Juez evalúa si el centro de detención de Florida "Alcatraz de los Caimanes" viola la ley ambiental

Un juez federal escuchará el miércoles los argumentos en una demanda que exige poner fin a la construcción de un centro de detención de inmigrantes en Florida conocido como “Alcatraz de los Caimanes” por no apegarse a las leyes ambientales del estado.
Hasta que se cumplan estas leyes, los grupos ambientalistas y la tribu Miccosukee señalaron que la jueza federal Kathleen Williams debe emitir una orden judicial preliminar para detener las operaciones y obras adicionales. La demanda afirma que el proyecto amenaza humedales sumamente sensibles en los Everglades que son hogar de flora y fauna protegida y echará por la borda miles de millones de dólares en restauración ambiental.
La demanda interpuesta en Miami contra las autoridades federales y estatales es una de dos impugnaciones legales contra el centro de detención del sur de Florida, el cual fue construido hace más de un mes por el estado en una pista de aterrizaje propiedad del condado de Miami-Dade.
Grupos defensores de los derechos civiles presentaron una segunda semana en la que se asegura que se violan los derechos constitucionales de los detenidos, ya que se les prohíbe reunirse con abogados, se les retiene sin cargos y un tribunal federal de inmigración ha cancelado las audiencias de fianza. Una audiencia en ese caso está programada para el 18 de agosto.
Según una ley ambiental federal promulgada hace 55 años, las agencias federales debieron examinar cómo es que la construcción del centro de detención afectaría al medio ambiente, identificado formas de minimizar el impacto y seguido otras reglas de procedimiento, como permitir comentarios públicos, según los grupos ambientalistas y la tribu.
No importa que el centro de detención haya sido construido por el estado de Florida, ya que las agencias federales tienen autoridad sobre la inmigración, dijo la demanda.
“La construcción de un centro de detención es una acción que necesariamente está sujeta al control y responsabilidad federal”, dijeron en un reciente documento judicial. “El estado de Florida no tiene autoridad ni jurisdicción para la aplicación de las leyes federales de inmigración".
Los abogados de las agencias federales y estatales pidieron la semana pasada a Williams que desestimara o transfiriera la solicitud de orden judicial, diciendo que la demanda se presentó en la jurisdicción incorrecta. Aunque el lugar es propiedad del condado de Miami-Dade, la denuncia no corresponde al distrito sur de Florida, ya que el centro de detención está ubicado en el vecino condado de Collier, que es parte del distrito medio del estado, aseguró el gobierno.
Williams aún no toma una decisión en ese sentido.
Las demandas se dirimen mientras la oficina del gobernador de Florida, el republicano Ron DeSantis, aparentemente se alista para construir un segundo centro de detención de inmigrantes en una instalación de entrenamiento de la Guardia Nacional en el norte del estado. Al menos un contrato ha sido adjudicado para lo que aparece en los registros estatales como “Instalación de Detención Norte”.
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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.