Tribunal de Paz y artistas colombianos rechazan recorte de fondos impulsado por De la Espriella

El Tribunal de Paz de Colombia y el gremio de los artistas rechazaron el lunes de manera paralela el recorte de fondos a esas instituciones que impulsa el presidente conservador Abelardo de la Espriella, quien ha prometido un gobierno austero.

El Congreso está debatiendo cómo se distribuirá el presupuesto general estatal para 2027 propuesto por el gobierno de De la Espriella que incluye recortes para el tribunal y el Ministerio de las Culturas, entre otros.

“Es asfixia”: reclama el tribunal

Alejandro Ramelli, presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), como se denomina el tribunal, dijo a la prensa que el gobierno pretende desfinanciarlo para dejarlo inoperante en la práctica.

“Claro que hay una desfinanciación, claro que hay una asfixia... quieren dejar un cascarón vacío, que no funcione para nada", advirtió Ramelli.

La JEP juzga los crímenes de guerra y lesa humanidad cometidos en cinco décadas de conflicto interno con la guerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), disuelta hace una década tras firmar un acuerdo de paz. También juzga a exmilitares y civiles que cometieron crímenes.

De la Espriella, quien dijo durante la campaña que haría todo lo que estuviera a su alcance para desmontar el tribunal, apoya una iniciativa de un congresista oficialista para quitarle 100.000 millones de pesos (31,6 millones de dólares) y trasladarlos a la justicia ordinaria alegando que el tribunal tiene suficiente presupuesto para operar por lo que considera un acto de “responsabilidad fiscal” la transferencia.

El presidente del tribunal advirtió que con esta medida Colombia “desconoce un acuerdo internacional” con la Corte Penal Internacional con la que se comprometió a no cerrar la JEP, no modificarla, ni desfinanciarla.

“No es un problema sólo económico... nosotros seguiremos trabajando con lo que tengamos, pero no vamos a poder seguir dando resultados, eso va a ser imposible y sería un grave error histórico”, aseguró Ramelli al sostener que se afectaría el derecho de las víctimas a la justicia.

El presidente del tribunal resaltó los resultados de la JEP, incluida la imputación el lunes a cinco excomandantes guerrilleros acusados de abuso sexual y violencia de género, así como el cumplimiento de sanciones restaurativas —que incluyen buscar desaparecidos— con las que fueron sentenciados los miembros de la última cúpula de las FARC por miles de secuestros.

Las sanciones, en su mayoría, no implican la cárcel sino la participación de los condenados en proyectos que buscan reparar el daño causado, lo que para algunos sectores críticos es sinónimo de impunidad.

“Se precariza la cultura”, advierten artistas

También el lunes cerca de 250 artistas protestaron en Bogotá frente a las instalaciones del Ministerio de las Culturas por considerar que el gobierno los está desfinanciando.

Duvan Prado, un actor de 36 años, dijo a The Associated Press que los artistas exigen que se instale una mesa de diálogo para discutir con el gobierno las “decisiones arbitrarias” que “precarizan la cultura”.

“Bajar el presupuesto en más del 30% es directamente afectar los procesos que se han venido desarrollando... por más de 27 años, eliminando el Programa Nacional de Estímulos, además de los reconocimientos y premios que se daban a artistas”, explicó Prado, quien considera que los ha afectado el “desorden administrativo” que venía desde el gobierno anterior.

La ministra del área, Paola Holguín, dijo que el país enfrenta restricciones fiscales por lo que defendió el recorte de presupuesto e indicó que hay un “rezago” de pagos pendientes que agrava la situación.

Yasmín Piedrahíta, una gestora cultural que participó en la protesta, advirtió que el actual gobierno pretende “acabar con el Ministerio de Cultura y disolverlo en otros tantos ministerios más”, como parte de su plan de austeridad.