Corte Suprema permite a Trump despedir a casi 1.400 empleados del Departamento de Educación
La Corte Suprema está permitiendo que el presidente Donald Trump retome su plan para desmantelar el Departamento de Educación y proceda con el despido de casi 1.400 empleados.
Con los tres jueces liberales en desacuerdo, la Corte Suprema pausó el lunes una orden por el juez federal de distrito Myong Joun, quien emitió un mandato judicial preliminar en Boston revirtiendo los despidos y cuestionando el plan más amplio.
Los despidos "probablemente paralizarán el Departamento" de Educación, escribió Joun. Una corte de apelaciones federal se negó a suspender la orden al tiempo que el gobierno federal apelaba el mandato.
La decisión de la Corte Suprema permite al gobierno reanudar el proceso para desmantelar el Departamento de Educación, una de las mayores promesas de campaña de Trump.
La corte no explicó su decisión a favor de Trump, como es habitual en las apelaciones de emergencia.
Pero en desacuerdo, la jueza Sonia Sotomayor se quejó de que sus colegas estaban permitiendo una medida legalmente cuestionable por parte del gobierno.
"Cuando el Ejecutivo anuncia públicamente su intención de violar la ley, y luego cumple esa promesa, es deber del Poder Judicial controlar esa ilegalidad, no acelerarla", escribió Sotomayor en nombre de ella misma y las juezas Ketanji Brown Jackson y Elena Kagan.
Los empleados del Departamento de Educación que fueron objeto de los despidos han estado en licencia con goce de sueldo desde marzo, según un sindicato que representa a parte del personal de la agencia.
La orden de Joun había impedido que el Departamento los despidiera por completo, aunque a ninguno se le había permitido regresar al trabajo, según la Sección 252 del Sindicato Estadounidense de Empleados Gubernamentales (AFGE, por sus siglas en inglés). Sin la orden de Joun, los trabajadores habrían sido despedidos a principios de junio.
El Departamento de Educación había informado a principios de junio que estaba "evaluando activamente cómo reintegrar" a los empleados. Un correo electrónico del Departamento les pidió que compartieran si habían conseguido otro empleo, señalando que la solicitud tenía como objetivo "apoyar un regreso al deber fluido e informado".
El caso actual involucra dos demandas consolidadas que afirmaban que el plan de Trump equivale a un cierre ilegal del Departamento de Educación.
Una demanda fue presentada por los distritos escolares de Somerville y Easthampton en Massachusetts junto con Sindicato Estadounidense de Profesores y otros grupos educativos. La otra demanda fue presentada por una coalición de 21 fiscales generales demócratas.
Las demandas argumentaron que los despidos dejaron al Departamento de Educación sin capacidad de cumplir con las responsabilidades requeridas por el Congreso, incluidas las obligaciones de apoyar la educación especial, distribuir ayuda financiera y hacer cumplir las leyes de derechos civiles.
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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.