Jueza ordena al gobierno federal restaurar fondos de desastres para estados demócratas

Una jueza federal bloqueó el martes el intento del gobierno del presidente Donald Trump de reducir fondos federales de Seguridad Nacional para los estados que se niegan a cooperar con ciertas medidas de inmigración.

La decisión de la jueza Mary McElroy consolidó una victoria para la coalición de 12 fiscales generales estatales que presentaron una demanda en contra del gobierno hace unos meses, después de que fueron alertados de que sus estados recibirían subvenciones federales drásticamente reducidas por ser jurisdicciones "santuario".

En total, el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS por sus iniciales en inglés) y la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA por sus iniciales en inglés) redujeron más de 233 millones de dólares en fondos para Connecticut, Delaware, el Distrito de Columbia, Massachusetts, Minnesota, Nueva York, Rhode Island, Vermont y Washington. El dinero es parte de un programa de 1.000 millones de dólares en el que se supone que las asignaciones deben basarse en evaluaciones de riesgos, para que los estados envíen posteriormente la mayor parte de los fondos a sus departamentos de policía y bomberos.

Los recortes se dieron a conocer poco después de que otro juez federal determinó que era inconstitucional que el gobierno federal requiriera la cooperación de los estados en la aplicación de las leyes de inmigración a cambio de obtener fondos de FEMA.

McElroy determinó en su fallo que el gobierno federal tomaba en cuenta las políticas migratorias estatales para decidir sobre su reducción del financiamiento federal para el Programa de Subvenciones de Seguridad Nacional y otras iniciativas.

"¿Qué otra cosa podrían ser las decisiones de los demandados de recortar fondos para programas específicos de contraterrorismo por cantidades redondas, incluida la eliminación de millones de las sumas otorgadas, si no arbitrarias y caprichosas? No se necesita de un título en derecho ni en matemáticas para deducir que ninguna fórmula plausible y racional podría producir este resultado", escribió McElroy.

La jueza, quien fue nombrada al cargo por Trump, le ordenó al Departamento de Seguridad Nacional que restablezca las asignaciones de fondos para los estados demandantes.

"El abuso desenfrenado por parte de los demandados de su papel en la administración de subvenciones federales es particularmente problemático tomando en consideración el hecho de que se les ha confiado un deber sumamente solemne: salvaguardar a nuestra nación y a sus ciudadanos", escribió McElroy. "Si bien las complejidades del derecho administrativo y los términos y condiciones de las subvenciones federales pueden parecer abstractas para algunos, los fondos en cuestión apoyan programas vitales de contraterrorismo y seguridad".

McElroy puso como ejemplo el reciente ataque en la Universidad de Brown --donde un hombre armado mató a dos estudiantes e hirió a otros nueve-- como un evento en el que el programa federal de 1.000 millones de dólares sería fundamental para responder a una tragedia de esa magnitud.

"Retener fondos para programas como estos, basándose únicamente en lo que parecen ser los caprichos políticos de los demandados, es inconcebible y, al menos aquí, ilegal", escribió la jueza con sede en Rhode Island en su fallo.

El DHS y FEMA no respondieron de momento a correos electrónicos en busca de comentarios.

"Esta victoria garantiza que el gobierno de Trump no pueda castigar a los estados que se niegan a ayudar a llevar a cabo su cruel agenda de inmigración, particularmente negándoles fondos que salvan vidas y que ayudan en la preparación y respuesta a desastres y emergencias", declaró la fiscal general de Massachusetts, Andrea Joy Campbell, en un comunicado.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.