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Tribunal de Perú ordena suspender investigaciones contra presidenta Boluarte hasta fin de su gestión

AP Noticias
Martes, 19 de agosto de 2025 17:28 EDT
PERÚ-BOLUARTE TRIBUNAL
PERÚ-BOLUARTE TRIBUNAL (AP)

El Tribunal Constitucional de Perú ordenó el martes detener todas las investigaciones abiertas contra la presidenta Dina Boluarte hasta que culmine su gobierno el 28 de julio de 2026, cuando entregará el poder al ganador de las elecciones previstas en abril del próximo año.

De acuerdo con la resolución publicada en su sitio de internet, el tribunal indicó que las investigaciones suspendidas “continuarán su trámite al concluir con el ejercicio del cargo presidencial”. La decisión se tomó luego que la defensa de Boluarte argumentó que no es posible investigarla durante su gestión por delitos diferentes a los establecidos en el artículo 117 de la Constitución.

Según este artículo, un mandatario únicamente puede ser acusado durante su gestión por los siguientes delitos: traición a la patria, impedir las elecciones de autoridades, disolver el Congreso e impedir el funcionamiento del Congreso o del Tribunal Electoral.

La fiscalía abrió ocho investigaciones preliminares a la presidenta, ninguna relacionada con lo que contempla el artículo mencionado. Entre ellas hay una por su presunta responsabilidad en las muertes de civiles durante las protestas que exigían su renuncia al inicio de su mandato en 2022 y por usar relojes de lujo donados por un gobernador que habría sido favorecido.

La decisión judicial es inapelable; ni Boluarte ni la oposición se han pronunciado al respecto.

El tribunal indicó que, en adelante, contra un presidente en ejercicio la fiscalía solamente puede tomarle declaraciones en el palacio presidencial, solicitar pedidos de información, pedir entrega de pruebas documentales y luego suspender las investigaciones hasta el fin de su gobierno.

Además, indicó en su resolución que un presidente de Perú podrá ser procesado penalmente una vez que la fiscalía denuncie al mandatario ante el Congreso y que este poder legislativo emita una resolución acusatoria de contenido penal.

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