Tribunal de Paz de Colombia emite primera sentencia contra cúpula ex FARC por miles de secuestros
El Tribunal de Paz de Colombia emitió el martes su primera sentencia contra la última cúpula de la antigua guerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia por los secuestros de más de 21.000 personas durante el conflicto armado que se extendió por cinco décadas en el país sudamericano.
Los sentenciados fueron Rodrigo Londoño Echeverri, actual presidente del partido de los Comunes conformado por los exrebeldes; los congresistas Julián Gallo Cubillos y Pablo Catatumbo, y otros exjefes como Pastor Lisandro Alape, Milton de Jesús Toncel, Jaime Alberto Parra y Rodrigo Granda Escobar.
Se trata de la primera sentencia que emite la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) —creada por el histórico acuerdo de paz firmado en 2016 entre el Estado y las FARC— después de siete años de investigaciones sobre crímenes de guerra y de lesa humanidad.
La sentencia impone sanciones que no implican la privación de la libertad, pero los condenados tendrán durante ocho años —la máxima que da el tribunal— restricciones a sus derechos de movilidad y trabajarán en proyectos para reparar el daño causado a las víctimas. Esto es parte de los beneficios que recibieron a cambio de abandonar las armas y aceptar sus crímenes.
Los sentenciados deberán trabajar en proyectos para buscar desaparecidos, que incluyen la sistematización de datos y la entrega de coordenadas de los sitios donde podrían estar los cuerpos; también recolectarán información sobre las zonas donde aún hay minas antipersonales que instalaron cuando estaban en armas y organizarán eventos para pedir perdón y mantener viva la memoria de las víctimas de secuestro.
“Nunca antes había ocurrido en Colombia que los máximos responsables reconocieran públicamente sus crímenes ante la justicia y las víctimas. Hoy damos un paso histórico hacia la verdad y la reparación”, aseguró a la prensa el presidente de la JEP, Alejandro Ramelli Arteaga.
El cumplimiento de la sanción será monitoreado por el tribunal y la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia con visitas y supervisión en tiempo real con dispositivos electrónicos.
El maltrato en cautiverio
Los antiguos máximos jefes de la guerrilla admitieron su responsabilidad en la implementación de una política para secuestrar civiles, políticos, militares y policías y someterlos a tratos crueles durante el cautiverio que, en algunos casos, incluyeron violencia sexual.
El secuestro es uno de los crímenes más repudiados por la sociedad colombiana, que vio en cadenas nacionales de televisión pruebas de supervivencia en las que los rebeldes mantenían encadenadas a sus víctimas o encerradas en jaulas con alambres de púas en medio de la inhóspita selva.
“El uso de estas jaulas fue deliberado y excedió la necesidad de prevenir fugas: se convirtió en un método sistemático de maltrato que violó la dignidad humana”, indicó el tribunal en el comunicado sobre la sentencia. “Las víctimas debían orinar y defecar en el mismo lugar de encierro o en recipientes inadecuados, bajo la vigilancia de los guerrilleros”, agregó.
Según el tribunal, las extintas FARC secuestraban civiles para financiar sus operaciones a través del pago de extorsiones, como para forzar el intercambio de guerrilleros presos, especialmente presionando con figuras de perfil político y ejercer control sobre la población, sobre todo la de zonas con baja o nula presencia estatal.
Algunas víctimas de secuestro fueron rescatadas, mientras otras fueron asesinadas o permanecen desaparecidas. El rescate más emblemático fue la Operación Jaque en 2008 en la que el ejército engañó a las FARC con una operación humanitaria ficticia y rescató a 14 personas, incluida la candidata presidencial Íngrid Betancourt y tres ciudadanos estadounidenses que trabajaban en una empresa privada de defensa militar.
“Había cadenas livianas para aquellos que querían premiar y había cadenas muy pesadas para las mujeres y en particular para mí. Yo todavía guardo las marcas de las cadenas del cuello. Había un guerrillero muy particular que se había ensañado contra mí y que me apretaba tanto la cadena que yo no podía pasar saliva”, relató Betancourt, según el expediente en manos de la JEP.
Las ex FARC reconocieron por primera vez su responsabilidad por el secuestro en septiembre de 2019 y dos años después aceptaron la imputación por ese delito.
La JEP juzga a más de 14.000 personas involucradas en el conflicto armado. El 70% de ellos son exguerrilleros, el 29% exmiembros de la fuerza pública y el restante son civiles.
El sistema de justicia especial ha sido resaltado por la comunidad internacional como un hito en la búsqueda de la paz en Colombia, pero criticado por algunos sectores internamente como una forma de “impunidad” al no implicar años de cárcel para quienes confiesan sus crímenes.
La JEP permitirá que los sentenciados continúen participando en política, lo que incluye al partido y su presencia en el Congreso, ya que —aseguró— las sanciones son compatibles con ese rol en una democracia.
Tras la sentencia, los ex FARC serán notificados y se alistarán para iniciar el cumplimiento de las sanciones.