Otro juez muestra escepticismo sobre órdenes de Trump relacionadas con despachos de abogados
Otro juez federal en Washington ha expresado escepticismo sobre la legalidad de la orden ejecutiva del presidente estadounidense Donald Trump que apunta a un destacado bufete de abogados, diciendo que le preocupaba que el claro propósito del edicto fuera un castigo.
El juez federal de distrito, John Bates, ya había detenido temporalmente la orden ejecutiva de la administración Trump contra el bufete Jenner & Block, pero escuchó argumentos el lunes sobre una solicitud del despacho para bloquearla de manera permanente. Abogados de otros dos bufetes —Perkins Coie y WilmerHale— presentaron argumentos similares la semana pasada ante jueces que parecían receptivos a sus posiciones.
Al igual que los otros jueces, Bates no dictaminó de inmediato, pero rechazó las afirmaciones del Departamento de Justicia de que las órdenes contra Jenner y otros bufetes de abogados no estaban destinadas a castigarlos. Las órdenes ejecutivas han impuesto en lo general las mismas sanciones contra los bufetes, incluyendo la suspensión de las autorizaciones de seguridad de abogados, la terminación de contratos federales y la prohibición de que los abogados accedan a edificios federales.
La orden ejecutiva “trata de castigar a Jenner deteniendo el flujo de dinero hacia Jenner”, indicó Bates. Más tarde preguntó: “¿No es lógico que los clientes sean reacios a contratar a Jenner & Block si saben que hay una posibilidad real de que Jenner & Block no pueda entrar en un edificio federal o hablar con agencias federales?”.
El abogado del Departamento de Justicia, Richard Lawson, dijo que era prematuro hacer esa evaluación porque aún no se habían publicado las directrices que rigen cómo se debe implementar la orden ejecutiva.
Michael Attanasio, un abogado que presentó argumentos en nombre de Jenner & Block, dijo que era “surrealista” escuchar las “acrobacias verbales” del Departamento de Justicia al racionalizar la orden.
“Esta orden está diseñada para hacer una cosa: está diseñada para castigar a un bufete de abogados por los casos que toma y por su afiliación con un crítico del presidente”, agregó Attanasio. Eso hace referencia al hecho de que la orden ejecutiva contra el bufete toma nota de que la firma anteriormente empleó a Andrew Weissmann, un fiscal del equipo del fiscal especial Robert Mueller que investigó a Trump durante su primer mandato.
"Todo lo que necesitamos hacer es leer esto", aseveró Attanasio. “Apesta a inconstitucionalidad. Debería ser anulada en su totalidad”.
Cada uno de los bufetes de abogados sujetos a una orden ejecutiva que ha impugnado en los tribunales ha logrado que se bloquee temporalmente. Otros despachos, por el contrario, han optado por llegar a acuerdos preventivos con la Casa Blanca para no ser objeto de medidas.
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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.