Junta de Universidad de California aplaza votación sobre contratación de migrantes sin estatus legal
El órgano rector de la Universidad de California aplazó el jueves una decisión sobre permitir o no que estudiantes inmigrantes sin estatus legal en Estados Unidos puedan solicitar empleo en sus 10 campus, y el presidente del sistema advirtió que aceptarlo representaría un “riesgo significativo” para la institución y los alumnos, incluida la posibilidad de enfrentar cargos penales.
En medio de gritos de “¡cobardes!” por parte de algunos de los asistentes, la Junta de Regentes emitió 9 votos a favor y 6 en contra para aplazar el debate del plan hasta 2025.
Antes de la votación, el presidente de la Universidad de California, Michael Drake, le dijo al consejo directivo que la vía legal propuesta para el plan de trabajo estudiantil “no es viable en este momento”, y señaló que implementar un plan así representaría un “riesgo significativo para la institución y para los que les damos servicio”.
Drake dijo que la medida podría poner a los estudiantes inmigrantes en riesgo de procesos penales y una posterior deportación por trabajar sin contar con un estatus legal. A su vez, eso pondría en riesgo al sistema universitario de enfrentar multas y sanciones penales por darles empleo, y además representaría una posible amenaza a las subvenciones y demás tipo de financiamiento. Indicó que el sistema universitario continuará analizando las opciones que tiene a su disposición.
Los regentes que se opusieron al aplazamiento del plan expresaron su decepción y dijeron que el sistema universitario dejó escapar la oportunidad de encabezar la lucha por los derechos de los estudiantes inmigrantes que carecen de estatus legal.
“Estamos tomando una pausa en un momento crucial sobre un tema que requiere de nuestro compromiso”, dijo el presidente emérito de la Asamblea de California y regente de la UC, John A. Pérez. “Si alzas la voz y dices que este es el momento para que nosotros seamos realmente audaces, y corramos riesgos a nivel individual e institucional, entonces estás hablando de un sentido distinto de autoridad moral”.
El prestigioso sistema universitario cuenta con más de 295.000 estudiantes. La medida podría beneficiar a unos 4.000 alumnos inmigrantes, a los que anteriormente se les habría permitido trabajar en virtud del programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus iniciales en inglés).
Esa medida federal —implementada por el expresidente Barack Obama— evita la deportación de cientos de miles de inmigrantes que llegaron al país siendo menores de edad. Un juez federal de Texas la declaró ilegal en septiembre pasado. Se tiene previsto que el fallo sea apelado ante la Corte Suprema de Estados Unidos, la cual definiría el destino del DACA por tercera ocasión.
La política de la UC también iría en contra de una ley federal de 1986 que prohíbe que las personas sin estatus migratorio trabajen de forma legal en el país.
Durante años, estudiantes sin estatus migratorio legal han asistido a las escuelas de la Universidad de California con costo preferencial de matrícula para residentes del estado.
Funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional no respondieron de momento a una solicitud de comentarios sobre la propuesta sopesada por la junta de regentes.
“Estoy sumamente decepcionado de que la Junta de Regentes de la UC y el presidente Drake hayan eludido su responsabilidad ante los estudiantes a los que se supone deben proteger y apoyar”, declaró en un comunicado Jeffry Umaña Muñoz, estudiante de la Universidad de California, campus Los Ángeles, y líder de Undocumented Student-Led Network, una red encabezada por estudiantes que aboga por los derechos de los alumnos que carecen de documentos.
Ahilan Arulanantham, codirector del Centro de Derecho y Política de Inmigración de la facultad de derecho de la Universidad de California, campus Los Ángeles, señaló que era “sumamente vergonzoso” que los regentes se rehusaran a implementar la medida en este momento.
“Nuestra teoría jurídica, la cual presentamos a los regentes en octubre de 2022, especifica claramente: la Universidad de California tiene el derecho legal de autorizar la contratación de estudiantes indocumentados hoy en día”, señaló Arulanantham. “He tenido el inmenso privilegio de trabajar con estos estudiantes durante el último par de años, y he visto de primera mano lo desafiante que es continuar con sus estudios y al mismo tiempo luchar por su derecho para sobrevivir en la UC”.