Congreso argentino inicia trámite contra la Corte Suprema

Una comisión del Congreso argentino empezó a debatir el jueves más de una docena de proyectos de juicio político contra los miembros de la Corte Suprema de Justicia impulsados en su mayoría por el partido gobernante.

Si bien el oficialismo no contaría en principio con los votos suficientes para la remoción de los magistrados, el trámite profundiza la grieta con el máximo tribunal tras una serie de fallos contra el gobierno de Alberto Fernández.

La Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados inició el tratamiento de 14 iniciativas que buscan la remoción de los jueces Horacio Rosatti -presidente del máximo tribunal-, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti.

Uno de los pedidos fue impulsado por el propio presidente con el apoyo de 11 gobernadores oficialistas luego de un reciente fallo del máximo tribunal que obligó al Estado nacional a pagarle a la Ciudad de Buenos Aires el 2,95% del monto total recaudado por impuestos -que se distribuye entre las 23 provincias y la capital-, frente al 2,32% que recibía.

Si bien aceptó acatar el fallo, el mandatario lo calificó como una muestra de parcialidad del tribunal en favor del gobierno capitalino liderado por Horacio Rodríguez Larreta, uno de los principales dirigentes de la oposición y con aspiraciones presidenciales en los comicios generales de octubre.

El gobierno también acusó a la Corte de haber interferido en la composición del Consejo de la Magistratura -que se ocupa de la selección y remoción de los jueces- para beneficiar a la mayor fuerza opositora.

“Nosotros realmente creemos que estamos ante una situación de gravedad institucional extrema y no lo decimos porque sí, estamos ante una crisis en la justicia argentina de la cual hay realmente sospechas gravísimas”, alertó el diputado Germán Martínez, líder del bloque oficialista en la cámara baja.

Juntos por el Cambio, la principal fuerza opositora, adelantó que no acompañará la iniciativa, a la que considera un intento de avasallamiento institucional con el objetivo de blindar a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, condenada a fines de 2022 a seis años de cárcel e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por defraudación al Estado durante sus dos mandatos como presidenta (2007-2015).

El fallo puede ser apelado hasta llegar a la Corte Suprema. La vicepresidenta enfrenta otras causas judiciales por presunta corrupción y enriquecimiento ilícito.

“Llamémosla ‘circo político’ o como quieran, pero es una Comisión (la de Juicio Político) que se reunió después de que el presidente y la vicepresidenta de la nación intentaron incumplir dos fallos de la Corte Suprema de Justicia”, advirtió el opositor Juan Manuel López.

El análisis de los distintos pedidos llevará un par de semanas en la comisión y luego se emitirá un dictamen. El oficialismo cuenta en esta instancia con suficientes votos para abrir una investigación a los magistrados, pero no así para concretar su destitución en el Congreso.