Iniciativas conservadoras para transformar la educación superior en EEUU ganan fuerza

Ken Beckley nunca estudió en Harvard, pero usa una gorra carmesí de esa universidad en señal de solidaridad. En su opinión, los ataques del gobierno del presidente estadounidense Donald Trump contra esa escuela le evocan un caso de extralimitación gubernamental en su propia alma mater, la Universidad de Indiana.

Beckley, exdirector de la asociación de exalumnos de su universidad, convocó a sus compañeros graduados esta primavera en un intento infructuoso por impedir que el gobernador republicano Mike Braun destituyera a tres miembros de la junta directiva de la Universidad de Indiana —electos por exalumnos— y designara a sus reemplazos.

Ningún intento gubernamental para influir en una universidad —ya sea privada o pública— ha recibido más atención que el enfrentamiento en Harvard, donde el gobierno de Trump ha congelado miles de millones de dólares en fondos federales en su objetivo de conseguir una serie de cambios en sus políticas. Pero más allá de la Ivy League —un grupo de ocho universidades prestigiosas de Estados Unidos—, funcionarios republicanos tienen en la mira a universidades públicas en varios estados con iniciativas que procuran lograr fines similares.

“Lo que ha sucedido a nivel nacional ahora afecta a Indiana”, señaló Beckley, quien compró gorras de Harvard al por mayor y las regala a sus amigos.

Funcionarios de estados conservadores tenían a la educación superior en la mira antes de que Trump comenzara su segundo mandato, impulsados en parte por la creencia de que las universidades están desfasadas de la realidad: son demasiado liberales y les cargan a los estudiantes una deuda enorme. Los primeros intentos se enfocaron en la teoría crítica de la raza —un marco académico centrado en la idea de que el racismo está incrustado en las instituciones de Estados Unidos—, y después en los programas para promover la diversidad, equidad e inclusión (DEI, por sus siglas en inglés).

Desde que Trump asumió el cargo, funcionarios de diversos estados, entre ellos Indiana, Florida, Ohio, Texas, Iowa e Idaho, se han centrado cada vez más en la gobernanza de las universidades, las normas que rigen quién elige a los presidentes y a las juntas directivas de la universidad, y cuánto control ejercen sobre los planes de estudio y la titularidad de los profesores.

Al igual que en Harvard, de la que Trump dice está excesivamente influenciada por un pensamiento liberal, esas autoridades estatales han procurado reducir el poder de los docentes y del alumnado.

“Se han dado cuenta de que pueden ir un paso más allá, de que pueden impulsar sus prioridades en las políticas mediante las herramientas que tienen a lo largo del sistema universitario estatal”, explicó Preston Cooper, investigador sénior que estudia políticas de educación superior en el American Enterprise Institute, un grupo conservador de expertos especializado en investigación de políticas públicas relacionadas con la libre empresa, poca intervención gubernamental y libertades individuales.

Funcionarios estatales presionan para que haya un liderazgo más conservador

En Indiana, Braun dijo que eligió nuevos miembros del consejo directivo, los cuales llevarán a la institución “de regreso a la dirección correcta”. Entre ellos se encuentran un abogado antiaborto y una expresentadora de ESPN, la cual fue sancionada por criticar la política de la empresa que exige que los empleados se vacunen contra el COVID-19.

El gobierno de Braun ha intensificado el escrutinio de las prácticas de contratación en las universidades estatales. El fiscal general estatal de Indiana, Todd Rokita, envió cartas a la Universidad de Notre Dame, la Universidad Butler y la Universidad DePauw en las que cuestiona la legalidad de sus programas de diversidad, equidad e inclusión.

Butler, una institución privada de artes liberales en Indianápolis, fue fundada por un abolicionista en la década previa a la Guerra de Secesión, y desde el principio admitió a mujeres y estudiantes negros.

“Espero que Butler mantenga los estándares sobre los cuales fue fundada”, expresó Edyn Curry, presidenta de la Black Student Union de Butler, un organismo estudiantil que respalda a los alumnos de raza negra allí.

En Florida, la junta del sistema universitario estatal rechazó en junio al académico veterano Santa Ono para la presidencia de la Universidad de Florida, a pesar de la aprobación unánime de la propia junta directiva de la institución. Este cambio de postura sin precedentes ocurrió tras las críticas de los conservadores al apoyo previo de Ono a los programas de diversidad, equidad e inclusión.

Eso siguió a la reestructuración conservadora del New College of Florida, una pequeña universidad de artes liberales que alguna vez fue considerada la más progresista del estado. Luego de que el gobernador republicano Ron DeSantis nombrara a un grupo de conservadores para su junta directiva, muchos profesores renunciaron, incluida Amy Reid, quien ahora dirige un equipo especializado en educación superior en el PEN America, un grupo centrado en proteger la libertad de expresión.

“Cuando nuestros estudiantes comenzaron a organizarse en el New College, una de sus consignas era: ‘Tu campus es el que sigue’”, declaró Reid, quien vio cómo se canceló la financiación al programa de estudios de género que ella dirigía y que posteriormente fue eliminado. “Así que no, no nos sorprende el ver que otros estados redefinan lo que puede incluirse en una clase de educación general, porque ya hemos visto que ocurra”.

Ha habido poca resistencia a los cambios

Los cambios en varias universidades públicas avanzan sin choques como los vistos en Harvard. En un enfrentamiento que se considera una prueba para la independencia de las universidades privadas, Harvard ha interpuesto demandas contra las medidas del gobierno para recortar el financiamiento federal que le otorga y bloquear su capacidad de recibir a estudiantes internacionales.

En Iowa, las nuevas restricciones sobre la DEI entrarán en vigor en julio para las universidades comunitarias. Y la junta directiva que gobierna las tres universidades públicas del estado sopesa implementar algo similar a lo que se hizo en Idaho, donde una nueva ley impone restricciones a la obligación de que los estudiantes tomen cursos relacionados con la diversidad, equidad e inclusión para cumplir con los requisitos de graduación.

Históricamente, la junta de Iowa se ha centrado en temas generales, tales como establecer las colegiaturas y aprobar los programas de estudio. Ahora existe la sensación de que los docentes no deberían ser los únicos responsables de los asuntos académicos y de que los miembros del consejo directivo deberían desempeñar un papel más activo, reportó Joseph Yockey, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Iowa y expresidente del senado docente de Iowa.

“Lo que hemos empezado a ver más recientemente es que los miembros del consejo directivo están perdiendo la confianza”, agregó Yockey.

Una nueva ley en Ohio prohíbe los programas de DEI en las instituciones de educación superior y las universidades públicas, y también despoja al profesorado de ciertos derechos de negociación colectiva y de protección a su titularidad.

Existen pocas barreras que limiten el alcance de los cambios que las juntas de supervisión pueden realizar en las instituciones públicas, señaló Isabel McMullen, candidata a doctorado en la Universidad de Wisconsin cuya investigación se centra en la educación superior.

“Para una junta que realmente quiera causar estragos en una institución y acabar con un montón de programas diferentes, creo que, si una junta está interesada en hacer eso, no veo que haya nada que los detenga, salvo que los estudiantes y los docentes se organicen en contra de ello”, añadió McMullen.

Defensores de la libertad de cátedra ven amenazas en varios frentes

Las iniciativas a nivel estatal y federal han generado una preocupación generalizada en torno a la erosión de la independencia de las universidades respecto a la política, expuso Isaac Kamola, director del Centro para la Defensa de la Libertad de Cátedra de la Asociación Estadounidense de Profesores Universitarios.

“No sólo tienen que hacer frente a un ataque de la legislatura estatal, sino también del gobierno federal”, agregó Kamola, quien además es profesor de ciencias políticas en el Trinity College de Hartford, Connecticut.

En Texas, el gobernador republicano Greg Abbott promulgó en junio un par de proyectos de ley que imponen nuevos límites a las protestas estudiantiles y otorgan a las juntas designadas por el gobernador —que supervisan las universidades estatales— nuevos poderes para controlar los planes de estudio y eliminar programas de grado.

Cameron Samuels, director ejecutivo de Students Engaged in Advancing Texas —un grupo activista estudiantil—, denunció que los políticos del estado están tomando el control de las universidades para dictar lo que es aceptable.

“Cuando alguien controla la difusión de ideas, esa es una señal realmente peligrosa para el futuro de la democracia”, puntualizó Samuels.

Samuels, de 21 años, quien es transgénero y no binario, estudió en una universidad en Massachusetts e ingresó a Harvard para cursar un posgrado, pero cuando el gobierno de Trump comenzó a atacar a esa institución, optó por regresar a su estado natal y asistir a la Universidad de Texas en Austin.

“Yo al menos sabía qué esperar”, expresó.

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