Disney cancela ampliación de $1 mil millones del parque temático de Florida en plena guerra con DeSantis

The Walt Disney Company canceló la construcción de un complejo de oficinas de US$1 mil millones en Orlando, y advirtió que miles de millones de dólares en proyectos estaban en juego después de que el gobernador de Florida, Ron DeSantis, escaló su enemistad con la empresa.

La obra, prevista para construirse en el área de Orlando, iba a generar 2.000 puestos de trabajo en la región, y se esperaba que 1.000 empleados fueran reubicados desde el sur de California.

The New York Times, que sacó la primicia de la decisión, informó que en un correo electrónico a los empleados del 18 de mayo, el presidente de productos de consumo y parques temáticos de Disney, Josh D’Amaro, explicó que el proyecto de Lake Nona de 60 acres se canceló debido a “condiciones comerciales cambiantes”.

“Sigo siendo optimista con respecto al rumbo de nuestro negocio de Walt Disney World”, agregó, y señaló que la compañía todavía tiene planeados US$17 mil millones en proyectos durante la próxima década en su campus de Disney World. “Espero que podamos”, observó.

Durante años, los legisladores de Florida y la oficina del gobernador han disfrutado de una estrecha relación con los principales contribuyentes del estado, entre los principales empleadores del estado, lo que ha ejercido una enorme influencia política y al estado le ha generado miles de millones de dólares cada año.

Ahora, la compañía y los aliados de DeSantis se están demandando entre sí, luego de una disputa de un año por la oposición a lo que los opositores han llamado la ley “Don’t Say Gay” (No Digas Gay) que se convirtió en batallas políticas y legales que podrían afectar los negocios de la empresa en el estado.

Momentos después de que una junta designada por DeSantis votara para despojar a la compañía del control de su parque de diversiones en Florida, Disney presentó una demanda federal contra el gobernador y los funcionarios estatales alegando una “campaña dirigida de represalias del gobierno” por “expresar un punto de vista político”.

La demanda es consecuencia de la toma de control estatal por parte del gobernador del Distrito de Mejora de Reedy Creek, ahora Distrito de Supervisión de Turismo de Florida Central, formado por activistas conservadores y leales a DeSantis, una decisión que siguió a las medidas punitivas de los republicanos de Florida contra la empresa después de su oposición pública a la ley “Don’t Say Gay”.

Días después, la junta votó a favor de demandar a Disney en un tribunal estatal.

En marzo, Disney reprochó el enfoque “antiempresarial” del gobernador contra la empresa, a la que DeSantis acusó de promover “planes políticamente correctos” mientras que su administración vulnera a las personas de la comunidad LGBT+ y sus familias con leyes radicales para controlar la educación en las escuelas públicas, el acceso a la atención médica y libertad de expresión.

El gobernador disolvió un distrito municipal de décadas de antigüedad que permitía a Disney controlar su propio uso de la tierra, las reglas de zonificación y los servicios públicos, sin imponer una carga fiscal a los residentes de Florida. En efecto, Disney se impuso impuestos para pagar la factura del distrito por sus necesidades municipales.

“¿Quiere el estado que invirtamos más, empleemos a más personas y paguemos más impuestos, o no?”, dijo el director general de Disney, Bob Iger, en una conferencia telefónica con analistas la semana pasada.

Disney alegó en una declaración que la compañía decidió suspender la construcción del nuevo campus “dados los cambios considerables que han ocurrido desde el anuncio de este proyecto, incluido un nuevo liderazgo y condiciones comerciales cambiantes”.

La “Parental Rights in Education Act” (Ley de Derechos de los Padres en la Educación), la que los opositores llaman “Don’t Say Gay”, prohíbe la instrucción de “orientación sexual o identidad de género” desde jardín de infantes hasta tercer grado y cualquier discusión “que no sea apropiada para la edad o el desarrollo de los estudiantes” en otros grados. El gobernador amplió recientemente la ley para extender de manera explícita dichas restricciones a todos los grados.

Los críticos han advertido que la ley, redactada en términos generales, amenaza con acabar con la libre expresión cuando se trata de personas y temas LGBT+ en las aulas, incluidas lecciones de historia de los derechos civiles y discusiones sobre estudiantes LGBT+, personal escolar y sus familias.

Tras la aprobación de la ley de Florida, los legisladores de los EEUU y el Congreso han presentado legislaciones similares, incluidas más de dos docenas de medidas en las sesiones legislativas actuales.

_{Traducción de Michelle Padilla}