Minneapolis durante un operativo migratorio reciente.
“Reubicamos a empleados en zonas más seguras, les conseguimos alojamiento y completamos documentos legales para poder cuidar a sus hijos en caso de que sean detenidos. La pareja de uno de nuestros trabajadores fue deportada, y ahora también estamos ayudando a cuidar a su bebé. Es peor de lo que se ve en las noticias”.
La campaña de deportaciones del Gobierno de Trump ha golpeado con especial fuerza a sectores como la agricultura, la construcción y la restauración, caracterizados por márgenes estrechos y una alta dependencia de mano de obra inmigrante.
Hasta ahora, el Gobierno ha mostrado mayor disposición a flexibilizar condiciones en el sector agrícola, que históricamente ha tenido dificultades para atraer trabajadores locales y depende en gran medida de mano de obra extranjera, ya sea temporal o indocumentada.
En ese contexto, la administración amplió el acceso a visas H-2A para trabajadores agrícolas temporales, una medida que ha beneficiado al sector. Según algunas estimaciones, casi la mitad de su fuerza laboral está compuesta por personas sin estatus migratorio regular.
Aun así, las autoridades reconocen el impacto de las restricciones. El Departamento de Trabajo advirtió el año pasado que la drástica reducción de la inmigración irregular, sumada a la falta de trabajadores legales disponibles, está generando fuertes tensiones en los costos de producción y podría afectar tanto la estabilidad del suministro de alimentos como los precios para los consumidores.
El organismo también señaló que un mayor endurecimiento de las políticas migratorias, en el marco de la “megaley fiscal”, podría dejar fuera del sistema a unos 225.000 trabajadores agrícolas adicionales.
Sin embargo, otros sectores no tuvieron el mismo margen de alivio.
El verano pasado, Trump llegó a considerar la posibilidad de suspender las redadas en hoteles, restaurantes y granjas. Sin embargo, pocos días después, su Gobierno reiteró que “no habrá espacios seguros para industrias que alberguen delincuentes violentos o que intenten socavar los esfuerzos del ICE”.
En paralelo, legisladores de ambos partidos han intentado impulsar soluciones a la escasez de mano de obra.
Entre las propuestas destaca la Ley de Trabajadores Esenciales para el Avance Económico, presentada el año pasado, que permitiría a trabajadores no ciudadanos acceder a visas temporales y renovables por hasta nueve años en sectores con dificultades para contratar. Por su parte, otra iniciativa, la Ley de Dignidad de 2025, plantea otorgar un estatus temporal a personas indocumentadas, condicionado al pago de miles de dólares en concepto de restitución.
No obstante, ninguna de estas propuestas ha avanzado desde su presentación, y una reforma migratoria de fondo parece poco probable en un escenario en el que el Partido Republicano controla Washington.
The Independent se ha puesto en contacto con la Casa Blanca para solicitar comentarios.
El presidente Trump, empresario del sector hotelero cuyas compañías, según reportes, han empleado en el pasado a trabajadores extranjeros e indocumentados, reconoció la tensión entre sus políticas migratorias y las necesidades reales de muchas empresas en Estados Unidos.
“Nuestros grandes agricultores y la gente del sector hotelero dicen que una política migratoria tan agresiva les está quitando trabajadores muy buenos y con experiencia, y que esos puestos son casi imposibles de reemplazar”, escribió en redes sociales el pasado junio.
Aun así, incluso con un tono algo más moderado bajo el recién nombrado secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, los cambios estructurales en el sistema laboral estadounidense siguen viéndose lejanos.
Traducción de Leticia Zampedri
Bookmark popover
Removed from bookmarks