Abogados denuncian difícil acceso al "Alcatraz de los caimanes" al tiempo que jueza evalúa caso

Abogados de los detenidos en un centro de detención de inmigrantes administrado por el estado en los Everglades de Florida, conocido como “Alcatraz de los caimanes”, afirmaron el jueves que todavía enfrentan obstáculos para acceder a sus clientes, pese a que las autoridades estatales afirman que esas barreras han sido eliminadas.

Dos abogados presentaron declaraciones ante una corte federal en Fort Myers, Florida, en las que indicaron que sus clientes no pudieron llamarlos usando los celulares del personal, y que los abogados no pudieron realizar visitas sin previo aviso al centro.

Durante una audiencia sobre si los detenidos en el centro estaban recibiendo un acceso adecuado a sus representantes legales, un contratista del estado testificó a finales del mes pasado que ambas opciones estaban disponibles para los detenidos y los abogados.

La jueza federal de distrito Sheri Polster Chappell aún no ha resuelto si conceder la solicitud de los detenidos para que tengan el mismo acceso a sus abogados que el que tienen los presos en centros de detención administrados por el gobierno federal.

El Departamento de Gestión de Emergencias de Florida, la agencia estatal que supervisa el centro de detención, no respondió a una consulta enviada por correo electrónico el jueves. La administración del gobernador republicano Ron DeSantis construyó el centro de los Everglades el verano pasado en una pista de aterrizaje remota para respaldar las políticas migratorias del presidente Donald Trump. Florida también ha construido un segundo centro de detención de inmigración en el norte del estado.

La demanda de los exdetenidos de los Everglades sostiene que se violaron sus derechos amparados por la Primera Enmienda. Señalan que sus abogados deben pedir una cita con tres días de anticipación para visitarlos, a diferencia de otros centros de detención de inmigración donde los abogados pueden simplemente presentarse durante el horario de visitas; que con frecuencia los detenidos son trasladados a otros centros antes de las citas programadas por sus abogados para verlos; y que los retrasos en la programación han sido tan prolongados que los detenidos no pudieron reunirse con abogados antes de plazos clave.

Funcionarios estatales que figuran como demandados en la demanda han negado que se haya restringido el acceso de los detenidos a sus abogados y citaron razones de seguridad y de personal para explicar cualquier dificultad. Funcionarios federales, que también son demandados, negaron que se hayan vulnerado los derechos de los detenidos bajo la Primera Enmienda.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.