Jueces de apelaciones cuestionan al gobierno por despliegue de la Guardia Nacional en Washington, DC

Más de un año después de que el presidente Donald Trump desplegara a la Guardia Nacional para que comenzara a patrullar las calles de la capital de Estados Unidos, un tribunal federal de apelaciones inició una audiencia el miércoles sobre la legalidad de su medida al preguntar al gobierno si existían límites a la autoridad de un presidente para hacerlo.

La audiencia comenzó cuando el panel de tres jueces interrogó en conjunto al abogado del gobierno, Eric McArthur. La jueza Cornelia T.L. Pillard preguntó cómo el argumento del gobierno sobre las facultades de una administración “no es una federalización y, por lo tanto, no choca” con la Ley Posse Comitatus, una ley de 1878 de Estados Unidos que prohíbe el uso del ejército federal para la aplicación de la ley dentro del país, salvo que lo autoricen la Constitución o el Congreso.

En respuesta a una pregunta de la jueza Judith Rogers sobre los límites de la actuación de un presidente, McArthur afirmó: “Creo que el principio limitante de nuestra postura es que el presidente tiene que llamar a la guardia en apoyo de las autoridades civiles”.

Trump desplegó a la guardia en agosto de 2025 como parte de lo que, según dijo, era una misión para combatir el crimen en Washington, D.C. La fuerza, que alcanzó un máximo de unos 5.000 efectivos durante el verano, ha respaldado operativos de arresto, patrullado calles y vecindarios de la ciudad y participado en labores de limpieza.

La administración republicana de Trump sostiene que el despliegue ha contribuido a una disminución del crimen en la ciudad, donde la delincuencia ya iba a la baja antes de la llegada de la Guardia Nacional. Autoridades y activistas de la ciudad, de abrumadora mayoría demócrata, señalan que el despliegue es un desperdicio del dinero de los contribuyentes y ha normalizado la militarización de una importante ciudad estadounidense.

Mitchell Reich, quien argumentaba en nombre de Washington, D.C., no salió ileso de la audiencia, ya que el panel se concentró en su planteamiento de que existen leyes y directrices que establecen la capacidad de un presidente para convocar a la guardia y que había circunstancias en las que esos pasos serían innecesarios, como durante una invasión o una insurrección.

“Si hay cualquier tipo de violencia organizada en el distrito, el presidente puede desplegar a la guardia con el propósito de suprimir dicha violencia”, manifestó.

La audiencia, de 90 minutos, se celebró meses después de que un panel distinto de tres jueces suspendiera un fallo de un tribunal inferior que declaraba ilegal el despliegue de la guardia por parte de Trump.

Los tres jueces que dictaron la suspensión en diciembre —dos nombrados por Trump y uno nombrado por el presidente demócrata Barack Obama— señalaron en un fallo unánime de 32 páginas que existen varios factores que favorecen al gobierno de Trump, entre ellos, la “alteración de la vida de miles de efectivos”, así como lo que describieron como el interés del presidente “en la protección de las funciones y la propiedad del gobierno federal dentro de la capital del país”.

Los tres jueces del panel del miércoles fueron nominados por presidentes demócratas: Pillard por Obama, Rogers por Bill Clinton y Bradley Garcia por Joe Biden.

El caso trata sobre si el presidente tiene la autoridad

El centro del caso judicial, presentado por el fiscal general de Washington, D.C., es si el presidente tiene la autoridad para desplegar a la Guardia Nacional en la ciudad, que, al ser un distrito federal, tiene una autonomía limitada sobre sus propios asuntos. La Constitución de Estados Unidos otorga a los legisladores federales autoridad sobre el Distrito de Columbia, mientras que la Ley de Autonomía Local (Home Rule Act) de 1973 permite que los residentes elijan a un alcalde, un concejo y comisionados de vecindario.

La ciudad ha argumentado que la movilización es un uso ilegal del ejército para la aplicación de la ley dentro del país, un punto que Reich reiteró durante la audiencia.

En diciembre, el panel de tres jueces que suspendió el fallo del tribunal inferior indicó que Trump podría prevalecer en su argumento de que el presidente “posee un poder único” para movilizar a la guardia en Washington.

Esos jueces concluyeron que el distrito “no ha identificado ningún perjuicio en curso a sus intereses estatutarios”.

Incluso si Washington, D.C., gana en el nivel de apelación, el gobierno de Trump sin duda acudirá a la Corte Suprema de Estados Unidos, que ya ha mostrado deferencia hacia el presidente en varios casos.

Un experto legal analiza los argumentos

William Banks, profesor de derecho en Syracuse, dijo que Washington, D.C., podría tener un argumento débil según su régimen de autonomía local, al cuestionar si unidades de la Guardia Nacional pueden desplegarse en la ciudad cuando ello no está autorizado por la ley local.

Sin embargo, añadió, fuera de ese argumento “no existe un principio federal general que rescate al distrito en este caso”.

Debido a que Washington, D.C., no es un estado y a que el presidente es comandante en jefe, existe “una enorme amplitud de margen y discrecionalidad para el presidente” para controlar o delegar el control de la Guardia Nacional local y de unidades de otros estados, explicó Banks.

Una jueza dijo que Trump no podía desplegar unilateralmente a la Guardia Nacional de Washington, D.C.

La jueza de distrito Jia Cobb concluyó en noviembre que la toma de control militar de Trump en Washington invade ilegalmente la autoridad de los funcionarios locales para dirigir la aplicación de la ley en el distrito.

Cobb, nominada por Biden, determinó que, si bien el presidente sí tiene autoridad para proteger el funcionamiento y la propiedad federales, no puede desplegar unilateralmente a la Guardia Nacional de Washington, D.C., para colaborar en el control del crimen como le parezca ni convocar tropas de otros estados.

El tribunal de apelaciones suspendió la orden y ha permitido que la guardia permanezca desplegada mientras el caso está pendiente.

La movilización, extendida hasta enero de 2029 por el Departamento de Defensa, ha adquirido un aire de permanencia, pese al litigio.

El gobierno federal otorgó un contrato de 292 millones de dólares a una empresa privada para proporcionar apartamentos a miembros de la Fuerza Especial Conjunta–D.C. Las cifras de efectivos también han aumentado, disparándose a alrededor de 5.000 durante el punto álgido de la celebración del 250 aniversario de la Independencia de Estados Unidos. Hasta la semana pasada, ese número había bajado a aproximadamente 2.900.

Residentes de Washington, D.C., se manifiestan contra la presencia de la Guardia Nacional

Antes de que comenzara la audiencia, varias decenas de personas se manifestaron fuera del tribunal para oponerse a la presencia continua de los militares en la ciudad.

David Barrows, un administrador de oficina jubilado y residente de la ciudad, iba vestido con un disfraz de Trump. “Es más fácil mandar sobre la gente en Washington, D.C., porque no tenemos representación ni en ninguna de las cámaras ni en el Congreso. Así que básicamente somos un pueblo maltratado”, afirmó. “Pagamos los impuestos federales más altos del país y no tenemos representación en ninguna de las cámaras. Así que somos un pueblo estafado y somos chivos expiatorios de Trump”.

También cuestionó la premisa de la presencia de la guardia. “No hay ninguna emergencia nacional aquí en Washington”, sostuvo.

Jennifer Pace, residente desde hace mucho tiempo y exbanquera, dijo que sospechaba que el caso seguiría su curso en los tribunales.

“Pero de verdad quiero que avance para que simplemente puedan irse a casa”, señaló. “Estoy segura de que ellos también quieren irse a casa, porque está claro que están aburridos. Solo están ahí parados”.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.