La Ley de Derecho al Voto cumple 60 años en medio de amenazas a su futuro
El miércoles se cumplen 60 años del día en que el presidente Lyndon Johnson se dirigió al Capitolio de Estados Unidos y, con Martin Luther King Jr. detrás de él, firmó la Ley de Derecho al Voto.
La ley protegía el derecho al voto y garantizaba la lucha del gobierno contra los esfuerzos por suprimirlo, especialmente aquellos dirigidos a los votantes negros. Para muchos estadounidenses, fue el día en que la democracia de Estados Unidos comenzó realmente.
Eso fue entonces.
La ley se ha erosionado lentamente por más de una década, a partir de la decisión de la Corte Suprema de 2013 que puso fin al requisito de que 15 estados con antecedentes de discriminación en el voto obtuvieran la aprobación federal antes de cambiar la forma en que celebran elecciones. Pocas horas después de la decisión, algunos estados que habían estado total o parcialmente bajo la disposición de preautorización comenzaron a anunciar planes para establecer leyes de votación más estrictas.
Esos cambios han continuado, especialmente desde las elecciones presidenciales de 2020 y las falsas afirmaciones del presidente Donald Trump de que un fraude generalizado le costó la reelección. La Corte Suprema mantuvo una parte clave de la Ley de Derecho al Voto en 2023, pero se prevé que, en su próximo período, escuche un caso que podría revertir esa decisión y otro que, en los hechos, neutralizaría la ley.
Los expertos en el derecho al voto dicen que esos casos determinarán en gran medida si una ley histórica, aprobada durante una era turbulenta hace décadas, tendrá futuros aniversarios que conmemorar.
“Estamos en un momento crítico ahora mismo”, afirmó Demetria McCain, directora de políticas del Fondo de Defensa Legal de la Asociación Nacional para el Progreso de las Personas de Color (NAACP, por sus siglas en inglés). “Y, seamos claros, nuestra democracia está a punto de cumplir 60 años cuando llegue el aniversario de la Ley de Derecho al Voto. Lo digo porque hay muchos ataques al derecho al voto, particularmente en lo que respecta a las comunidades negras y de color”.
Los nativos estadounidenses celebran una victoria que podría ser temporal
La reserva de la Banda de Indios Chippewa de Turtle Mountain está a unos 16 kilómetros (10 millas) de la frontera canadiense, una región de bosques, pequeños lagos y vastas tierras de pradera. Su carretera principal es una mezcla de pequeñas viviendas, casas rodantes y negocios. Se destaca un reluciente casino y hotel, no lejos de las manadas de bisontes pastando.
En 2024, esta tribu y otra en Dakota del Norte, la Tribu Spirit Lake, formaron un distrito político conjunto por primera vez. Habían presentado una demanda donde argumentaban que la forma en que se trazaron las líneas para los escaños legislativos estatales les negaba el derecho a elegir a los candidatos de su preferencia. El juez jefe del Tribunal Federal de Distrito, Peter Welte, estuvo de acuerdo y puso en marcha un nuevo mapa.
La representante estatal Collette Brown se postuló para la Asamblea Legislativa porque quería ver una mayor representación de los nativos estadounidenses, y ganó en virtud del nuevo mapa.
“Parecía algo surrealista. Me sentí realizada, me sentí reconocida”, dijo Brown, demandante en la querella y directora ejecutiva de la Comisión de Juegos de la Tribu Spirit Lake. “Sentí que, bueno, es hora de que realmente comencemos a hacer cambios y realmente comencemos a educar desde dentro para que no seamos silenciados”.
Brown, de tendencia demócrata, fue una de las proponentes de varios proyectos de ley sobre temas de nativos estadounidenses que se convirtieron en ley, como la ayuda para la repatriación de restos y artefactos, y alertas para personas indígenas desaparecidas.
El aniversario de este año de la Ley de Derecho al Voto “obliga a mirar cuánto hemos avanzado”, desde los nativos estadounidenses hasta las mujeres, dijo Jamie Azure, presidente de la tribu Turtle Mountain.
Ahora, el futuro de su distrito está en manos de la Corte Suprema.
¿Se permitirá que los individuos impugnen el derecho al voto?
El Tribunal Federal de Apelaciones del 8vo Circuito, que abarca Dakota del Norte y otros seis estados, revocó la decisión de Welte con una votación de 2 a 1, diciendo que las tribus y entidades como el Fondo de Defensa Legal de la NAACP y la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) no tienen derecho a demandar por posibles violaciones de los derechos constitucionales de los votantes.
Ese fallo amplió una opinión anterior del 8vo Circuito de Arkansas que rechazó una impugnación diferente por las mismas razones. A finales del mes pasado, un panel del tribunal del 3er Circuito determinó, en un caso separado de Arkansas, que solo el secretario de Justicia de Estados Unidos puede presentar tales casos, no individuos o grupos privados.
Esas decisiones trastocaron décadas de precedentes. La Corte Suprema suspendió el fallo para las tribus mientras decide si tomará el caso de Dakota del Norte.
La Iniciativa de Derecho al Voto de la Facultad de Derecho de la Universidad de Michigan encontró que, desde 1982, casi el 87% de las reclamaciones en virtud de esa parte de la Ley de Derecho al Voto, conocida como la Sección 2, fueron presentadas por individuos y organizaciones privadas.
Dejar a los individuos sin la capacidad de presentar impugnaciones es especialmente problemático ahora porque el Departamento de Justicia de Trump, de tendencia republicana, parece centrado en otras prioridades, dijo Sophia Lin Lakin, quien dirige el Proyecto de Derecho al Voto de la ACLU.
La unidad de derecho al voto del gobierno ha sido desmantelada y se le han dado nuevas prioridades que, afirmó, han vuelto la aplicación “en contra de las mismas personas para cuya protección fue creada”.
El Departamento de Justicia declinó responder preguntas sobre sus prioridades relacionadas con el derecho al voto, los casos que persigue o si participará en los casos de derecho al voto que se presentarán ante el máximo tribunal de la nación.
La Corte Suprema estudia otro caso sobre raza y distritos parlamentarios
Hace dos años, los activistas del derecho al voto celebraron cuando la Corte Suprema preservó la Sección 2 en un caso de Alabama que requería que el estado trazara un distrito parlamentario adicional para beneficiar a los votantes negros. Ahora está a punto de volver a escuchar un caso similar de Luisiana que podría modificar o revertir esa decisión.
El tribunal escuchó el caso en marzo, pero no tomó ninguna decisión durante el período. En una orden emitida el viernes, la corte pidió a los abogados que presentaran informes donde explicaran “si la creación intencional del estado de un segundo distrito parlamentario de mayoría-minoría viola las Enmiendas Catorce o Quince de la Constitución de Estados Unidos”.
Robert Weiner, director de derecho al voto del Comité de Abogados por los Derechos Civiles Bajo la Ley, dijo que, si bien es un “asunto de preocupación” que el tribunal plantee la pregunta, el hecho de que los nueve jueces no alcanzaran una decisión durante el último período sugiere que no había cinco votos.
“No necesitarían una nueva argumentación si los bandos ya hubieran sido elegidos”, dijo.
El Departamento de Justicia de Trump cambia el enfoque en temas de votación
El Departamento de Justicia ha cambiado sus prioridades relacionadas con las elecciones en un momento en que las protecciones que quedan de la Ley de Derecho al Voto están bajo amenaza.
Durante el mandato de la secretaria de Justicia, Pam Bondi, ha abandonado o se ha retirado de varios casos relacionados con elecciones y votación. En cambio, el departamento se ha centrado en preocupaciones de fraude electoral planteadas por activistas conservadores tras años de afirmaciones falsas sobre los comicios.
El departamento también ha enviado solicitudes de información de registro de votantes, así como datos sobre fraude electoral y advertencias de violaciones electorales a al menos 19 estados.
Además del cambio de enfoque en el Departamento de Justicia, la legislación federal para proteger el derecho al voto no ha avanzado. Los demócratas han reintroducido el proyecto de Ley de Derecho al Voto de John Lewis, pero es una legislación que no lograron aprobar en 2022 cuando controlaban ambas cámaras del Congreso y la Casa Blanca, y necesitaban algo de apoyo republicano en el Senado.
A principios de este año, Trump firmó una orden ejecutiva con la que busca reformar la votación en los estados, y que incluye un requisito de prueba documental de ciudadanía en el formulario de votación federal, aunque gran parte de ella ha sido bloqueada en los tribunales. La Cámara de Representantes, controlada por el Partido Republicano, aprobó un proyecto de ley que exigiría que las personas presenten una prueba de ciudadanía para registrarse como votantes. Y la manipulación de distritos legislativos estatales y parlamentarios sigue siendo prevalente.
La lenta erosión de la ley de 60 años ha creado una nación con una distribución desigual del derecho al voto, dijo Sean Morales-Doyle, director del centro de derecho al voto del Centro Brennan para la Justicia de la Universidad de Nueva York. Algunos estados han expandido activamente el acceso al voto mientras que otros se han centrado en restringirlo.
“En los últimos cinco o diez años”, dijo, “las experiencias de los votantes dependen cada vez más de dónde viven”.
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Dura informó desde Belcourt, Dakota del Norte. El periodista de The Associated Press Steve Karnowski en Minneapolis contribuyó a este despacho.
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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.