Tribunal dice que privación del derecho al voto en Mississippi no puede ser modificada por jueces
Los legisladores de Mississippi, y no sus tribunales, deben decidir si cambian la práctica del estado de retirar el derecho al voto a personas condenadas por ciertos delitos, entre los que están algunos crímenes no violentos como la falsificación y el robo de madera, decidió el jueves un tribunal federal de apelaciones.
La lista original de delitos punibles con la privación del derecho al voto en el estado proviene de la era de Jim Crow, y los abogados que demandaron para objetar la lista dijeron que los autores de la Constitución de Mississippi retiraron el derecho al voto por delitos que, en su opinión, eran cometidos con más frecuencia por las personas negras.
La mayoría de los jueces del Tribunal de Apelaciones del 5o. Circuito escribieron que, en 1974, la Corte Suprema reafirmó la ley constitucional que permite que los estados priven del derecho al voto a los delincuentes.
“Realicen el difícil trabajo de persuadir a sus ciudadanos de que la ley debe cambiar”, escribió la mayoría.
Diecinueve jueces del tribunal de apelaciones escucharon argumentos en enero, meses después de anular una decisión emitida en agosto por un panel de tres jueces del mismo tribunal. El panel dijo que la prohibición del voto en Mississippi tras cometer ciertos crímenes viola la prohibición del castigo cruel e inusual, establecida en la Constitución estadounidense.
En la decisión del jueves, los jueces disidentes escribieron que la mayoría expandió la decisión anterior de la Corte Suprema “más allá de todo reconocimiento”. Dichos jueces escribieron que la práctica de Mississippi de retirar el derecho al voto a las personas que han cumplido sus sentencias es cruel e inusual.
Decenas de miles de residentes de Mississippi carecen del derecho al voto, de conformidad con una parte de la constitución estatal que dice que las personas condenadas por 10 delitos específicos, entre ellos soborno, robo, incendio provocado y bigamia, pierde su derecho al voto. En el régimen de un procurador general estatal anterior, de tendencia demócrata, la lista se expandió a 22 delitos, entre ellos el robo de madera — que es el derribo y el robo de árboles en la propiedad de otra persona — y el robo de autos.