Declaran Tren Maya como asunto de seguridad nacional para “brincar” amparos

El poder judicial ya ha revocado antes el intento de la administración de Andrés Manuel López Obrador de usar la figura de “seguridad nacional” para evadir los amparos

Greenpeace protesta en Riviera mexicana por obras de construcción de Tren Maya no autorizadas

El lunes 18 de julio se dio a conocer a través de diferentes organizaciones de la sociedad civil que las obras del Tren Maya se habían reiniciado, a pesar existir una orden de suspensión por parte de un juez. Poco después el gobierno mexicano dijo que la obra, que se ha dicho daña de forma severa el hábitat de la región, fue declarada asunto de seguridad nacional.

“Pues ya se decidió que es un asunto de seguridad nacional y que no por los intereses de un grupo de corruptos y de pseudoambientalistas vamos a detener una obra que es en beneficio del pueblo, y que además ya el tiempo que llevaba parada estaba significando un alto costo al presupuesto que es dinero del pueblo, nada más por intereses políticos de estos conservadores corruptos”, expresó Andrés Manuel López Obrador.

En particular, el tramo 5 del Tren Maya, que va de Playa del Carmen a Tulum, es el que ha enfrentado mayor resistencia por parte de los ambientalistas por atravesar zonas de selva virgen y ocasionar disturbios en las cuencas subterráneas de agua, que albergan ecosistemas enteros y abastecen de líquido a gran parte de la región.

“Los interesados son la Secretaría de Seguridad Pública y de Gobernación, ellos determinaron que la obra se inicie nuevamente. Con eso no se violenta ningún amparo ya que el Fondo no intervino”, declaró a medios de comunicación Javier May, titular de Fonatur, dependencia a cargo de la obra.

A pregunta expresa del programa de radio Así las cosas, Fernando Vázquez, vocero de Fonatur, dijo que se trata de una facultad del Ejecutivo federal y que, por consiguiente, a partir de este momento no puede proceder ningún amparo o litigio contra la obra. Sin embargo, los juristas aseguran que ningún decreto presidencial ni lo establecido en un Consejo de Seguridad están por encima de lo dictado por un juez, por lo que los dos amparos hoy vigentes se deben resolver antes de violar la suspensión de las obras.

“Mientras exista una suspensión decretada, y no se haya dejado sin efectos, las autoridades están obligadas a respetarla. El argumento de la seguridad nacional no se puede utilizar para dejar de cumplir esa suspensión”, coincidió el abogado Mario de la Garza, consultado por Animal Político.

Hasta el momento no se conoce un acta o documento en el que se pueda leer la determinación de conceder a las obras del Tren Maya el nivel de seguridad nacional pues, según se argumenta, todo lo que se genera en el Consejo de Seguridad es de caracter reservado.

Las obras del tramo 5 fueron suspendidas en primer lugar al inciar sin una MIA (Manifestación de Impacto Ambiental) que se entregó después y en la que el gobierno federal acepta que hay daños severos a flora, fauna, cenotes, ríos subterráneos, el sistema de cuevas y los ríos.

La última vez que el gobierno mexicano intentó usar la figura de “seguridad nacional” para no hacer frente a los amparos y litigios civiles fue cuando los padres de familia buscaron vacunar a los menores de 11 años con una orden del juez. Cuando se conoció que la estrategia de vacunación se había declarado asunto de seguridad nacional, la revisión del órgano colegiado determinó que no era procedente. Lo mismo podría suceder ahora con el Tren Maya.

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