Proponen norma que obligaría a no ciudadanos a desalojar viviendas públicas de EEUU

El Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de Estados Unidos (HUD, por sus siglas en inglés) propuso el jueves una norma que limitaría la vivienda pública principalmente a los ciudadanos, algo que, según defensores de derechos humanos, podría hacer que decenas de miles de personas sean desalojadas.

La norma, publicada en el Registro Federal, plantea limitar la financiación para quienes habitan viviendas públicas y otros alojamientos relacionados con el HUD a ciudadanos y no ciudadanos elegibles. La norma exigiría que cada residente de viviendas financiadas por el departamento muestre una prueba de ciudadanía o de estatus elegible, incluidos quienes tienen 62 años o más, que antes solo debían mostrar prueba de edad.

En la práctica, la medida prohibiría el acceso a la vivienda a familias de estatus mixto —en las que algunos miembros son elegibles para recibir ayuda— y forma parte de la ofensiva del gobierno contra la inmigración. Durante el primer mandato del presidente Donald Trump se propuso una norma similar pero nunca se finalizó, y se menciona como una prioridad de política en el plan conservador Project 2025,

“Bajo el liderazgo del presidente Trump, se acabaron los días en que extranjeros en situación ilegal, personas no elegibles y estafadores se aprovechaban del sistema y vivían a costa de los contribuyentes estadounidenses”, afirmó en un comunicado el secretario del HUD, Scott Turner. “La norma propuesta por el HUD garantizará que todos los residentes de viviendas financiadas por el HUD sean inquilinos elegibles. No toleraremos el hecho de dejar de lado a ciudadanos estadounidenses trabajadores mientras se permite que otros aprovechen vacíos legales de hace décadas”.

La norma propuesta se hará oficial el viernes, cuando se publique en el Registro Federal. El HUD no respondió cuánto tiempo podría pasar antes de que la norma entre en vigor.

Los defensores de la vivienda criticaron de inmediato la medida.

“Nuestro país puede garantizar que cada uno de nosotros, sin importar de dónde venimos o qué idioma hablamos, tenga un hogar seguro”, señaló en un comunicado Shamus Roller, director ejecutivo del National Housing Law Project. “En cambio, Trump trata de desalojar a familias inmigrantes, ciudadanas y no ciudadanas, de viviendas del HUD.

En diciembre, el Center on Budget and Policy Priorities, de tendencia izquierdista, estimó que hasta 20.000 familias, o hasta 80.000 personas, podrían perder la asistencia debido a cambios en la elegibilidad que anularían una norma que ha estado vigente durante décadas.

El impacto de la norma podría afectar a muchas más personas que tienen dificultades para presentar la documentación adecuada. Alrededor de 3,8 millones de adultos con ciudadanía carecen de cualquier tipo de documentación que compruebe su estatus, y otros 17,5 millones no pueden obtener los documentos con facilidad.

“Todos merecen un hogar asequible, incluidos nuestros vecinos, amigos y compañeros de trabajo que son inmigrantes”, dijo Sonya Acosta, analista sénior de políticas del Centro. “Esta norma obligaría a 20.000 familias con estatus migratorios mixtos a tomar la angustiosa decisión entre perder la asistencia que les ayuda a pagar el alquiler cada mes o separar a su familia. Las personas sin un estatus migratorio documentado nunca han sido elegibles para recibir asistencia de alquiler”.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.